| «El propio Temer reconoció en Nueva York ante diversos empresarios norteamericanos que los motivos de la destitución de Rousseff tuvieron que ver con el hecho de que no aceptara poner en marcha el programa Puente para un Futuro» |
Pancarta contra Temer en las protestas por la aprobación del techo de gasto público en Brasil. TELESUR
“Va a ser necesario actuar muy rápido. Y sin el mandato de la sociedad. Va a tener que ser por las buenas o por las malas”. En uno de los años políticos más inestables desde la redemocratización del país, donde en una misma semana todo podía cambiar varias veces, las polémicas declaraciones de Roberto Brant, exministro de Sistema de Pensiones durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en el periódico Estadão de São Paulo, pasaron desapercibidas.
Brant aseguraba en esta entrevista que una vez que Dilma fuera destituida, el futuro gobierno tendría que darle la vuelta a la política económica e implantar el programa Puente para el Futuro basado en duras políticas de austeridad, privatización de recursos públicos y flexibilización laboral, entre otros puntos: “Este documento no está hecho para enfrentar el voto popular, con él no podríamos ganar una elección. Pero la sociedad no tiene la obligación de comprender cuestiones herméticas como el presupuesto, los gastos de la Seguridad Social o las relaciones con el Banco Central”, argumentaba un día después de que el proceso de impeachment contra Rousseff se aprobara en la Cámara. Era el mes de abril y todavía se esperaba la votación en el Senado, pero a esas alturas la cabeza de Dilma ya estaba en bandeja de plata y sus antiguos socios, con Michel Temer a la cabeza, se preparaban para gobernar.
Fue el pasado mes de septiembre cuando el propio Temer reconoció en Nueva York ante diversos empresarios norteamericanos que los motivos de la destitución de Rousseff tuvieron que ver con el hecho de que no aceptara poner en marcha el programa Puente para un Futuro. Este reconocimiento confirmaba lo que se vio en el Senado durante los tres días que duró el juicio que acabó con la salida de Dilma: los senadores juzgaban a la mandataria por su política económica y no por un crimen de responsabilidad, único motivo por el que la Constitución brasileña permite destituir a un presidente.
La profecía de Brant se cumplió y, sin ningún tipo de debate social y con una tramitación de urgencia, el pasado 13 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó uno de los principales ejes del nuevo programa económico: el Proyecto de Enmienda Constitucional 55 (en la Cámara denominada como 241). Esta ley, conocida como la enmienda del techo del gasto, propone congelar el gasto social durante los próximos veinte años y limitar el crecimiento de los presupuestos a la inflación del año anterior.
Dos narrativas
La PEC 55 ha generado un debate (más presente en la academia que en las calles) que muestra no sólo dos modelos de gestión opuestos, sino la transición del progresismo petista (hoy también en entredicho) al neoliberalismo más crudo de la derecha que hoy gobierna el país.
Los grandes medios de información han apoyado la tesis del Gobierno Temer que presenta esta ley como “la única posibilidad” de poder salir “lo más rápido posible” de la crisis económica. El economista y presidente del Insper, una de las grandes escuelas de negocios de Brasil, Marcos Lisboa asegura que esta enmienda es “la única forma de que Brasil no explote”. La deuda pública es la mayor preocupación de sus defensores, que denuncian “los gastos ilimitados” del Gobierno Dilma y ven en un ajuste fiscal rígido la manera de “poner las cuentas en orden”, decía Lisboa en el diario Nexo.
Los contrarios a esta ley aseguran que el problema no tendría que ver con el gasto social y sí con la disminución de la recaudación de las arcas del Estado: “El gasto social disminuyó en los gobiernos Dilma en relación a los de Lula, y a su vez éste también gastó menos que los gobiernos de Fernando Henrique. Hay que preocuparse por recaudar y no por el gasto social”, explicaba también en Nexo Leda Paulani, economista y profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de São Paulo.
El economista de la Universidad de Campinas Pedro Paulo Zahlut Bastos describe el argumento del gasto ilimitado como “una falacia” y cree que una reforma impositiva progresiva sería “clave para obtener recaudación y no perjudicar a los más pobres que son los que usan los servicios públicos”. Este economista recuerda que la evasión fiscal de las grandes empresas brasileñas alcanza los 500.000 millones de reales anuales (unos 146.000 millones de euros), lo que equivaldría a cinco veces el déficit primario: “Ni siquiera necesitaría cambiar la ley, sólo tendrían que exigir que las multinacionales la cumplieran”.
Uno de los principales argumentos contra la PEC 55 se basa en denunciar que el Gobierno impone durante veinte años una austeridad fiscal que va a castigar a las clases más bajas, pero no se plantea una reforma impositiva que haga que Brasil deje de ser uno de los diez países del mundo con el sistema tributario más injusto. “Los millonarios no pagan impuestos, el que más gana tiene más exenciones fiscales, y el que menos gana paga más. Por no hablar de los impuestos indirectos que son absolutamente injustos”, recuerda el profesor de Campinas, que insiste en que la PEC 55 se “ha disfrazado” como una cuestión técnica cuando es pura política: “Es una ofensiva de la derecha para transformar la sociedad brasileña y su relación entre el Estado y la economía. Su máxima es aumentar la desigualdad para aumentar el crecimiento, algo completamente absurdo”.
