Manifestante en una de las protestas contra las deportaciones de Trump
Agencias.-
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha publicado este martes nuevas directrices para acelerar las deportaciones de indocumentados. Kelly también dio luz verde a la contratación de 10.000 nuevos agentes de inmigración y 5.000 agentes fronterizos, tal y como se establecía en la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 28 de enero.
La administración Trump cambia con estas nuevas directrices las prioridades de deportación. Durante el gobierno de Barack Obama se daba prioridad para la deportación a los inmigrantes con antecedentes criminales.
Ahora no sólo se perseguirá a los criminales indocumentados, sino que también a aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional». Un inmigrante indocumentado también podrá ser deportado si, por ejemplo, es detenido por conducir sin carnet.
El Departamento de Seguridad Nacional ha admitido que ya «no examinará clases o categorías» de inmigrantes indocumentados de una deportación.
A partir de ahora, los agentes de inmigración tendrán mayor capacidad legal para arrestar, detener y deportar tanto a los inmigrantes indocumentados como a los inmigrantes legales con antecedentes criminales. Y se perseguirá a los padres que hayan pagado a un coyote para que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.
«Estos memos son un plan detallado para la deportación masiva de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Cumplen los deseos de los movimientos nacionalista blanco y anti-inmigrante, y dan vida a la peor retórica de la campaña de Donald Trump», ha denunciado Lynn Tramonte, subdirectora del fondo educativo de la organización pro inmigrante America’s Voice.
Según Tramonte, las nuevas directrices son «un manual para la rápida deportación» de todo aquel que no cuente con documentos en Estados Unidos, «sin importar cuánto tiempo hayan estado aquí, cuán fuertes sean sus vínculos familiares, ni cuánto contribuyan al país».
Las nuevas directrices no afectan, de momento, a los 750.000 jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado en 2012 por el presidente Barack Obama.
Los «soñadores» (dreamers), nombre con el que se conoce a estos jóvenes indocumentados que emigraron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, tienen gracias a DACA un permiso de trabajo y la garantía de que no serán deportados durante dos años. Esto ha cambiado radicalmente sus vidas al poder trabajar legalmente y estudiar sin miedo a ser deportados.
Trump había prometido durante la campaña electoral que iba a acabar con DACA, pero, de momento, no lo ha hecho.