Las empresas transnacionales (ETN) estadounidenses enfocadas en la tecnología de punta representan ahora cinco de las siete empresas más grandes del mundo, con dominio de la información (Google, en segundo lugar), medios (Facebook, en séptimo lugar), venta al por menor (Amazon, en sexto lugar) y tecnología (Apple, en primer lugar y Microsoft, en tercer lugar.)
Una de las mejores inversiones que puede hacer una de estas empresas es cambiar las normas bajo las cuales opera, de modo de extraer más ganancias de la economía mundial y a la vez evitar que sus competidores tengan igualdad de condiciones. Hace mucho tiempo usan los tratados de libre comercio para imponer normas que favorecen su «derecho» a obtener ganancias y a la vez limitan la capacidad de los gobiernos para reglamentarlas en interés del público, a menudo de manera tal que es imposible que avancen a través de canales democráticos normales.
Quizás oyeron hablar del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), un tratado comercial que negoció el gobierno de Obama y que se firmó en 2016, pero que nunca tuvo suficiente apoyo del Congreso como para someterse a voto. El TPP fue el primer acuerdo «comercial» que incluyó fuertes normas vinculantes, llamadas las normas del siglo XXI, en lo relativo a un paquete de asuntos digitales bajo el título de «comercio electrónico». Si bien esta etiqueta hace pensar en una gran forma de promover la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para aumentar sus ventas por Internet, en la práctica hubiera restringido el derecho de los países a reglamentar en áreas tales como la privacidad de datos y la protección de los consumidores, las transferencias de datos transfronterizos, la neutralidad de la red, y otros asuntos relacionados con la gobernanza de Internet (junto con políticas de competencia, propiedad intelectual y muchos otros temas). Dado a que existen distintos foros, desde el Foro para la Gobernanza de Internet a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en los cuales las empresas, gobiernos, ingenieros y expertos de la sociedad civil tratan desde hace tiempo los temas relacionados con la web en un formato de varias partes interesadas, el intento de incursión del TPP en estas áreas facilita que las empresas se eviten los principios de democracia y buena gobernanza. Como no es de extrañar, esto fue criticado por muchos grupos tales como la Open Digital Trade Network.
Trump abandonó el cadáver aún caliente del TPP, pero se han revelado disposiciones prácticamente idénticas en el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA). El TiSA pretende imponer la desreglamentación y privatización tal como la conciben las grandes empresas de tecnología, finanzas, logística y de venta al por menor para los 50 países participantes. Aunque poco conocido, el principal obstáculo que evitó que los negociadores concluyeran las negociaciones del TiSA durante la vigesimosegunda ronda en diciembre de 2016 fue una gran lucha entre la UE y Estados Unidos por la privacidad de la información contra el deseo de las empresas de adquirir nuevos «derechos» para transmitir datos por todo el mundo y obtener ganancias de su uso sin restricciones. (La UE tiene un fuerte sistema de derechos en materia de la protección de datos y privacidad, mientras que la política oficial de Estados Unidos favorece los deseos de Google, Amazon y otras empresas por encima de las protecciones a los consumidores). Desafortunadamente, Trump no abandonó el TiSA y en realidad parece listo para reiniciar el tratado. Esto no debería sorprender a nadie que haya notado la adquisición gradual del ala de Goldman Sachs en el gobierno. (He escrito bastante sobre el TiSA, como por ejemplo, aquí, aquí, y aquí, y por qué es una amenaza para los empleos y las bases de Trump aquí.)
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, también argumentó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debería incluir una actualización en materia de las normas sobre comercio electrónico del TPP y Trump mismo ha mencionado su deseo de «derribar las barreras del comercio» para las empresas gigantes de tecnología que cada vez tienen más su atención.
Resulta que las empresas detrás de la promoción de las normas de comercio electrónico están buscando un foro de conveniencia y llevar su lista de deseos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que publicó orientaciones políticas sobre una variedad de temas relacionados; y al G20, que acaba de publicar su Declaración ministerial sobre la economía digital [PDF]. Sin embargo, los acuerdos entre los miembros de estas instituciones no son vinculantes para los gobiernos. Para obtener normas en materia de comercio electrónico que sean de cumplimiento obligatorio, las empresas se dirigen a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde julio de 2016, el comercio electrónico es el tema principal que impulsan los países desarrollados en las negociaciones de la OMC. Si las discusiones tienen como resultado un mandato de negociación, las nuevas normas someterían a los ciudadanos de los 164 países miembro de la OMC a implicancias de gran alcance, con el potencial de impedir el desarrollo, destruir fuentes de empleo y modificar al mundo.
