por Mariana Escalada & Agustin Ronconi
Mientras un legislador denuncia al presidente por Traición a la Patria, desde El Disenso te mostramos quienes son los beneficiarios directos del desmantelamiento del servicio de control del SENASA que le permitirá a las aceiteras el ahorro de $1152 millones. El legislador también denunció a un alto directivo del organismo por usurpación de cargo.
El diputado santafesino Carlos Del Frade radicó hoy dos denuncias en los Tribunales Federales de Rosario. Se trata de dos causas independientes, por un lado se cuestiona el desmantelamiento de los servicios de control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y por otro el desempeño ilegítimo de un cargo por parte de un alto funcionario del SENASA.
Traición a la Patria
El 20 de enero de 2017, la Dirección de Certificación Fitosanitaria de SENASA, mediante el MEMORANDO DCF N° 32/2017 con Referencia: “Notificación sobre modificación de la Resolución SENASA N° 260-14” informó:
“A las Oficinas certificantes que, como resultado de una reunión mantenida en Presidencia de la Nación con funcionarios del Ministerio de Agroindustria, SENASA y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), se acordó modificar la Resolución SENASA N° 260/2014. La modificación de dicha resolución, excluye a los Aceites, Harinas y Subproductos de la intervención obligatoria de SENASA, salvo que el país de destino lo requiera. Atento a ello, se informa que a partir del lunes 23 de Enero se deja de intervenir obligatoriamente en estos productos”.
El Memorando fue firmado por el ingeniero Agustín Martín Delucis, Coordinador General de la Dirección de Certificación Fitosanitaria del SENASA mientras que la Resolución SENASA 37/2017 fue publicada en el Boletín Oficial el día 30/01/2017, es decir, 10 días después de la fecha en la que se distribuyó el Memorando. Esto significa que la Resolución N° 260/14, declarada de Interés Nacional y de Orden Público por Ley Nacional N° 27.233, fue modificada en su artículo 1 por un acto administrativo sin valor legal como es una reunión en Casa Rosada entre el Presidente Macri y los representantes de la Cámara Aceitera, las beneficiarias directas de esta medida.
Otro de los beneficiarios directos de la medida es el holding de la familia Macri, dado que Franco es el propietario de Yuto S.A., el complejo agroindustrial de 20 mil hectáreas en Salta que se dedica a la producción de soja. En 2004 el padre del presidente se asoció al empresario chino Shi ke Rong, dueño de la empresa Sanhe Hopefull Grain and Oil, el principal productor de aceite de soja de China, y juntos constituyeron Shima SA (Shi ke Rong- Macri) con la idea de explotar el ferrocarril Belgrano Cargas a fin de ahorrar 3000km de flete y contar con salidas directas al mar luego de pasar por 13 provincias sojeras cargando sus productos. El costo total de este emprendimiento será de U$s 10 mil millones de dolares y fue anunciado por Casa Rosada y expuesto desde El Disenso el pasado 22 de Mayo en la investigación “Macri hijo firmó un acuerdo por más de 4 mil millones de dolares con una empresa representada por Macri padre“.
En diálogo exclusivo con El Disenso el legislador explicó que se solicitó la suspensión de la Resolución 37/2017 de manera cautelar. “En una reunión de la Cámara de Exportadores de Oleaginosas, Macri se comprometió a desarticular los controles del SENASA para agilizar las tratativas para la exportación/importación, beneficiándolos y dejando al pueblo argentino sin saber que entra y sale en la bodega de los buques“. Esta decisión va en contra de la independencia y la integridad de la Nación, tal como lo dice el artículo 215 del Código Penal, y configuraría el delito de Traición a la Patria.
Según un informe del Indep, el total recaudado por el SENASA por la inspección de mercadería asciende a poco más de $1.152 millones, a lo que debemos sumarle la inspección de bodegas y tanques estimado en aproximadamente $58 millones. Esta transferencia de renta directamente a las cerealeras se suma a los 16 mil millones de dólares correspondientes a la quita de retenciones.
La eliminación de controles y emisión de certificados en el punto de embarque implica una vulneración de la trazabilidad de los productos de origen vegetal exportados por nuestro país. Si a esto le sumamos la eliminación de los controles a las bodegas de los barcos cargueros, esta decisión está poniendo en serio riesgo la salubridad de nuestro país, pues de ingresar plagas y enfermedades exóticas se pondría en peligro tanto a la producción vegetal y animal como a la salud humana.
Usurpación de Cargo
Del Frade también presentó una segunda denuncia por la supuesta comisión del delito de nombramiento ilegal contra Mauricio Macri, Marcos Peña, Ricardo Buryaile, Jorge Dillon y Cristian Oscar Cunha, a quien el legislador pide se lo investigue además por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y delitos del orden penal económico.
De acuerdo a su presentación, Cristian Oscar Cunha fue nombrado como Coordinador Regional de Puertos, Aeropuertos, Aduanas Secas y Pasos Fronterizos, dependiente de la Dirección de Centro Regional Santa Fe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– conforme la Decisión Administrativa Nro. 277/2017, publicada en el Boletín Oficial del día 02/05/2017, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Marcos Peña y el Ministro de Agroindustria C.P. Ricardo Buryaile. El detalle es que Cunha desempeñaba “de hecho” el cargo desde agosto de 2016, fecha en que ingresó al SENASA y se puso al frente de una oficina creada por Resolución del SENASA Nro. 429/2016 desde donde desempeñó un cargo en el que nunca fue nombrado, firmando actas asistiendo a actos oficiales e incluso acompañando al Presidente de la Nación.
