Le Roux ofreció a sus propias hijas contratos temporales, durante siete años, pagados con dinero público. Anunciando su dimisión, a las seis de la tarde de este martes, desde la prefectura de Bogigny, Le Roux defendió su inocencia y honestidad, pero ha preferido abandonar un «barco» presidencial y gubernamental que hace aguas por todas partes.
Se trata de una práctica legal, moralmente dudosa, que en el caso de François Fillon se ha transformado en un fabuloso escándalo nacional.
Bruno Le Roux es un amigo político íntimo de François Hollande, desde hace muchos años. Como diputado socialista, como presidente del grupo socialista en la Asamblea Nacional, hizo un trabajo político de fondo, salvando la unidad parlamentaria del PS.
Hollande decidió «pagar» tales «servicios político» de Le Roux nombrándolo ministro del Interior el 6 de diciembre pasado, tras el cambio de gobierno que siguió la dimisión de Manuel Valls, aspirante derrotado a la candidatura socialista a la jefatura del Estado.
Con Le Roux, Hollande nombró a un hombre de confianza en un ministerio ultra sensible, en vísperas de la campaña electoral que debe culminar con la elección de un nuevo presidente de la República, entre el 23 de abril y el 7 de mayo próximos.
Dinero público
El estallido del «Penelopegate», a primeros de febrero pasado, reveló que François Fillon ofreció a su esposa y dos de sus hijas un empleo pagado con dinero público, como asistentes parlamentarias. Se trata de una práctica tan legal como moralmente dudosa. El escándalo le ha hecho perder al candidato conservador siete puntos en las intenciones de voto
A treinta días de la primera vuelta electoral, la dimisión de Le Roux es un nuevo «bombazo», para la presidencia Hollande y para el ruinoso paisaje político nacional.
Los empleos de asistentes parlamentarias que Le Roux ofreció a sus dos hijas por un montante global de 55 mil euros son un problema político «personal». Pero atizan un desencanto, desconfianza y rechazo global contra toda la clase política nacional. Más de un centenar de diputados, de izquierda y derecha, dan trabajo a sus esposas e hijos como asistentes parlamentarios. Cada diputado tiene un «sobre» de más de cuatro mil euros para pagar «libremente» a los colaboradores y asistentes que considere oportuno.