Página12.-
Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren fueron imputados en una causa que busca determinar si el aumento de tarifas en el servicio de gas del año pasado buscó favorecer a empresarios amigos del Presidente, entre ellos Nicolás Caputo y John Lewis.
El fiscal federal Franco Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que abra la investigación que promovió en 2016 la Procuraduría de investigaciones administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, para investigar si el incremento tarifario de gas con un tope de hasta el 400 por ciento implicó un fraude al Estado o si fue producto de un pago de sobornos de las empresas de gas a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.
Según fuentes judiciales, los fiscales de la PIA habían hecho el año pasado una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas. Según la PIA, el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro.
La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto, y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.
En ese sentido, recordaron la visita de Macri al empresario Lewis, propietario de la firma Pampa Energía S.A, en su casa en las orillas de Lago Escondido, en Río Negro, el 24 de marzo del año pasado, hasta donde llegó con el helicóptero que había puesto a su disposición el empresario.
A los cinco días de esa reunión fue que, por resolución 31/2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, dispuso el incremento tarifario de gas.
Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual -sostuvieron- no fue un simple «error técnico». El tarifazo, de todas maneras, fue frenado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias publicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de tarifas.