Las primeras señales fueron la tercerización innecesaria del Comedor de la Agencia a través de una pareja de monotributistas –inscripta con serias irregularidades en cuanto a sus facturas- que ocasionó un gasto al Estado de más de un millón y medio de pesos al momento, suma por la cual prestó conformidad Carlos Rosendo Villoldo.
Esta misma persona creó un “Departamento paralelo” que le fuera útil a la tercerización, violando las leyes con desplazamientos anómalos de personal (Ernesto Olagüe, Gonzalo Fernández, Nilce Samudio y Denis Dewailly, los que pasaron a ser directamente “empleados” de Villoldo) y quitó las tareas al Departamento Logística e Ingresos al contratar gente externa a Télam para que las realice junto al citado “Departamento Paralelo” -sin necesidad alguna-.
Siguió con la publicidad oficial. Las autoridades rechazaron firmar un acta compromiso que garantice que no está en peligro ni la fuente de trabajo ni las funciones de ninguno de los empleados de la empresa, debido a la aplicación del decreto 978/2016 que desregula la pauta publicitaria del Estado, la Resolución 247/16 que crea el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO) -reglamentada el pasado 03 de octubre con la Resolución N° 446/16- y la Decisión Administrativa 1149/16 publicada el 20-10-16 que deroga la DA 448/09.
Esto se fue profundizando con el tiempo y llegó el momento de la persecución política y gremial de los trabajadores de las áreas de administración y periodismo.
En el caso de administración, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar presentada ante la Justicia Laboral por, Luis Giménez, y resolvió la prohibición de innovar en la situación denunciada.
Allí luego de la presentación realizada por el Dr. Hugo Antonio Moyano (h), el pasado mes de noviembre, y cumplidas las distintas instancias legales, el Tribunal resolvió “…Hacer lugar a la medida solicitada, disponiendo la prohibición de innovar en la situación de revista y funciones desempeñadas por Luis Omar Giménez en Télam S.E. que tenía al 10 de agosto de 2016, hasta la fecha en que se dicte sentencia definitiva con relación a la cuestión de fondo, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias”.
De esta forma, la Justicia aceptó dar curso a la acción de amparo y también a la cautelar, al considerar que “de negarse la medida cautelar solicitada se causaría un daño inminente”.
En los últimos días se vio profundizado el avance sobre la parte periodística, de un modo muy claro que muestra además una dura interna en el seno de las autoridades nacionales y en particular de las gerenciales.
Una de las muestras más claras surge en el área Audiovisual donde el actual gerente de contenidos Pablo Pla, (ex movilero de Crónica- devenido en comisario político) ingresado hace apenas 4 meses como contratado en el cargo de jefe de sección pero que meteóricamente y milagrosamente ascendió a Prosecretario General de Redacción -uno de los cargos más altos en el escalafón periodístico- , ha iniciado una dura persecución que incluye reuniones donde se ha presionado a los trabajadores a que acepten los cambios de tareas.
Esto se agravó con el desplazamiento de trabajadores de sus funciones y se han hecho cambios compulsivos de horario con amenazas veladas. En el último mes se incorporaron 3 personas a cumplir funciones que ya estaban cubiertas por trabajadores de planta y que no son tareas de gestión.
En el caso puntual de Andrea Holgado sub jefa de turno noche, se presentó a cumplir su habitual horario y se encontró que habían designado en su rol a un periodista contratado en el mes de marzo sin previa notificación. Durante varias reuniones, Pablo Pla, buscó llevarla al rol de cronista con exigencias , presiones y agresiones sistemáticas.
Ante la defensa de su posición por parte de la trabajadora, recibe un correo agresivo de la sub gerenta de nuevas tecnologías, Magdalena Cash (un cargo de adscripción al directorio creado por la nueva gestión ) diciéndole que estaba en sus atribuciones cambiarle las tareas y ella ya lo había hecho, desprendiendo ese supuesto de charlas informales vía mail no oficial sobre alternativas posibles.
A la tarde Holgado se dirige a su turno habitual de 18 a 00 hs y le informan que debe notificarse en RRHH.Pese al reclamo de la Comisión Interna y de su abogada personal, a la fecha, Holgado sigue sin ser asignada a sus tareas habituales.
Cabe contextualizar que se llega a esta situación en el marco de un proceso de persecución laboral y previa en el Departamento Audiovisual, de la cual Holgado no es la única destinataria, ya que a través de amenazas y presiones se generaron varios cambios de horarios y funciones.
Un hecho realmente vergonzoso de quienes llegaron a Télam para aprender la profesión y hoy cargan contra una trabajadora con un extenso curriculum universitario en comunicación social, con el agravante de aprovecharse de la vulnerabilidad emocional de la periodista que en el transcurso de los últimos meses tuvo dos perdidas familiares directas.
Vale aclarar y destacar que en ningún momento la trabajadora puso en discusión la línea editorial, sino la metodología de trabajo.
El temor lógico y la autodefensa de los trabajadores han conseguido que esta situación unificara el reclamo de los dos sindicatos que funcionan en Télam y converjan en una sola defensa.
El SITRAPREN y el SIPREBA, enfrentados en otras posiciones, ven la necesidad de juntar fuerzas ante el avance de la anarquía empresarial y la política laboral del gobierno de Mauricio Macri y su responsable del área de medios Hernán Lombardi.
No están ajenos a esta pelea, el presidente de Télam, Rodolfo Pousa, su segundo Carpena y varios gerentes periodísticos que se disputan los cargos de ejecutores de la política persecutoria hacia los trabajadores, en una dura interna que pasa además por ocupar espacios de poder.
Son varias las instituciones, organismos y sindicatos a nivel nacional que ya están al tanto de esta situación y pronto harán llegar su apoyo ante estos reclamos, pero lo más importante es que los trabajadores de Télam han tomado nota de los hechos y están en estado de alerta y movilización por sus derechos.