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El Gobierno busca avanzar este año sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder. Parte de esa tarea se llevará adelante desde el Ministerio de Trabajo, que planea quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que se implementa desde la Secretaría de Empleo, que dirige el ex techint Miguel Angel Ponte. El plan se completa con la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos se reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.
Además, en el Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte- se definió terminar con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitirían «ahorrar» unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.
Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.
Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.
Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que «entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer»-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.
Toda la planificación fue elaborada entre los directivos del área que encabeza Ponte, entre los que se encuentan el subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía, Gustavo Vélez, y la directora nacional de Empleo, Eva Raskovsky, que aparecieron tomandose fotos divertidas en la fiesta de fin de año. Se realizó en el hotel Holiday Inn de Ciudad Evita, en el conurbano bonaerense, y los asistentes pudieron llevarse imágenes compiladas en tiras de tres fotos con el logo del jefe del área: JT, que hacía juego con la frase publicitaria «Juntos Trabajando».
En esos intercambios -que dieron forma al programa para este año- también participaron la directora Nacional de Orientacion y Formacion Profesional, Vanina Molinari, ex abogada del estudio de empresas Marval O’Farrel & Mayral; el subsecretario de Estudios Laborales, José Francisco de Anchorena, uno de los cuadros de la Fundación Pensar; y el director nacional de Políticas Laborales, Manuel Mera, un ex consultor del Banco Mundial formado en la Universidad George Town.
También opinaron y aprobaron la estrategia Marina Platino, asesora de la Secretaría de Empleo; Adriana Espinoza, integrante de la Dirección de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral; Esteban Eseverri, director de Programación Financiera; y Cecilia Vicente Prieto, dDirectora de Gestión de Polìticas de Formación Profesional; entre otros.
Dos fuentes de la cartera que dirige Triaca reconocieron a El Destape que existe una «preocupación» por mostrar activo al Ministerio de Trabajo. Incluso una decisión política de tener una política comunicacional que «muestre que este año no habrá una reducción de programas respecto del año pasado», aunque reconocen que algunas políticas tuvieron un impacto «más acotado». Pero, además, la planificación para este año contempla una reducción de planes para obtener el ahorro de mil millones de pesos.