El rechazo a la normativa queda patente en las múltiples manifestaciones organizadas en su contra y en las críticas del representante de asuntos de privacidad de la ONU, entre otros.
Japón aprobó este jueves definitivamente una polémica ley “anti-conspiración” que criminaliza la planificación de crímenes con el objetivo de prevenir el terrorismo, y que según sus críticos apuntan que restringe libertades básicas y podría conducir a una vigilancia estatal excesiva. La normativa tiró para adelante a pesar de las críticas de la ONU sobre la vulneración del derecho de la privacidad y la libertad de expresión que supone.
La Cámara Alta del Parlamento nipón aprobó la enmienda de la ley sobre delincuencia organizada que por primera vez penalizará la conspiración criminal, que se define como una organización o grupo de personas destinado a cometer algún delito (de un total de 277 tipificados), o que estén realizando preparativos para ello.
El órgano legislativo, en el que la coalición gobernante liderada por el primer ministro Shinzo Abe cuenta con mayoría, promulgó la normativa con el rechazo de la oposición tras deliberar toda la noche y eludir la víspera una votación del comité de la Cámara Alta.
Esto permitirá al Gobierno evitar una extensión de la actual sesión parlamentaria, que finalizará el domingo, en un momento de intenso escrutinio del Ejecutivo de Abe por su supuesta implicación en la aprobación arbitraria en un proyecto universitario.
El Gobierno defiende la ley “anti-conspiración” como una herramienta para prevenir el terrorismo sobre todo de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para permitir que Japón ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada en el año 2000. Tres proyectos similares fueron frenados anteriormente.
Los críticos de la legislación, entre ellos expertos legales como la Federación de abogados de Japón (JFBA), advierten de que la amplitud del ámbito de la legislación puede conducir a una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, o a una vigilancia excesiva de agrupaciones civiles como sindicatos u ONGs.
Una parte de la sociedad nipona también se muestra contraria a la ley, un rechazo que queda patente en las múltiples manifestaciones organizadas en su contra, la más reciente el miércoles, cuando los manifestantes se concentraron frente a la Dieta (Parlamento).
La ONG Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por la normativa, y el relator especial sobre privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, advirtió en una carta remitida al primer ministro el mes pasado que podría afectar al derecho a la privacidad y otras libertades, unas preocupaciones que han sido públicamente rechazas por el Gobierno de Abe.