Rómulo Pardo Silva
Luego del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC los conservadores guerreristas financiaron una campaña de propaganda destinada a crear rabia con consignas específicas para cada clase y situación social. Lo lograron y se rechazó la fórmula de fin a la guerra.
Las Farc dejaban su lucha armada de 50 años, la opinión internacional era favorable, la paz regresaba después de 220 mil muertos y según la Agencia de la ONU para los refugiados 6,9 millones de desplazados obligados a dejar sus hogares, el caso peor a nivel mundial. Pero la mayoría de los ciudadanos no participó en el plebiscito; más de 21 millones, el 62%, no concurrió a votar.
La cara visible de la campaña fue el senador y expresidente Álvaro Uribe. El diario estadounidense The New York Times hizo un editorial en contra suya afirmando que es “El hombre que bloquea la paz en Colombia”. Un político relacionado con el narcotráfico y los paramilitares que tiene carpeta de antecedentes en Estados Unidos. Una muestra es que cuando viajó al lugar donde estaba el cadáver de su padre asesinado lo hizo en el helicóptero de Pablo Escobar fundador y líder del cartel de Medellín.
Uribe exige un nuevo Acuerdo, “Colombia votó No para que se construya un nuevo acuerdo con las FARC” y el presidente Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa, ha iniciado conversaciones con él.
Raphael Morán escribe (*):
“[…] la oposición de derecha, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, mueve fichas para “corregir” varios puntos del documento acordado entre las Farc y el gobierno.” A través de Twitter Uribe dio a conocer una decena de propuestas para presentar al gobierno.
Si bien confirman que se les debe dar protección a los que se desmovilizan, los uribistas insisten de nuevo en que se castigue con “reclusión efectiva” a los guerrilleros culpables de delitos graves. No obstante, Uribe precisa que las penas podrían cumplirse no en cárceles, como lo pedía hasta ahora, sino en “sitios alternativos como granjas agrícolas”.
Y si bien pide mano dura contra el narcotráfico –Uribe no quiere que los condenados por este delito gocen de reducción de penas -, el expresidente pide “una norma de alivio judicial” para los soldados y policías culpables de crímenes.
En materia de participación política, el ex presidente insiste en que se les niegue a los guerrilleros condenados por delitos graves, la posibilidad de postularse a los cargos políticos. Y, sin detallar exactamente su propuesta, Uribe afirma que, de no excluirse (la elegibilidad de responsables de delitos atroces), “debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como los condenados por parapolítica”, en alusión a los políticos que perdieron su investidura por nexos con el paramilitarismo.
Otro punto polémico es de las tierras. Los acuerdos de paz contemplan un ambicioso plan de reparto y distribución de parcelas agrícolas a miles de familias despojadas. Sin embargo el uribismo quiere priorizar los intereses de los terratenientes que adquirieron tierras “de buena fe”, más de la legalidad o no de estas adquisiciones. “Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa”, exige el expresidente en su documento publicado en su cuenta de Twitter.
[…] las intenciones precisas del centro democrático no quedan muy claras aun: detrás de su llamado a «negociar con paciencia», Uribe podría buscar dilatar las discusiones post plebiscito y así frenar la aplicación de los acuerdos de paz hasta 2018, año de elección presidencial en Colombia.”
Es una situación difícil. Cómo cambiar puntos aprobados después de 4 años de discusiones en Cuba. Cómo respetar o no la votación ganadora del No. Cómo volver las FARC a la selva y la guerra en que no tenían posibilidad de triunfo, la guerrilla del ELN debilitada también está por dejar las armas. Cómo aceptar perder lo defendido y logrado en las duras conversaciones en La Habana.
El objetivo de los grandes propietarios es debilitar/impedir el surgimiento de una alternativa política electoral por reformas.
Descabezar sin derecho a ser elegidos a la jefatura de los guerrilleros.
Bloquear el programa agrario comprometido con la entrega de tierras robadas.
Asegurar los vínculos entre las fuerzas armadas y los derechistas.
Cohesionar y consolidar a los terratenientes que usurparon tierras mediante el asesinato y el terror.
Quebrar a los guerrilleros.
Mantener la fuerza militar del estado como dueña de las decisiones legales e ilegales.
Rodrigo Londoño, Timochenko, comandante en jefe de las FARC reafirma que la guerra no volverá y que el Acuerdo firmado se puede perfeccionar y no modificar. Hay una fuerza social y política que presiona el Sí a la paz del Acuerdo. Se ha demandado la invalidación del plebiscito; su repetición en las zonas afectadas por el temporal ese día.
Después de la derrota los delegados del gobierno y las FARC acordaron(**) que van a discutir “las propuestas de ajustes y precisiones para dar garantías a todos” que resulten del diálogo entre el gobierno y “los diferentes sectores de la sociedad”; que ese proceso de consultas será “rápido y eficaz”; que será adelantado por el Presidente (no por las FARC); y que la “salidas seguirán los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional, en especial a sus consideraciones sobre qué implicaría la derrota del Sí… según las cuales el presidente tiene potestad para firmar otros acuerdos de paz… y existe la potestad legislativa del Congreso.
¿Con qué fuerza cuenta cada parte?
Estados Unidos debe estar haciendo un doble juego con sus aliados Santos y Uribe para limitar las posibilidades de una fuerza política de izquierda que puede unirse a Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y garantizar las bases del Pentágono en Colombia cuando se oye que deben cerrarse al volver la paz.
Una salida es enfrentar a los conservadores reconociendo el Acuerdo de La Habana porque se trata de algo histórico, parar el derramamiento de sangre.
No caer en la trampa de una cúpula millonaria que nunca ha respetado la legalidad, la ética, los acuerdos firmados.
Es posible. Gómez Buendía escribe: “el presidente sigue estando facultado para firmar otro (¿?) acuerdo de paz con las FARC sin someterlo siquiera a plebiscito”.
Mientras tanto se reconoce el riesgo de que se rompa el cese bilateral extendido hasta el 31 de diciembre. El algún lugar, por alguna de las partes.
Por un Movimiento para una nueva civilización, sustentable-solidaria. Socialismo no progresismo.
Referencia
(**) http://rebelion.org/noticia.