Los países en desarrollo, que constituyen la gran mayoría de los miembros de la OMC, han exigido desde su creación en 1995 una serie de cambios en las normas actuales de la OMC ya que se dieron cuenta de que las normas existentes se encontraban en las antípodas de su desarrollo. En la Ronda de Doha se incorporó una serie de 100 propuestas (la mayoría de las cuales tienen como fin eliminar las normas de la OMC que limitan el uso de estrategias de desarrollo). La Ronda fue luego denominada como la Agenda de Desarrollo de Doha, en un esfuerzo para convencer a los países en desarrollo de que esta ronda de negociaciones se centraría en ayudarlos a usar el comercio para el desarrollo. Las normas más flagrantes y que deben transformarse inmediatamente son las relativas a la agricultura, que permiten a los países ricos subsidiar a los productores y exportar productos subsidiados en detrimento de los agricultores de los países en desarrollo, a los que no se les permite recibir subsidios del gobierno ni siquiera para la producción destinada al mercado nacional.
Desafortunadamente, desde entonces, las propuestas de los países en desarrollo son pocas veces analizadas, mientras que los países ricos impusieron una agenda diferente de mayor liberalización, más derechos para las empresas y menos oportunidades para que los países usen las mismas políticas que usaron los países ricos para su desarrollo.
Los países industrializados ahora enfrentan distintas crisis debido a los impactos negativos de 20 años de tratados comerciales que destruyeron las fuentes de empleo. Sin embargo, los negociadores en materia de comercio presionan para consolidar un conjunto de normas que van mucho más allá de la venta al por menor por Internet, y que deben entenderse como un esfuerzo para modificar toda la economía digital del futuro a beneficio de las empresas.
En la OMC se han circulado cerca de doce propuestas, muchas con disposiciones que se superponen, diseñadas en torno a una economía mundial, digital y sin fronteras en la que las principales empresas financieras, de tecnología, logística y otras pueden trasladar en términos de tiempo y espacio mano de obra, capital, insumos y datos sin límites y abrir nuevos mercados a la vez que limita las obligaciones de las empresas para garantizar que los trabajadores, comunidades o países se beneficien con sus actividades.
Los propulsores esconden sus propuestas en el caballo de Troya de la necesidad de «impulsar el desarrollo a través del poder de las pequeñas y medianas empresas (PyME) mediante el comercio electrónico». Por supuesto, el comercio electrónico puede ser un agente para la creación de empleo y desarrollo y definitivamente tiene el potencial de expandir la innovación, aumentar las opciones para los consumidores, conectar a los productores con consumidores lejanos y aumentar la conectividad a nivel mundial. Pero esto no es lo mismo que tener normas internacionales vinculantes redactadas por Google para su propio beneficio.
Recientemente asistí a un foro sobre comercio electrónico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que tuvo gran asistencia de representantes de empresas que se hicieron pasar por expertos en asuntos de desarrollo. El «comercio electrónico», concebido para facilitar que más ciudadanos tengan acceso a Internet o ayudar a mujeres de Bangladesh a vender productos caseros directamente a los consumidores del Reino Unido, no solo se promovió como la solución milagrosa para cada desafío que existe en términos del desarrollo, sino que también se combinó con normas vinculantes en el marco de la OMC sobre «comercio electrónico» entre las cuales se incluye darle a las ETN extranjeras acceso ilimitado a los mercados nacionales de acuerdo con sus propias normas. Pero es muy poco probable que las PyME puedan competir con ETN gigantes que gozan de los beneficios de su magnitud, subsidios históricos, avances tecnológicos, una infraestructura fuerte apoyada por los estados y un sistema de normas comerciales redactadas por sus propios abogados. El comercio electrónico en el marco de la OMC es una estrategia de «enganche y engaño».
