Los proyectos número 118, 119 y 120, todos del 2015, buscan la implantación de obras para la navegación en los ríos, respectivamente: Paraguai – localizado en el estado de Mato Grosso –, la cuenca del Tapajós y sus afluentes Juruena y Teles Pires – en el estado de Pará –, y el río Araguaia-Tocantins – que pasa por los estados de Tocantis, Pará, Mato Grosso y Goiás. Para eso, obras de dragado deben ser realizadas.
Los tres PDL son de autoría del diputado Adilton Sachetti (PSB-MT), integrante del Frente Parlamentario de la Agropecuaria (FPA). Los proyectos serán evaluados por un Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental (EVTEA) para garantizar el desarrollo de las obras. Y sólo en caso de que las áreas de influencia de los proyectos estén localizadas donde habitan comunidades indígenas, estas serán escuchadas.
Impactos
Para Brent Millikan, director del programa Amazônia de la ONG International Rivers, antes de cualquier pedido de autorización para el uso delos recursos hídricos en el Congreso, lo ideal sería realizar un estudio de impacto ambiental y realizar una consulta previa, libre e informada con las poblaciones originarias, conforme determina la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada por Brasil. Pero así como el proyecto de la usina de Belo Monte, recuerda Millikan, los proyectos están tramitando en la Cámara.
“Están repitiendo el mismo error, la misma ilegalidad que se cometió con Belo Monte. Estamos hablando de un impacto enorme: de dragado, desplazamientos, intervenciones severas que además de tener un impacto sobre casi todo el ecosistema en los ríos, en los peces, en la calidad de agua. Son impactos que van a acumularse. Por ejemplo, en el caso de río Teles Pires, cuando son construidas cuatro represas, se forma totalmente irregular, al margen de la ley. Los impactos de la hidrovía van a sumarse a los impactos de las represas y son hidrovías que pasan en medio de aldeas indígenas”, criticó Millikan.
Agronegocio
Los intereses por la construcción de hidrovías en los ríos de las regiones norte y centro-oeste de Brasil es estratégico, porque son áreas con gran concentración de producción de granos. Actualmente el sector sufre con el estrangulamiento de servicios de transporte y de puertos para descarga la producción.
El llamado arco del norte, que acabara los estados de Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará, hasta Maranhão, son la nueva ruta de explotación para el sector del agronegocio. Aliado a la construcción de hidrovías están las hidroeléctricas, proyectos esenciales para el funcionamiento de las compuertas previstas en las hidrovías, sumándose a los ya negativos impactos en la Amazônia.
Los tres proyectos fueron aprobados por las comisiones de Medio Ambiente, Minas y Energía, y se encuentra en la Comisión de Constitución y Justicia e de Ciudadania (CCJC) para ser deliberados.
El martes, los diputados del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del Partido de los Trabajadores (PT) han solicitado que los PDLs sean presentados en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías. El diputado federal (PT-SP) y el vice presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, Nilton Tatto, afirma que los proyectos se oponen a la Constitución en el artículo 231, inciso 3, que afirma que cualquier aprovechamiento de los recursos hídricos y minerales debe escuchar y tener el consentimiento de las comunidades afectadas.
“La estrategia, en este momento, es que no sea aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ); y caso contrario, que sea llevado para otra Comisión, la de Derechos Humanos. Lo que estamos haciendo es evitar que ese proyecto pase para al rito final de las comisiones y quede listo para el plenario”.
Traducción: Maria Julia Gimenez