Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de La Paz, tras la tragedia, fue destituir a las principales autoridades de las estatales Dirección General de Aeronáutica Civil y la operadora de aeropuertos Aasana
04 de Diciembre de 2016.- El gobierno boliviano encontró los primeros indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del avión Lamia que se accidentó en Colombia, dejando 71 muertos y seis sobrevivientes, según informó un miembro del gobierno.
«Hemos encontrado nosotros indicios de posibles incumplimiento de deberes, incumplimiento de control interno, posiblemente uso indebido de influencias y omisión de denuncia», afirmó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Milton Claros, entrevistado por una red de medios estatales.
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de La Paz, tras la tragedia, fue destituir esta semana a las principales autoridades de las estatales Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la operadora de aeropuertos Aasana, tras versiones de que la nave nunca debió realizar ese vuelo directo desde Santa Cruz hasta Medellín.
Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, donde tenía que llegar el equipo brasileño Chapecoense para el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.
Lamia dijo en Bolivia que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haber hecho reabastecimiento de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta a tierras colombianas.
El ministro Claros señaló que la investigación del gobierno busca saber cómo la nave hizo vuelo directo ese día, sin tener la suficiente autonomía de vuelo, y cómo obtuvo autorización para operar en Bolivia con un único aeroplano.
«Amerita sanciones drásticas al interior, en Bolivia, (y) las vamos a tomar, porque es un tema penal, porque se han sacrificado más de 70 personas en este tema, por una inacción, una irresponsabilidad, al cumplimiento de la normativa», aseguró.