Para aquellos de ustedes que estén preocupados por los empleos, las condiciones laborales dignas, el ambiente que compartimos, el desarrollo, la desigualdad y el interés público, a continuación podrán encontrar 12 razones por las cuales debemos oponernos a las nuevas negociaciones de normas sobre «comercio electrónico» en el marco la OMC.[1]
1. Las negociaciones sobre comercio electrónico hacen a un lado la agenda de desarrollo que podría reducir drásticamente la pobreza. Millones de personas empobrecidas, incluso agricultores, podrían ver mejoras en sus vidas si se realizan cambios en las normas existentes sobre agricultura en el marco de la OMC, sobre lo cual escribí aquí y aquí. La red internacional Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS) promueve desde hace tiempo una agenda para Darle la vuelta (que cuenta con la adhesión de cientos de grupos de la sociedad civil) a través de varios reclamos similares. Pero esta agenda ha recibido escasa atención, mientras que todos los ojos se centran en el comercio electrónico en el marco de la OMC este año. De hecho, los países desarrollados probablemente exijan dar inicio a las negociaciones sobre comercio electrónico como «pago» por acordar cumplir con promesas con las que no han podido cumplir desde 2011, cuando se dio inicio a la llamada Ronda de Desarrollo.
2. Las propuestas en materia de comercio electrónico implican potestad reglamentaria. Las empresas estadounidenses pretenden reescribir la normativa mundial con el objetivo de fijar su dominio actual en el área. A pesar de la supremacía casi total en el área de la tecnología de punta, aspiran a socavar el resurgimiento de China como actor mundial, ya que el país está invirtiendo miles de millones para el desarrollo de los sectores de tecnología de punta en el marco de su plan «Hecho en China 2025». Las empresas estadounidenses también pretenden dejar por fuera a otros posibles competidores futuros. Por lo tanto, se presiona a los 164 miembros de la OMC a negociar los asuntos antes de que la mayoría comprenda plenamente las posibles consecuencias. Los países en desarrollo a menudo carecen de experiencia en lo relativo a varias de las tecnologías bajo análisis, por lo que no saben cuál es la «mejor práctica» respecto de una amplia gama de actividades. Incluso el «Informe de Desarrollo Mundial 2016: Dividendos Digitales» [2] del Banco Mundial observó que los beneficios en términos de desarrollo de las tecnologías digitales se quedan atrás respecto de su rápida propagación y que pocos países en desarrollo cuentan con el acceso a banda ancha necesario y otros tipos de infraestructura, marcos reglamentarios, capital humano e instituciones confiables como para cosechar los beneficios. Varios informes publicados recientemente por la UNCTAD demuestran que la mayoría de los países en desarrollo no tienen una estructura legal adecuada en términos del comercio digital, la gobernanza de internet o la seguridad cibernética. Incluso las normas de Estados Unidos y la UE sobre muchos de estos asuntos aún tienen que madurar. Los beneficios de la digitalización podrían ser enormes para todos, pero no si las normas se inclinan hacia el lado de los poderosos. Es por esto que el Grupo África de la OMC se opuso al establecimiento de un mandato sobre normas de comercio electrónico [3] en octubre. Es una locura, desde el punto de vista del desarrollo, crear tratados legales internacionales aplicables y vinculantes sobre áreas emergentes increíblemente dinámicas de la economía de la transformación tecnológica.
3. Las propuestas en materia de «comercio electrónico» diezmarían las fuentes de empleo. Las tecnologías detrás de la «cuarta revolución industrial» pretenden desestabilizar los mercados laborales, ya que la flexibilidad es clave para la «innovación» Los empleos con buenos salarios y beneficios son remplazados por empleos informales que carecen de protección social o estabilidad. Las empresas transfieren el riesgo del mercado a contratistas individuales o «trabajadores independientes» que no solo reciben salarios inferiores, sino que carecen de los beneficios sociales tales como licencia por enfermedad, cobertura de salud y aportes jubilatorios, ni que hablar de estabilidad laboral. A menudo, como es el caso de Uber, los esfuerzos de la empresa por establecerse en una posición dominante en el mercado se encuentran en las antípodas de la capacidad de los trabajadores para aumentar sus salarios. Y si bien el peligro de que los robots se queden con los empleos es exagerado, muchos trabajos se verán remplazados por la automatización. Un Informe de Desarrollo de 2016 del Banco Mundial calcula que un 47 por ciento de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de volverse automatizados, en Argentina el porcentaje es del 65 por ciento, en China el 77 por ciento y en Etiopía la cifra asciende a un 85 por ciento. Un reciente informe del grupo UBS observó que los países en desarrollo «enfrentarán la amenaza de la Cuarta Revolución Industrial que comprometerá los empleos poco calificados a través de una automatización extrema, pero quizás no tengan la capacidad tecnológica para disfrutar los beneficios relativos que puedan redistribuirse a través de una conectividad extrema». Las propuestas relativas al comercio electrónico no generan este cambio, pero sí aceleraría su ritmo y dificultaría que los gobiernos mitiguen los impactos negativos. En lugar de consolidar los derechos de acceso al mercado de las ETN para intensificar su desestabilización, tal como lo harían las propuestas de comercio electrónico, los países deberían poder usar una amplia gama de herramientas políticas para promover buenos empleos, protecciones sociales y -especialmente en los países en desarrollo- la transformación estructural de sus economías.
