El referido crimen hizo saltar las alarmas sobre una posible ola de exterminios de exmiembros de las FARC-EP, similar a la escenificada en la década de los años 80 con los militantes del partido de izquierda Unión Patriótica.
La muerte de Ortiz ocurrió el mismo día que otras 10 personas fueron igualmente masacradas en el municipio de residencia del exguerrillero, donde operan a su libre albedrio paramilitares vinculados al narcotráfico, según reportes de prensa.
Desde la firma en La Habana del pacto de Paz para Colombia ya suman casi 50, entre ellos más de 30 líderes sociales, los ciudadanos asesinados a manos de los paramilitares, hechos de sangre que ensombrecen el fin definitivo del prolongado conflicto en esa nación de Nuestra América.
Esos grupos castrenses ilegales, financiados por la oligarquía y aún tolerados por las autoridades de Bogotá, constituyen una real punta de lanza contra la distensión y la armonía que piden a gritos los colombianos.
Por supuesto que la convivencia en paz en la Patria Grande también está en juego con la continuidad del paramilitarismo en Colombia, que sin duda alguna daña con toda intencionalidad la estabilidad de varios países cercanos, y especialmente a las vecinas Venezuela y Ecuador.
Es bien conocido que los gendarmes de la guerra y la oligarquía regional, con el amparo de Washington, siempre han utilizado el convulso territorio colombiano para intentar a través de sus fronteras desestabilizar a las revoluciones Bolivariana, de Venezuela, y Ciudadana, de Ecuador.
Ello explica que el conservadurismo, que emprende actualmente una arremetida sin precedentes contra los procesos progresistas en Nuestra América, esté menos interesado que nunca en que la paz reine en Colombia.
Venezuela y Ecuador son hoy, junto a Bolivia, los principales blancos de esa ofensiva de la derecha, que inescrupulosamente viola todas las reglas de la democracia y apuesta a la fuerza para imponer sus designios neoliberales, en detrimento de la convivencia pacífica y la integración de la Patria Grande.