como parte de la política del gobierno derechista de Mauricio Macri, cientos de comerciantes informales denominados ¨manteros¨ fueron desalojados este martes a la madrugada de las principales calles y avenidas del barrio porteño de Once, a raíz de un gigantesco operativo que realizó la Policía Metropolitana e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento cojunto  comenzó a las 2 a.m., con la llegada de los primeros patrulleros policiales, carros de asalto e hidrantes, que inicialmente cortaron la circulación de las calles que circundan la terminal ferroviaria del Tren Sarmiento, la zona más afectada por la supuesta venta ilegal.
En la avenida Pueyrredón, entre Rivadavia y Corrientes, se desplegaron decenas de efectivos policiales, quienes se encargaron de desalojar a los ¨manteros¨.
Una de las políticas recomendadas por el gobierno de los Estados Unidos es eliminar la venta de productos falsificados o ¨pirateados¨ con la acusación de que la venta de estos productos representan una competencia desleal para las principales marcas de empresas estadounidenses, y por lo tanto. eliminar a quienes las comercializan.
En este marco, el presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (Cadmira) Vicente Lourenzo, expresó su «beneplácito» por el desalojo de los manteros de Once.
«Que retiren a los manteros es una medida que recibo con total beneplácito. Celebramos que el jefe de Gobierno haya cumplido con su promesa y que Once esté más organizado, porque lo que está sucediendo en ese barrio es un gran desorden», destacó el dirigente. Lourenzo -quien también es secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)- puntualizó que en Once fueron detectados 1882 manteros.
Según dijo el dirigente a radio El Mundo, «el comercio ilegal le quita trabajo al comercio formal. El puesto ilegal le quita hasta un 40% de venta al comercio que paga impuestos». No obstante, el directivo aclaró: «no alcanza con aterrizar uno o dos días con una fuerte presencia policial, sino que es necesario dejar a las fuerzas de seguridad por lo menos 90 días, para que su presencia disuada la instalación de manteros».
«Creo que una vez que se desocupe la vía pública, se van a eliminar los depósitos donde se guarda la mercadería ilegal», resumió.
Con la supesta afectación a los comerciantes locales, CAME se presta a la política de criminalización de los vendedores informales que en medio de la crisis económica generada por el gobierno de Macri, lanza una feroz arremetida contra estos trabajadores de la vía pública.