La PEC 55 no será la única medida neoliberal del Gobierno Temer. El próximo objetivo será la reforma del sistema de pensiones que se votará en el mes de febrero y donde una vez más los trabajadores más humildes volverán a ser los más afectados. En los gobiernos petistas el sistema de pensiones funcionó como uno de los principales instrumentos de redistribución de renta, pero la deuda en 2016 asciende a 149,2 mil millones de reales. Esa es la justificación del equipo de Temer para proponer “cambios urgentes” como la subida de la edad de jubilación a los 65 años para mujeres y 70 años para hombres. Actualmente para jubilarse en el sector privado se solicita que el trabajador haya contribuido durante 30 años, en el caso de las mujeres, y durante 35 años los hombres. El nuevo gobierno se queja de que haya gente con 50 y 55 años ya jubilada y olvida que las clases más humildes comienzan a trabajar sin haber cumplido la mayoría de edad.
Antes de acabar el año Temer anunció un “regalo de Navidad para los trabajadores” con el fin de “modernizar las leyes laborales”. Entre las medidas más importantes destaca la posibilidad de que las empresas puedan negociar las condiciones individualmente con los trabajadores y dejen a los sindicatos y los convenios colectivos de lado. La idea principal sería la de flexibilizar los contratos y abrir un vacío legal donde situaciones como el aumento de la jornada laboral de ocho a doce horas puedan pasar a ser condiciones legales. Será en febrero cuando el Congreso tenga la última palabra en relación a estas reformas.
Ni legitimidad, ni popularidad
Consciente del poco tiempo para gobernar (apenas dos años), el equipo de Temer, de la mano del presidente del Senado, Renan Calheiros, ha acelerado los trámites de votación de las leyes más polémicas sin establecer ni un solo debate con la sociedad. Desde la oposición se plantean hasta qué punto un gobierno que no ha sido elegido por las urnas, sino que llegó al poder de manera indirecta, pueda ser responsable de los cambios “más estructurales desde la Constitución de 1988”, decía el politólogo André Singer. El economista Pedro Pablo recordaba que dicha Constitución se debatió durante cuatro años y ahora “una reforma mueve todos sus cimientos sin ningún debate”.
Parte de la sociedad brasileña salió a las calles para protestar contra la PEC 55. Durante la primera votación de la enmienda en el Senado, alrededor de mil brasileños se manifestaron frente al Palacio de Planalto. La fotografía que pasó a la historia fue tomada desde dentro del Congreso, donde se veía a los senadores en un cóctel a media tarde, con la imagen al fondo de la policía que cargaba contra los manifestantes con porras, balas de goma y gas pimienta.
Si en esta primera votación los senadores apoyaron la enmienda del techo al gasto con un holgado resultado de 61 votos a favor y 14 en contra, el 13 de diciembre, durante la votación definitiva, el instituto Datafolha dio a conocer una encuesta en la que el 60% de la población se muestra en contra de esta norma. La Enmienda salió adelante, pero Temer consiguió menos apoyos de los esperados, con 53 votos a favor y 16 en contra.
Esa misma encuesta también indica la pérdida de legitimidad del Congreso, definido como “malo” o “pésimo” por el 58% de los brasileños, cifra que supone el mayor rechazo de la historia del Legislativo. En el Ejecutivo las cifras empeoran con apenas un 10% de aprobación del Gobierno Temer.
A las medidas de austeridad se añaden los escándalos de corrupción que azotan a las altas esferas del Ejecutivo y del Legislativo y que han provocado que en tan solo seis meses de gobierno (contando desde que Temer fue interino) media docena de ministros haya tenido que dimitir.
La operación Lava Jato que investiga los millonarios desvíos de dinero de la petrolera Petrobras en forma de mordidas a los políticos de prácticamente toda la esfera partidaria del Legislativo sigue dando de qué hablar. Y en los próximos meses se conocerá el contenido exacto de las delaciones premiadas.
El presidente Temer fue nombrado recientemente en una de esas delaciones por el exdirector de la constructora Odebrecht, Claudio Melo Filho, quien aseguró que el mandatario había recibido dinero negro para su campaña. En la misma situación se encuentra su homólogo en el Senado, Renan Calheiros, que en este mes se convirtió en reo en un nuevo proceso abierto en su contra y que, después de un mano a mano con el Tribunal Superior Federal, consiguió mantenerse en el cargo a pesar de todo.
La profesora de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas Eloísa Machado de Almeida resumía en el diario Nexo el 2016 brasileño: “Para nuestra Constitución ha sido un año muy malo. Ha sufrido ataques del Legislativo con una enmienda que le arranca sus características sociales de una sociedad más justa e igualitaria. Además ha sido traicionada por quien debería ser su guardián, el Tribunal Supremo Federal”.