4. Las propuestas en materia de comercio electrónico exacerbarían la desigualdad entre los países. En África subsahariana, el 62,5 por ciento de la población carece de electricidad; el 87 por ciento carece de acceso a Internet; y la mayoría no tiene acceso a servicios postales en sus hogares. Los países ricos han dejado en claro que sus inquietudes incluyen un mayor acceso a la energía, Internet y otros tipos de tecnologías de la información y comunicación para disminuir la brecha digital; mayor infraestructura para la logística, incluso el transporte y los sistemas postales; marcos legales y reglamentarios; acceso a financiamiento y capacitación en torno a las tecnologías para ayudarlos a prepararse para beneficiarse del comercio electrónico. Pero estos asuntos por lo general no se ven reflejados en las propuestas de los países desarrollados ni son propuestos por las ETN de comercio electrónico más importantes. Las propuestas de los países en desarrollo, mientras tanto, tienen como resultado a menudo promesas no vinculantes de asistencia futura que pocas veces se cumplen.[4] El hecho de que China sea un actor importante actor en el comercio electrónico, a través de AliBaba, no sirve para mitigar las desigualdades estructurales que se consolidarían entre los países desarrollados y en desarrollo. Las propuestas relativas al comercio electrónico ampliarían el gran proteccionismo que favorece a las empresas con sede en los países desarrollados, en la forma de patentes y derechos de autor para las tecnologías y el contenido, que tiene como resultado un aumento de los ingresos que se transfieren desde el sur global a las empresas en el norte global.
5. Las propuestas en materia de comercio electrónico en el marco de la OMC podrían hacer que nos sintamos menos seguros. La propuesta de la UE sobre comercio electrónico en el marco de la OMC incluye una moratoria al acceso o la divulgación obligatoria de los códigos fuente para todos los miembros de la OMC. Los gobiernos, incluso el de Estados Unidos, a menudo requieren que los códigos fuente se publiquen o divulguen para poder evaluar la vulnerabilidad de cara al hackeo. Esto será cada vez más importante ya que algunas proyecciones estiman que habrá 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet para el año 2020, incluso los dispositivos domésticos del «Internet de las cosas» tales como refrigeradores y televisores inteligentes (que se encontraron entre los cientos de miles de dispositivos utilizados en hackeos masivos en 2014 y nuevamente en 2016). La posibilidad de que dispositivos médicos, tales como marcapasos y los sistemas electrónicos de automóviles puedan hackearse implica graves riesgos en materia de salud y seguridad. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que prefiere el uso de software libre desde 2002:
Poner a disposición del público los códigos fuente ayuda significativamente a los defensores, no solo a los atacantes. Una revisión entre pares continua y amplia, habilitada por un código fuente disponible públicamente, mejora la fiabilidad en el software y la seguridad a través de la identificación y eliminación de defectos que de otra forma podrían permanecer desapercibidos… En cambio, cuando el código fuente queda oculto al público, los atacantes pueden de todas formas atentar contra el software.[5]
A medida que los hogares se vuelven «hogares inteligentes» y las ciudades se vuelven «ciudades inteligentes» el riesgo de que se puedan hackear software secretos y exclusivos nos pone a todos en riesgo.
