Elisa Carrió denunció a Gustavo Arribas, hombre de extrema confianza de Macri, por haber recibido 600 mil dólares de parte de Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas en la causa Lava Jato, de Brasil.
Como si se tratara de un pariente de los Panamá Papers, otro escándalo sacude al gobierno de Mauricio Macri. Incluye sociedades offshore, cuentas en paraísos fiscales y movimientos de fondos que involucran a importantes funcionarios públicos. En esta oportunidad se trata de Gustavo Arribas, actual jefe de Agencia Federal Inteligencia (AFI), un hombre de extrema confianza del Presidente, que vive en el departamento propiedad de Macri en avenida Libertador. La socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, presentó ayer una denuncia penal contra Arribas para que se investigue el pago de 600 mil dólares recibido de parte de Leonardo Meirelles, un cambista brasileño condenado por corrupción en la causa denominada Lava Jato. La noticia despertó una fuerte controversia no sólo en la Coalición Cívica sino en la UCR, que a través el diputado Mario Negri advirtió que el titular de la AFI “debe comparecer ante la Justicia y aclarar en forma urgente la información que lo vincula a Odebrecht”, la constructora brasileña investigada en un complejo entramado de corrupción internacional. Arribas emitió un comunicado en el que reconoce haber recibido una transferencia de 70 mil dólares desde la cuenta de Meirelles en Hong Kong por la venta de un inmueble en San Pablo pero niega “enfáticamente” tener vínculo alguno con Odebrecht o las personas investigadas por la justicia brasileña.La denuncia judicial presentada ayer por Carrió recayó por sorteo en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado. La socia de Macri se basó en una nota publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, en colaboración con el consorcio de periodistas peruano IDL Reporteros. En agosto, Carrió ya había rechazado la aprobación del pliego de designación de Arribas al frente de la AFI por”falta de idoneidad” y “ausencia de antecedentes”.
Canicoba Corral y Delgado deberán determinar si el ex representante de jugadores de Fútbol y actual jefe de Inteligencia recibió coimas por parte de Meirelles, quien fue condenado en Brasil a cinco años de prisión como operador de la empresa Odebrecht. En el marco de la causa que investiga el juez del Lava Jato, Sergio Moro, Meirelles se acogió al régimen de “delación premiada” y aportó documentación sobre las operaciones que hizo para la constructora brasileña. El socio y jefe de Meirelles, Alberto Youssef, también confirmó en la justicia de su país la trama de operaciones ilegales realizadas para Odebrecht, que involucraban pagos millonarios mediante contratos cambiarios basados en importaciones ficticias.
En esa causa, Odebrecht reconoció que entre enero de 2011 y marzo de 2014 pagó coimas por un total de 500 mil dólares a cuentas de intermediarios privados con el entendimiento de que esos pagos iban dirigidos a funcionarios del gobierno argentino. Si bien no coincide, la suma se acerca a los 594.518 dólares que, según La Nación, se transfirieron entre el 25 y el 27 de septiembre a la cuenta de Arribas la sucursal Zurich del Credit Suisse. El dinero habría llegado a través de cinco giros de una misma cuenta bancaria en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, operada por Meirelles y perteneciente a la sociedad RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia brasileña como una “empresa de fachada” destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.
La fecha de las transferencias a Arribas es llamativa. Se produjeron al día siguiente de que la empresa Odebrecht anunciara la reactivación de la obra de soterramiento del tren Sarmiento, que se realizaría en una unión de empresas junto a Iecsa, del primo del presidente, Angelo Calcaterra, entre otras. A raíz de la investigación Lava Jato que destapó el pago de coimas de Odebrecht en distintos países, Calcaterra también fue denunciado en argentina para que se investigue si participó del pago de sobornos en aquellas obras en las que estaba asociado a la constructora brasileña.
Durante las transferencias realizadas en 2013, Arribas se encontraba viviendo en Brasil y se dedicaba a la compra y venta de jugadores de fútbol, actividad en la que también había sido blanco de distintas investigaciones y acusaciones por irregularidades y evasión impositiva.
En su descargo, Arribas reconoció que cobró 70.450 dólares, correspondientes “a parte del pago del precio por la compraventa de un inmueble de la Ciudad de San Pablo”. El escribano y abogado rechazó “absolutamente” tener “vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigación de Lava Jato”. Además denunció que el diario La Nación pretende vincularlo “de manera antojadiza y temeraria” con aquellos hechos. Sobre las cuatro transferencias restantes, por un total de 524.068 dólares, Arribas no dio explicaciones y negó “enfáticamente” haberlas recibido.
“Finalmente me pongo a entera disposición de la Justicia para efectuar los aportes que pudieran ser necesarios”, concluyó Arribas en el comunicado oficial.
Más allá de la cuestión judicial, la noticia despertó un nuevo enfrentamiento al interior de Cambiemos. Carrió se presentó en la Justicia y la UCR salió públicamente a reclamar explicaciones a través de Negri. En su momento, la chaqueña no sólo se había opuesto a la designación de Arribas sin también de su número dos, Silvia Majdalani. El diputado radical, Jorge D’Agostino aseguró que el titular de la AFI “debe separarse de sus funciones hasta aclarar en la Justicia la denuncia por supuesta coima en Odebrecht”. “El Presidente dijo que la duda obliga a los funcionarios a ir a la Justicia y probar su inocencia. Gustavo Arribas con Odebrecht no debe demorar”, twitteó. Ante la consulta de PáginaI12, dirigentes del PRO e integrantes del Gobierno Nacional evitaron hacer declaraciones sobre el caso.
La oposición, en cambio, salió al cruce por la situación del titular de la AFI. Las acusaciones corrieron por cuenta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, y la legisladora porteña Graciela Ocaña, entre otros.