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Aquello que en Estados Unidos es ficción -como ocurre frecuentemente en House of Cards, por ejemplo cuando Remy Denton ingresa en la Casa Blanca a negociar con el presidente Frank Underwood como hombre de una empresa pero para hacer gestiones por otra dedicada al gas, que será perjudicada por un futuro programa oficial- pero también realidad, ya inició su camino oficial en la Argentina: es que el presidente Mauricio Macri ya ingresó en Diputados su proyecto para legalizar el lobby, es decir las «reuniones» en las que se cocinan licitaciones, contrataciones y leyes.
Después de nueve meses de debates y a más de un año del anuncio de Macri, tras varias idas y venidas el proyecto de «Ley de Gestión de Intereses» comenzaría su camino hacia el debate y la votación sobre tablas la semana próxima, cuando entraría al tratamiento en comisiones.
«Regular la actividad y publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional», sostiene el artículo uno del proyecto que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Según el texto, el lobby es «la actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones… a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental».
¿Cuáles son las decisiones sobre las que recae la gestión de lobby? Expedientes administrativos en curso y resueltos, la elaboración y «negociación» de proyectos de ley o cualquier otra norma que pueda ser sensible a lobby, los procesos de contratación de bienes y serviciospor parte del Estado a empresas, o la elaboración e implementación de políticas públicas, entre otros.
La iniciativa se aplicará tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, los entes reguladores, los empleados que representen al Estado como miembros del órgano de administración y también en el ámbito judicial y ministerio público a los jueces, secretarios y demás funcionarios.
Uno de los principales puntos es la «igualdad de trato». Esto implica que si un funcionario recibe a un actor implicado en un debate público (por ejemplo, Telefónica por una nueva norma de telecomunicaciones), deberia también reunirse con otros eventuales afectados o participantes (un competidor como Telecom, gremios del rubro o asociaciones de consumidores), para brindar sus puntos de vista.
En el caso de los incumplimientos, como no agendar una audiencia particular, las autoridades de aplicación de cada uno de los poderes, fijará una sanción correspondiente, que podría llegar a pedir la renuncia del funcionario.
Sin embargo, el texto del proyecto admite «supuestos que quedarían excluidos del régimen que se propicia instaurar» dejando una ventana a la posibilidad de reuniones no categorizadas como «de gestión de intereses», entre las que enumera «las audiencias solicitadas por personas humanas por asuntos privados, excepto que involucre intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de interés público; las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas, y las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o diplomáticos de Estados extranjeros».
Con todo esto, según especialistas, la expectativa y las dudas entorno a la intención de Macri de legalizar el lobby surgirán, de ser debatida y sancionada en el Congreso, a la hora de su reglamentación, ya que allí «jugará» fuerte cómo se implementará una norma que legislará en la órbita de los frecuentes conflictos de intereses del Ejecutivo, un campo que trajo serios problemas al Gobierno.