6. Las propuestas en materia de comercio electrónico promoverían una mayor desigualdad al reducir la competencia verdadera y promover un comportamiento monopólico y oligopólico- “Is it Time to Break Up Google?” (¿Llegó la hora de dividir Google?) se preguntó recientemente Jonathan Taplin en el New York Times:
Google tiene una cuota de mercado de 88% en la publicidad de búsquedas, Facebook (y sus filiales Instagram, WhatsApp y Messenger) posee 77% del tráfico de redes sociales móviles y Amazon tiene un 74% de participación en el mercado de libros electrónicos. En términos económicos clásicos, los tres son monopolios.[6]
El control de la información, los medios y las ventas al por menor por parte de estas tres empresas tiene consecuencias indeseadas para la democracia, innovación y el interés del público. Estas ETN son capaces de invertir en nuevos mercados y funcionar a pérdida durante años con el fin de establecer su dominio en el mercado, tal como hacen Uber[7] y Amazon[8] en India y muchos de los cientos de mercados en los que operan. El nuevo candidato del presidente Trump para encabezar el departamento antimonopolio, Makan Delrahim, es extremadamente débil en las reglamentaciones antimonopolio Sin leyes anticompetitivas fuertes, las empresas se consolidan aún más en los sectores a través de la adquisición: «Google compra AdMob y DoubleClick, Facebook compra Instagram y WhatsApp, Amazon compra, por nombrar sólo unos pocos, Audible, Twitch, Zappos y Alexa», destaca Taplin. Además, si a un país le preocupan las actitudes anticompetencia, sus tribunales a menudo requerirán que se divulguen los códigos fuente. Pero no hay excepciones en la propuesta sobre comercio electrónico de la UE para los casos en los cuales los tribunales exigen que se revelen los códigos fuente. Las propuestas también exigen que los actores dominantes puedan expandir su capacidad para influir en la reglamentación de sus operaciones bajo el disfraz de la «transparencia para las partes interesadas». ¿Cómo pueden esperar las PyME establecerse en un sector donde a los gobiernos se les limita su capacidad de implementar actitudes anticompetencia y a los actores consolidados se les da una ventaja al hacer las normas?
7. Las propuestas en materia de comercio electrónico amenazan el futuro de los países al exigir la transferencia libre de su recurso natural más preciado: la información. El bien más valioso de Uber no son los automóviles ni los conductores, sino la información sobre cómo se mueve la gente. Una vez que una empresa domina un sector es capaz de procesar datos en bruto y convertirlos en inteligencia; puede mantener su dominio para excluir a sus competidores, tal como expresó recientemente The Economist en su artículo «El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, es la información».[9] Los servicios «gratuitos» de la nube como los de Google o Amazon son capaces de acceder a más datos de los que nos imaginamos y pueden transformarlos en inteligencia que puede venderse o alquilarse a otras empresas con el fin de generar más ganancias. Sin embargo, casi todas las propuestas de comercio electrónico incluyen el mandato de promover la transferencia transfronteriza de datos, a la que se refieren astutamente como la «libre circulación de datos», al prohibir restringir la localización de los datos (tales como los usos militares de Estados Unidos, que insiste que sus datos se mantengan en servidores estadounidenses) y otras normas. ¿Por qué deberían los países en desarrollo regalar este recurso tan valioso? Una estrategia de industrialización digital incluiría crear centros de datos nacionales y regionales, como han creado China y Suecia y que pueden convertirse en puertos importantes para dar inicio a industrias de software, industrias de juegos, industrias relacionadas con el internet y otras industrias basadas en datos. Tal como indica Parminder Jeet Singh:
Si nos dejamos llevar por las tendencias actuales, el nivel de dependencia estructural de los países en desarrollo en el contexto de la sociedad digital será evidentemente más grande que nunca. El fenómeno también ha sido denominado colonización digital…los flujos y el comercio mundial de estos recursos vitales deben basarse en términos justos, garantizando los beneficios económicos nacionales así como las protecciones sociales y culturales. Mientras tanto, debemos dejar en claro que no abogamos por una desglobalización digital. Lo que se busca es simplemente un espacio justo para los países en desarrollo y el interés del público en el orden digital mundial emergente.[10]
8. Las propuestas en materia del comercio electrónico son una amenaza para nuestra privacidad personal y la protección de datos. No son solo los países en desarrollo los que deberían estar preocupados por la circulación de datos transfronterizos, es decir la «libre circulación de datos». Hemos sido testigos de una explosión de las demandas por parte de consumidores que descubrieron que sus datos por el uso de productos o servicios, desde auriculares a la gestión de correos electrónicos a juguetes sexuales — se vendieron a otras empresas, en general sin el conocimiento o consentimiento del consumidor. Esto significa que los datos personales fueron robados y/o explotados; quizás esta «circulación de datos» debería denominarse «tráfico de información robada». Tal como se mencionó anteriormente, la UE tiene estándares relativos a la protección de datos personales y a la privacidad que se debatieron democráticamente y fueron aprobados con entusiasmo por los votantes. Muchas empresas estadounidenses no cumplen con estos estándares y no se les permite transferir datos a Estados Unidos. Un informe de 2017, el «Estudio mundial sobre confianza y seguridad en materia de Internet», realizado por el Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional e Ipsos, demostraron que los consumidores se muestran reticentes a involucrarse en compras por internet ya que no confían en los gobiernos (65 por ciento); en las empresas (74 por ciento); o que sus datos estén seguros contra ciberdelincuentes (82 por ciento).[11] El año pasado, varios grupos europeos enviaron una carta, como también lo hizo la sociedad civil internacional,[12] en la que exigen al Parlamento europeo que proteja a los consumidores y la privacidad de datos en el TiSA, pero las mismas disposiciones se están incorporando en el marco de la OMC.
