Pompeo, nacido en California hace 52 años y miembro declarado del movimiento ultraconservador Tea Party, ha servido al estado de Kansas en la Cámara de Representantes desde 2011, tras una larga experiencia militar como graduado de la Academia de West Point.
El congresista es además miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle, opositor al cierre de la prisión de Guantánamo y ha acusado a los líderes musulmanes estadounidenses de ser «potenciales cómplices con su silencio» en los actos de terrorismo contra Estados Unidos.
Pompeo «ha servido a nuestro país con honor y ha pasado una vida luchando por la seguridad de nuestros ciudadanos», ha dicho sobre él Trump.
Por su parte, el congresista se declaró honrado por «la oportunidad de servir y trabajar junto al presidente electo para mantener seguro a Estados Unidos». «Estoy deseando trabajar con los luchadores de la Inteligencia de EEUU, que hacen tanto para proteger a los estadounidenses cada día», ha apuntado.
Junto a Pompeo, Trump ha elegido al senador Jeff Sessions para el cargo de fiscal general. Al elegir a Sessions como máximo funcionario legal de la nación (el equivalente a un ministro de Justicia), Trump premia a un hombre leal cuyas declaraciones de línea dura y, en ocasiones, incendiarias sobre inmigración son similares a las suyas. Sessions se opone a cualquier vía que dé la ciudadanía a inmigrantes indocumentados y fue un defensor entusiasta de la promesa de Trump de construir un muro en la frontera con México.
Sessions, un veterano senador republicano que forma parte del comité judicial de la Cámara Alta del Congreso, es un opositor frontal a la reforma migratoria y su nombramiento promete generar polémica. En 1986, el entonces presidente estadounidense, el republicano Ronald Reagan, lo eligió como magistrado de un tribunal federal, un cargo para el que no logró ser confirmado por acusaciones de que había hecho comentarios racistas.
Sessions, veterano del Ejército, era uno de los asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y ha trabajado en el equipo de transición del magnate que está seleccionando los miembros de su gabinete. «Mis anteriores 15 años trabajando en el Departamento de Justicia fueron extraordinariamente satisfactorios. Adoro el Departamento, su gente y su tarea. No puedo pensar en un honor mayor que liderarlos», ha señalado el senador en un comunicado.
Sessions aseguró que ha adoptado con entusiasmo la visión de Trump sobre el país y «su compromiso para una Justicia imparcial». Por su parte, el presidente electo ha destacado del congresista su experiencia en el Senado y en el campo de la Justicia, subrayando que es «muy admirado por expertos legales y por prácticamente cualquiera que le conoce».
La tercera pata del equipo de seguridad nacional y orden público del próximo inquilino de la Casa Blanca es el general retirado Michael Flynn como asesor de seguridad nacional. Flynn, exoficial de Inteligencia fue el principal asesor de seguridad nacional de Trump durante su campaña y ocupará ese mismo cargo en la Casa Blanca.
El general retirado recibe la nominación horas después de que la ONG Human Rights Watch denunciara su enorme desprecio hacia la Convención de Ginebra y otras leyes que prohíben la tortura. Flynn se ha negado varias veces a descartar la propuesta de Trump para usar la tortura y otros crímenes de guerra. «Apoyo la idea de que la mejor manera es dejar el mayor número de opciones sobre la mesa hasta el último momento», aseguró Flynn en mayo.
Aunque se da la circunstancia de que Flynn es un demócrata registrado, en realidad se le considera un independiente con una ideología marcadamente reaccionaria, que ocasionalmente saca a relucir en su cuenta de Twitter, donde llegó a escribir que «el miedo a los musulmanes es algo completamente racional» y ha colaborado como contertulio en la cadena rusa Russia Today, asociada al Kremlin.
Según el presidente electo, Flynn es «uno de los principales expertos del país en asuntos militares y de inteligencia y será un activo inestimable» para la Administración.