Desde sus inicios el kirchnerismo otorgó una centralidad al mundo del trabajo, generando una dinámica laboral que supo metabolizar la crisis social existente (24,3% de desocupación a 5.9%) orientándolo hacia el conflicto laboral, de tal forma que el capital y el mundo del trabajo entablaron un diálogo complejo que tuvo en el centro de la escena la puja distributiva, donde el Estado no fue neutral, por el contrario, asumió un rol activo a favor del trabajo, reponiendo instituciones como la Negociación Colectiva y el Consejo del Salario Mínimo para dar curso a dicho diálogo.
El texto kirchnerista recorrió andariveles diversos pero convergentes; así el criterio inclusivo y distributivo marcaron la agenda, creando en el transcurso de la gestión casi 6.000.000 de puestos de trabajo registrados, duplicando (91% más) los existentes en 2002, pero también reduciendo la brecha de desigualdad, conforme lo muestra el índice de Gini consignando una disminución del 20%.
Este paradigma viró abruptamente con la asunción del ingeniero Macri e instauró otro antagónico que desanda el camino del conflicto laboral y reconstruye los elementos fundantes de la crisis social del 2001. Esta traslación esta soportada por la búsqueda de una matriz productiva basada en los servicios y el agro, desmantelando la actividad industrial, apostando a la financiarización y el endeudamiento. Así lo demuestran los datos brindados por el Indec, según el cual el acumulado de los primeros ocho meses del año arroja una baja del 4,2% de la actividad productiva frente a igual período de 2015.
La restauración conservadora, también se valió del Estado con vistas a facilitar la destrucción de la gruesa capa de derechos adquiriros, pero por sobre todas las cosas, para orientar el desguace del entramado laboral y favorecer la recomposición de la tasa de ganancia empresaria, nudo borgiano de la agenda estratégica de estos sectores. Una de las consecuencia directa fue la abultada expulsión de trabajadores que acumuló desde diciembre de 2015, 194 mil despedidos y suspendidos. De ellos, 127 mil son pérdidas de empleo en el sector privado, y 67 mil son despidos en la administración pública. Son estas cifras las que explican el incremento de la tasa de desocupación a 9,3% en el segundo trimestre, alcanzando casi 12 puntos en los conglomerados industriales.
A contra pelo, la pesada herencia fue una apuesta por reforzar el mundo del trabajo, contabilizando más de 2000 CCT homologados anualmente. Este modelo se relacionó de forma acertada con la crisis a escala global que contrajo la economía mundial, reflejando un mundo que consume menos, y en consecuencia nos compra menos, con el agravante de la caída sostenida de los precios de las materias primas. Así las políticas anticíclicas implementadas fueron el antídoto y una apuesta a la ampliación del mercado interno, al sostenimiento del nivel de empleo, de la actividad económica y posibilitando la demarcación de políticas de re primarización. Aún en ese contexto adverso, toda la sinergia producida por el kirchnerismo permitió que los trabajadores alcancen el 50/50 en relación a la participación en el PBI, el cual en 2002 se ubicaba en el 29%; esto estuvo acompañado con un incremento del salario real sustancial -salario mínimo- alcanzando más de 650 u$s al finalizar la presidencia de CFK. La magnitud puede percibirse al compararlo con los 250 u$s promedio en Latinoamérica.
Mientras que en la etapa anterior los sindicatos vivieron el conflicto laboral a través de la puja distributiva como una instancia ofensiva que les permitió el fortalecimiento de sus organizaciones y el aumento real del salario, siempre por encima del proceso inflacionario, con la irrupción del neoliberalismo la agenda gremial se convirtió eminentemente en defensiva buscando retener derechos en el contexto de pérdida del salario real, el cual lleva acumulado en 2016, casi 10 puntos. Este escenario expulsivo y de ingreso en el sub consumo de sectores asalariados, conjuntamente con la pauperización de todos los indicadores laborales que se trasladan de forma exponencial a las relaciones de la economía popular está acompasado por cierta complicidad de las conducciones sindicales, desalentando la lucha en términos institucionales y estimulando el traslado desde los andariveles del conflicto laboral al social e inoculando el germen de una futura crisis política.
Mariano Massaro es abogado. Miembro fundador Grupo Walsh FpV. Referente Judiciales.
Nota publicada en Contexto XXI
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