9. Las propuestas en materia de comercio electrónico promoverían la evasión fiscal y la pérdida de renta pública tan necesaria, lo que tendría como resultado una monopolización adicional a expensas del interés público en todos los países, pero particularmente en los países en desarrollo. A medida que las empresas obtienen «derechos» a través de las normas de comercio electrónico que se proponen para trasladar mano de obra, insumos, capital y datos entre fronteras, tendrían la capacidad de aumentar sus prácticas de precios de transferencia y ubicar las operaciones en países con menor supervisión reglamentaria e impuestos más bajos, exacerbando la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos que según Global Financial Integrity quitaron entre $620 y $970 mil millones de dólares estadounidenses al mundo en desarrollo en 2015, principalmente a través de prácticas de fraude comercial.[13] Esta pérdida de rentas le quita a los gobiernos de países en desarrollo, especialmente de África, la capacidad para hacer las inversiones necesarias a nivel nacional con el fin de proporcionar sistemas de salud, educación, infraestructura y el futuro desarrollo de sus economías. Si a una empresa no se le exige tener una presencia local, ¿cómo se pueden establecer los impuestos a la renta de estas empresas de forma precisa? Al mismo tiempo, se están desarrollando esfuerzos para ampliar la moratoria existente en el marco de la OMC sobre aranceles a las transacciones de comercio electrónico. Eliminar la obligación del pago de aranceles en el comercio transfronterizo pone a las empresas de comercio físico en desventaja respecto del comercio electrónico, y en términos económicos representa un subsidio público para las empresas virtuales, sin ningún beneficio social evidente. Pero dado a que los países en desarrollo dependen mucho más que los países desarrollados de los aranceles como fuente de ingresos fiscales (para pagar por la educación, cuidado de salud e infraestructura) ya que los países desarrollados tienen sistemas más avanzados de ingresos, ventas e impuestos empresariales, eliminar los aranceles al comercio electrónico de manera permanente no solo supondría una gran desventaja para las empresas de comercio físico, sino que afectaría gravemente la capacidad de los países en desarrollo de satisfacer las necesidades de inversión pública, retrasando su desarrollo futuro y aumentando la probabilidad de sufrir crisis de deudas.
10. Las propuestas en materia de comercio electrónico podrían incrementar las posibilidades de que haya una crisis financiera mundial. Permitir un comercio transfronterizo sin límites en términos de datos financieros y transacciones financieras podría tener amplias consecuencias inesperadas. A pesar del caos generado por la crisis financiera mundial, el sector de los servicios financieros continúa exigiendo un acceso ilimitado a los mercados para productos innovadores (que evaden las reglamentaciones) y flujos financieros sin restricciones. En el TPP, el Tesoro de Estados Unidos afirmó que el derecho a mantener los datos en el extranjero no debería incluir los datos financieros, debido a las lecciones aprendidas tras la crisis financiera mundial, pero Wall Street logró presionar con éxito para que estos datos se incluyeran en el TiSA y presumiblemente en la OMC. Las normas actuales de la OMC ya obligan a los países a permitir el pago y transferencia de servicios que los países ya hayan acordado sin restricciones, en el marco de las disciplinas de la OMC. Pero a los países les interesa garantizar un control reglamentario adecuado de este sector, incluso con respecto al comercio digital transfronterizo. Los gobiernos a menudo exigen que los datos financieros sensibles se mantengan dentro de sus fronteras para garantizar que se tomen medidas adecuadas en materia de privacidad y seguridad cibernética, de modo tal que los datos estén sujetos a un adecuado control reglamentario nacional y que estén al alcance de los reglamentadores financieros en caso de emergencia. Por ejemplo, Sudáfrica exige que los datos financieros se almacenen en el país para que las autoridades puedan analizar los activos relacionados con una quiebra, ya que las prácticas fraudulentas y depredadoras están extendidas en el sector financiero. Si no se les exige a los proveedores de servicios financieros una presencia local, gestión local o almacenamiento local de datos, ¿cómo se los podrá hacer rendir cuentas en caso de comportamiento criminal o una crisis financiera? A medida que la economía mundial se vuelve cada vez más abocada a los servicios y aumenta el comercio digital transfronterizo, el poder de los proveedores de servicios financieros como Visa y PayPal crecerá, ya que a menudo actúan como cámaras de compensación para transacciones internacionales que evaden la soberanía financiera de los bancos centrales.
