Agencias.-
En esta ocasión se trata del magistrado Derrick K. Watson, del estado de Hawai y del juez de Maryland Theodore Chuang, donde la demanda había sido presentada por el grupo de izquierdas Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), sobre la base de un tecnicismo legal: la norma se va a implantar en mitad del año fiscal.
En el caso de Hawai, la demanda contra la Orden había sido presentada por el propio estado, que alegaba tres razones para ello. La primera, que la directiva presidencial está en violación de la Primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de religión; la segunda, que limita la capacidad de las empresas y universidades del estado para contratar a los profesionales más cualificados; y la tercera, que es un golpe a la potente industria turística hawaiana.
«Vamos a pelear contra este terrible fallo, vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo, vamos a ganar y vamos a mantener seguros a nuestro país y a nuestros ciudadanos», dijo Trump durante un mitin en Nashville (Tennessee) tras conocoer la nueva suspensión. «Creo que debemos volver al primer (veto) y recorrer todo el camino (hasta el Supremo). Esto es lo que quería hacer en primer lugar», añadió el presidente.
En el Derecho estadounidense es clave el concepto de ‘standing’, es decir, el hecho de que, para desafiar legalmente una ley o norma, ésta tiene que afectar a una persona concreta. En este caso, la persona es el imam Ismail Elshikh, que ve sus derechos vulnerados porque, debido a la Orden de Trump, su suegra, que es siria, no va a poder ir a visitarle. Elshikh es egipcio pero tiene permiso de trabajo y residencia en EEUU, donde dirige la mezquita Asociación Musulmana de Hawái, que cuenta con 4.000 fieles.
La nueva Orden era una reacción del Gobierno de Trump a, precisamente, el hecho de que el primer edicto había sido bloqueado por la Justicia. En su segunda versión, el decreto presidencial no incluía a uno de los países del primer documento, Irak. Tampoco daba prioridad a la entrada de personas no musulmanes de esas nacionalidades, y no establecía ninguna medida contra quienes tuvieran permiso de trabajo o visado de entrada en el país. La primera Orden entró en vigor inmediatamente, mientras que la segunda lo iba a hacer 10 días después de que el presidente la hubiera firmado.
La decisión del juez Watson puede ser recurrida, y todo hace indicar que el Gobierno estadounidense así lo hará. En todo caso, la suspensión de la Orden es un fracaso político para Trump, que ha visto cómo la Justicia paraliza sus dos Órdenes Ejecutivas sobre inmigración de países mayoritariamente musulmanes.
El rechazo podría ser mayor. Aún no se ha producido la decisión del juez del estado de Washington, donde la Orden también había sido llevada a los tribunales. Ese estado afirma que la nueva Orden solo «reempaqueta» la vieja, que fue declarada nula por los jueces. Para ello, los letrados del estado usan nada menos que las declaraciones de dos de los máximos asesores del presidente, su portavoz, Sean Spicer, y el autor de sus discursos más importantes, Steven Miller, que han sostenido que «los principios de la Orden Ejecutiva siguen siendo los mismos», para lo cual solo han modificado «cuestiones muy técnicas» de modo que «el objetivo sea el mismo», es decir, la prohibición de entrada de musulmanes de esos países.
Encima, el juez que paralizó la primera Orden, James Robart, y que fue generosamente insultado por Trump, también es el encargado de ver esta segunda causa.