Ángeles Ramos, fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Agencias
Otra reacción contraria este viernes al dictamen de la Corte la tuvo el tribunal federal número 5 que denegó sendos pedidos de excarcelación de dos exmilitares condenados por terrorismo de Estado y apropiación de bebés que eran hijos de prisioneros políticos.
El argumento de los jueces para no tomar en cuenta la decisión de la Corte es que su dictamen no es «ni obligatorio ni vinculante» para los tribunales inferiores, en casos análogos.
La fiscal que se convirtió en la primera funcionaria en desafiar el dictamen de tres de los cinco jueces del máximo tribunal es Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas.
La decisión de la Corte levantó una ola de indignación y rechazo en los organismos defensores de derechos humanos, incluidos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en partidos de oposición y las centrales obreras. Sólo tiene el respaldo del partido oficialista PRO (derecha) y el silencio por el momento del presidente Mauricio Macri.
Hay más de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad y otro millar bajo proceso. Las sentencias fueron posibles después de la derogación de las leyes de amnistía por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Ahora unos 750 de los condenados podrían ser beneficiados.