11. Las propuestas en materia de comercio electrónico perjudicarían el desarrollo al reducir el espacio político, limitar la capacidad de los países en desarrollo para involucrarse en la industrialización digital limitando las estrategias que se usan comúnmente para impulsar el comercio y los empleos. Los grupos de cabildeo de las empresas han dejado en claro que pretenden que se prohíban los requisitos de localización, tales como los que exigen una presencia local en el país para realizar transacciones comerciales; que se contraten trabajadores locales; el uso de servidores e instalaciones informáticas locales en las cuales hayan invertido; o el uso de contenido o insumos locales. Pero los países en desarrollo aprovechan los requisitos para ayudar a garantizar que el hecho de permitirle a las ETN operar en sus economías los ayudará a dar inicio a industrias incipientes y subir en la escala de desarrollo. La propuesta de la UE también incluye incorporar las compras públicas, un tema que se excluyó exclusivamente de la ronda actual de la OMC. Incorporar las compras públicas (tal como a través de la promoción de la privatización a través de asociaciones público-privadas) pondrían a las PyME que típicamente son favorecidas en tales contratos en gran desventaja respecto de las ETN extranjeras (que por lo general gozan de las ventajas de magnitud e inversiones públicas anteriores), lo que significa que más dólares en concepto de impuestos irán a las empresas extranjeras en lugar de que impulsen la economía nacional.
Las disposiciones sobre comercio electrónico que se proponen también limitan el espacio político al exigirle a los países, incluso a los países menos adelantados (PMA) que asuman nuevos compromisos más allá de los que se exigen actualmente en el marco de la OMC. Actualmente no se exige a los PMA que asuman compromisos en el marco del acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (TRIMS) en la OMC, ni tampoco en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Las propuestas para prohibir el requisito de divulgar los códigos fuente se consideran «TRIMS más» porque prohíben efectivamente los requisitos de transferencia de tecnología (en los que el código fuente es una tecnología) que los miembros de la OMC pueden permitir actualmente en el marco de las normas del TRIMS. Se consideran «ADPIC +» porque exigen una protección más fuerte de la propiedad intelectual que en el marco del acuerdo sobre los ADPIC. En general, cuando un gobierno amplía las protecciones en materia de patentes, el titular de la patente está obligado a divulgar la invención, incluso todo código fuente, como compensación por la intervención del gobierno para proteger su invención. Finalmente, muchas de las nuevas propuestas impedirían a los países en desarrollo involucrarse en grupos de integración regional, que se percibe ampliamente como algo esencial para su desarrollo, tal como se puede ver, por ejemplo, en la Agenda 2063 de la Unión Africana.
12. Quizás lo que es más atroz, las propuestas en materia de comercio electrónico exigirían no someter a los servicios futuros a ninguna reglamentación más allá de las de los servicios no digitalizados actualmente En el marco de la «reglamentación nacional» en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), los bienes son cada vez más considerados como servicios. Los productos están integrados con el software que los transforma de, por ejemplo, zapatos en «servicios de fitness» o automóviles en «servicios de transporte». Las propuestas en las negociaciones de la reglamentación nacional incluyen una suposición de «neutralidad tecnológica» donde los servicios deben llevarse a cabo de acuerdo con normas y listas de compromisos que los países acordaron antes de que la nueva tecnología se inventara. El plan es asumir compromisos preparados para el futuro, incluso si la tecnología no estaba disponible cuando el país asumió dichos compromisos. Sin embargo, muchos gobiernos del sur global han dejado en claro que no aceptan esta presunción. Restringir el control público de las posibles implicancias de las tecnologías que aún no existen podría no tener sentido para la persona promedio, pero tiene gran sentido para las empresas que favorecen únicamente a las reglamentaciones que prohíben otras reglamentaciones.
