Agencias.-El fiscal Federico Delgado, que investiga la causa en la que está acusado el titular de la AFI, Gustavo Arribas, fue contundente al señalar que la Justicia ya cuentan con los documentos que muestran que existen cinco transferencias entre el funcionario argentino y la empresa brasileña Odebrecht. En concreto, se avanza en la confirmación del pago de coimas para que el Estado argentino haya asignado al consorcio de empresas la obra pública del soterramiento del tren Sarmiento, en 2013.
“El dato es real. El documento está, fue presentado y efectivamente viene a ratificar la nota original que hizo Alconada Mon, por la que (Elsia) Carrió hizo la denuncia”, dijo hoy en Aire de Noticias por radio Mitre, el fiscal de la causa, Federico Delgado. En los papeles se detalla que Arribas, cuyo nombre figura allí, recibió cinco transferencias del operador Leonardo Merielles en septiembre de 2013 y por un monto cercano a los 600 mil dólares, tal como señaló el periodista.
En ese sentido, se avanza en la constatación de la documentación con el banco, que debe ratificarla.
Delgado, también señaló que en el momento en el que se llevaron a cabo los hechos “había una persona que hacía los negocios en Argentina, y es una de los arrepentidas en la causa del Lava Jato, por lo que ya se sabe a quién hay que ir a buscar para que explique cómo, quiénes, cuándo y dónde recibieron los sobornos de parte de la firma en nuestro país”.
El funcionario judicial además afirmó que el pago que se hizo desde Oderbrecht a Arribas está vinculado con una coima para realizar una obra pública -el soterramiento del tren Sarmiento- desde Brasil y un lobby que se hizo para que esta obra se efectivizara.
“Esa es la denuncia que hace Carrió y es lo que se investiga”, respondió. Y, a continuación, indicó que “hay una relación temporal muy importante, de horas, entre la transferencia a Arribas y un comunicado de la empresa en la que celebra e informa que han ganado la obra pública”.
“Lo que tenemos que chequear es si esa transferencia tiene vínculo con algún comportamiento irregular que pudo haber sucedido durante la negociación de ese contrato por el cual el Estado argentino asignó a un consorcio de empresas el soterramiento del Sarmiento en el año 2013”, dijo.