El acuerdo es cuestionado severamente por distintos sectores y por el denunciante que sostienen que “deroga de hecho la Ley de Patentes afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.
La denuncia que también alcanza al abogado Damaso Pardo quien conduce el INPI, y al sindicado asesor del presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso, fue realizada por Fernando Miguez y recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.
El acuerdo en cuestión fue firmado entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para aplicar en el país el denominado Programa de Patentes de Prospección (PPH).
Según el denunciante, el Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para “evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos”.
Para el denunciante Miguez “la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.
“Para lograr la eficacia operativa de este negociado realizado por los denunciados era necesario blindar este acuerdo en un marco que permitiría burlar los controles de la Ley de Medicamentos, fue así que sospechamos que se da creación al llamado “PLAN PILOTO” que intentaría de esta forma la derogación ilícita y fraudulenta de leyes argentinas”, sostuvo el denunciante.
“De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).”, indica uno de los párrafos de la denuncia.
De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.
Finalmente solicitó al juez el dictado de una medida cautelar para que no se dé comienzo – o en su caso – se interrumpa la ejecución del Acuerdo bajo la seudo denominación de “PLAN PILOTO”.