Estas empresas están haciendo un esfuerzo coordinado para garantizar que este sea el principal logro en la próxima conferencia ministerial de la OMC que tendrá lugar del 11 al 14 de diciembre de 2017 en Buenos Aires. Sindicatos, activistas por los derechos digitales y la privacidad, defensores del desarrollo y grupos de interés público tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes con sus gobiernos respectivos y dirigir la atención a esta amenaza inminente. Incluso para los grupos con diferencias de opinión sobre los posibles impactos, es claro que debe haber un debate exhaustivo y abierto antes de que los países adopten normas, cuyas implicancias están lejos de ser específicas. Si bien los defensores del comercio electrónico argumentan que toda discusión en la OMC tendrá en su centro al desarrollo y que los países en desarrollo deberían estar «en la mesa» cuando se desarrollen las normas, los expertos en materia de la OMC han advertido que las ETN y los gobiernos de los países ricos actúan en su propio interés y establecen la agenda y las condiciones. Reducir la brecha digital requiere de estrategias inteligentes que se verían restringidas por las propuestas relativas al comercio electrónico.[14]
Las transformaciones positivas que ofrece la era digital para una mayor prosperidad, empleo, innovación y conectividad se ven amenazadas por los esfuerzos monopólicos y no democráticos de las empresas más poderosas que quieren reescribir las normas de la economía mundial futura a su favor. Para lograr un futuro en un mundo digitalizado que dé lugar a una prosperidad en común y trabajo digno para todos, debemos garantizar que las normas se redacten por y para todos y no por y para algunos solamente.
Notas:
[1] En aras de la simplicidad, nos referimos a las disposiciones que se repiten en varias propuestas sin identificar los distintos promotores nacionales de cada disposición o propuesta. Debe observarse que varias economías en desarrollo se han unido a los documentos de los países desarrollados, por ejemplo, la UE, pero no parece haberse incorporado ninguna disposición sobre desarrollo en tales propuestas.
[2] Banco Mundial 2016. «Informe de desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales». Washington, DC.
[3] Red del Tercer Mundo. 2016. “Africa Group’s Deadly Blow to E-com Thematic or Negotiating Issues Talks.” SUNS 8337. http://www.twn.my/title2/wto.info/2016/ti161021.htm
[4] Una propuesta de los Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo probablemente correrá la misma suerte al mismo tiempo que legitimará las negociaciones en el marco de la OMC. Véase http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1477 y http://www.twn.my/title2/wto.info/2017/ti170501.htm.
[5] Director de Información, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Preguntas frecuentes relativas al software libre. http://dodcio.defense.gov/Open-Source-Software-FAQ/.
[6] Taplin, Jonathan. 2017. “Is it Time to Break Up Google?” (¿Llegó la hora de dividir Google?) The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/22/opinion/sunday/is-it-time-to-break-up-google.html?_r=0
[7] Manjoo, Farhad. 2017. “Uber Wants to Rule the World. First It Must Conquer India.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/14/technology/uber-india.html
[8] Bloomberg. 2016. “Amazon to Spend $5 Billion to Dominate India E-Commerce.”
[9] The Economist. 2017. “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data: The Data Economy Demands a New Approach to Antitrust Rules.” http://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
[10] Singh, Parminder Jeet. 2017. “Developing Countries in the Emerging Global Digital Order – A Critical Geopolitical Challenge to which the Global South Must Respond.” IT for Change. https://www.itforchange.net/Developing-Countries-in-the-Emerging-Global-Digital-Order
[11] Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional, IPSOS, Internet Society, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 2017. “2017 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.” https://www.cigionline.org/internet-survey
[12] Consumers International et ál al negociador de comercio del Parlamento Europeo. 2016. https://edri.org/files/TiSA/globalletter_dataprotection_privacy_20161102…
[13] Spanjers, Joseph y Matthew Salomon. 2017. “Illicit Financial Flows in Developing Countries Large and Persistent.” De Global Financial Integrity. Washington, DC. http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/
[14] South Centre. 2017. “The WTO’s Discussions on Electronic Commerce: Analytical Note.” Ginebra. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/01/AN_TDP_2017_2_The-WTO%E2%80%99s-Discussions-on-Electronic-Commerce_EN-1.pdf
Deborah James es directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net) y es coordinadora de la red Nuestro Mundo No Está En Venta.
Se agradece a Jane Kelsey de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda; Abhijit Das del Centro de Estudios del Tercer Mundo, India; Christina Colclough de UNI Global Union; Parminder Jeet Singh de IT for Change, India; Burcu Kilic de Public Citizen, Estados Unidos; y Sanya Reid Smith de la Red del Tercer Mundo, Ginebra por sus aportes.
Publicado el 12 de mayo, 2017, en inglés en Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/entry/5915db61e4b0bd90f8e6a48a