Rubén Armendáriz-CLAE
Pareciera que ya no hacen falta Tratados de Libre Comercio de nueva generación: de facto, sin tener en consideración las constituciones nacionales ni las normas jurídicas internas e internacionales, la derecha enquistada en el poder en Sudamérica avanza hacia la imposición de un bloque político-comercial, digitado desde Washington, que reivindica el proyecto frustrado del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El plan es el mismo del ALCA y hoy encuentra en los gobiernos de derecha de Argentina y Brasil (uno llegado por los votos, otro por golpe de Estado) la decisión de retomarlo, hablando de flexibilización, modernización, inserción en el mundo…
Para ello obturan programas alternativos como un Mercosur más fuerte, con falaces argumentaciones jurídicas y con decisiones que no se adaptan a ningún tratado ni normativa –creando una realidad de inseguridad jurídica en la región que, obviamente, significará un cúmulo de dudas en el momento de exigir inversiones-, alentando una mayor concentración y menor importancia relativa del trabajo, la desregulación de las industrias de servicios y la ruptura de toda norma proteccionista, nacional o regional, de compras gubernamentales.
Pero más allá de esta ofensiva neoliberal y dependiente de los mandatos estadounidenses, hay que recodar que en la última década, después de la derrota del ALCA en Mar del Plata, nuestros países no privilegiaron -porque no pudieron o no quisieron- la conformación de un gran mercado interno plurinacional basado en la complementación productiva, ni priorizaron el progreso tecnológico conjunto a través del aumento del stock de conocimiento, pero enfatizaron el sendero de la división del trabajo aprovechando la demanda asiática de productos.
La cuestión visible en la llamada crisis del Mercosur, es el nivel de cumplimiento “a tiempo” de las normas mercosurianas por parte de Venezuela, que afirma que cumplió el 93 por ciento en solo cuatro años, mientras que otros socios no lo han logrado en los 25 años de funcionamiento. Argentina, Brasil, Paraguay –con la ambivalencia permanente de Uruguay- primero le saquearon a Venezuela la presidencia pro-tempore que le correspondía.
Pero los propios documentos del Mercosur señalan que precisamente es Venezuela el país que más normativas tiene aprobadas, 1.479 de un total de 1.563, es decir, solo queda pendientes 5%. En cambio, Brasil tiene 42,4% por aprobar; Uruguay, 42,40%; Argentina, 37%, y Paraguay, 32,12%.
Se plantea el tema ideológico como causa del quiebre, pero cabe recordar que Venezuela fue incorporada como miembro pleno para completar geopolíticamente al bloque, fortalecer la matriz energética y acumular poder para jugar con mayor fuerza en un mundo que el Mercosur (de entonces) insistía que debía ser multipolar.
Lo mismo sucedió con Bolivia, que desde 2015 es Estado parte y será miembro pleno cuando todos los congresos ratifiquen su incorporación. La diversidad se mantuvo incluso respecto de los Estados asociados al bloque: Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam.
La separación de Venezuela del bloque regional se da en medio de fuertes presiones para avanzar en el acuerdo de integración asimétrica del Mercosur con la Unión Europea, en una negociación en la que Venezuela no participa. Todo parece indicar que Mercosur volverá a ser el organismo para el comercio de las grandes empresas trasnacionales y de intercambios comerciales en términos desiguales con grandes potencias, desconociendo las asimetrías existentes.
La Asamblea Interparlamenaria Europa – América Latina (Eurolat) celebrada en Montevideo en septiembre último, advirtió que cualquier posible Acuerdo entre la UE y Mercosur “debe basarse en la defensa de las economías locales, el respeto a la soberanía de los gobiernos y su capacidad de regular la economía”.
Asimismo, condenó los tratados de libre comercio en vías de negociación y que afectan a los dos espacios. Tratados como el TTIP, el CETA, el TiSA y el TPP que “buscan profundizar en la liberalización de la economía, la privatización de servicios públicos y la desprotección del medioambiente, priorizando el beneficio privado a la soberanía de los pueblos y la democracia”, reza el documento conjunto.
Obviamente, un acuerdo con la Unión Europea profundizará las asimetrías en perjuicio de las economías y sociedades del Mercosur que basarían su economía en la exportación de productos agrícolas, que, en una balanza comercial, frente a la importación de productos tecnológicos e industriales, supondría una pérdida, señala el parlamentario europeo Xabier Benito.
Solución de controversias
Apegado a las normativas mecosurianas, Venezuela apeló a la legalidad para resolver el conflicto a través de la activación del Protocolo de Olivos, solicitando la aplicación de la Resolución de Controversias según lo establecido en el Protocolo de Olivos de 2002. A pesar de que la Presidencia Pro Témpore del Mercosur debía pasar a Argentina recién en enero de 2017, el presidente argentino Mauricio Macri convocó a una reunión de los miembros del bloque (a excepción de Venezuela) para asumir de inmediato esa responsabilidad.
Pese a no estar invitada, la canciller venezolana Delcy Rodríguez se hizo presente en la Cancillería argentina el día de la reunión en Buenos Aires: no sólo le impidieron participar, sino que el trato fue violento para con ella y con el ministro boliviano del Exterior, David Choquehuanca. Un día más tarde, en Montevideo, el controversial canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa fue anfitrión de la puesta en marcha del Protocolo de Olivos, lo que significó un paso significativo de la diplomacia venezolana.
En este documento se establecen varias etapas, comenzando con la posibilidad de resolver el conflicto de modo directo entre las partes, y que cuenta con 15 días para su resolución. Cumplido este plazo, debería darse paso a las siguientes instancias: solicitud de un proceso arbitral mediante la conformación y actuación de un Tribunal ad Hoc. El tribunal debe expedir su decisión en 60 días, prorrogable a 30 días más, o la petición de común acuerdo de iniciar directamente dicho procedimiento frente al Tribunal Permanente de Revisión, que debe cumplir una serie de pautas para su conformación y operación.
A pesar del apresuramiento de Paraguay, Argentina y Brasil, acompañados por Uruguay, por suspender a Venezuela, los autollamados “miembros signatarios” (especie que no figura en ningún acuerdo delo bloque) deberán respetar los pasos legales previstos por la normativa para la resolución de controversias.
Hasta ahora no se adaptaron a la institucionalidad” del Mercosur y avanzaron en base a la arbitrariedad y prepotencia. Para muestra, el último botón: el jueves, el Consejo del Mercado Común (máximo órgano decisorio), dio a conocer su DEC1016, seguramente la última del año.
Sin basarse en ningún tratado, acuerdo ni documento, señala dos puntos: 1) Instruir al Grupo Mercado Común a reglamentar los aspectos operativos derivados del cese de los derechos inherentes a la condición de estado parte de Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, y 2) Esta decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados parte por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del Mercosur. Otro disparate jurídico, y van…
No es de extrañar de dos gobiernos surgidos de golpes de Estado y de otro que desconoce permanentemente sus obligaciones ante Naciones Unidas y la OEA, y mantiene a la parlamentaria mercosureña Milagro Sala como presa política. Extraña que Uruguay, pese a la posición del Frente Amplio y de los movimientos sociales, los acompañe.
Prepotencia, terror mediático, represión, falta de seguridad jurídica: ¿todo para volver al ALCA y a los TLC? La pregunta que queda en el aire es si Europa (Brexit mediante, implosión de la ultraderecha en varios países) y Estados Unidos (con Trump) están interesados en suscribir algún acuerdo con ellos.
*Analista del Cetreo Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)