Brasilia, 22 de octubre 2016. – El mundo político brasileño se vio profundamente conmocionado por el arresto en la mañana de cuatro policías legislativos por parte de la Policía Federal (PF).
La detención se realizó en el marco de la operación “Lava Jato”. Presuntamente, los policías detenidos se habían encargado de eliminar eventuales escuchas telefónicas que mostrarían que ciertos senadores eran parte activa de la trama del enorme escándalo de corrupción, informó DPA.
El Senado del país suramericano incluso paralizó todas sus actividades, incluyendo la sesión de debates, debido al impacto que generó la acción de la Policía Federal (PF).
Entre los agentes de la fuerza legislativa arrestados se encontraba el director de la corporación, Pedro Ricardo Araújo de Carvalho. Uno de los policías ya fue liberado, mientras los otros pertenecen en la comisaría principal de la PF en Brasilia.
Los cargos que se les adjudican a los detenidos son corrupción pasiva privilegiada, asociación criminal y obstrucción a la investigación por parte de asociación criminal.
Las acciones de la Policía del Senado, a pedido de los propios senadores y con el único objetivo de eliminar escuchas, habrían sido realizadas en las casas de los ex presidentes Fernando Collor (del centroderechista Partido Trabajador Cristiano) y José Sarney (PMDB), hoy integrantes del Parlamento. También en las de sus compañeros de la Cámara Alta, Gleissi Hoffmann (del izquierdista Partido de los Trabajadores) y Edison Lobao Filho (PMDB).
Las versiones indican que Sarney, incluso, se habría comunicado directamente con Araújo de Carvalho para pedirle la eliminación de ciertas escuchas telefónicas de su residencia.
Según se indicó desde la PF, sólo los policías legislativos son, hasta ahora, blanco de investigación. En el caso de que se decida acusar a algún senador, el caso será enviado para el Supremo Tribunal Federal (STF).
De acuerdo a lo informado por el diario O Globo, el presidente de la Cámara, Renan Calheiros, perteneciente al centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), no apareció hoy en el recinto. A lo largo del día, varios senadores interpelados por el periódico afirmaron no entender muy bien lo que estaba sucediendo.
Pese a no aparecer, Calheiros había divulgado una carta en la que defendía a la Policía Legislativa (PL) en sus funciones. En ella, afirmaba que la fuerza “ejerce sus actividades dentro del ámbito prescripto por la Constitución, las normales legales y el reglamento administrativo del Senado Federal”.
El jefe de Diputados Rodrigo Maia, del partido centroderechista Demócratas (DEM) también defendió el accionar de la PL, diciendo: “El problema que veo en investigar a integrantes de esta fuerza es que ellos están para proteger la prerrogativa de los parlamentarios al sigilo de información y de fuentes”. La prerrogativa a la que se refiere Maia está en el artículo 53 de la Constitución Brasileña.
Sin embargo, Alexandre de Moraes, ministro de Justicia del país suramericano, afirmó: “Esta fue una operación instrumental, en relación a conductas que, supuestamente, estarían obstruyendo las investigaciones del ‘Lava Jato’. Las investigaciones nos llevaron a la conclusión de que algunos servidores de la policía del Senado Federal realizaron un serie de actividades dirigidas a obstruir a la justicia”.
Además, agregó: “Ellos fueron más allá de su competencia”.
“Son varios eventos los que justificaron la autorización del juez (para la detención)”, completó Leandro Daiello, director general de la PF.
El arresto de los integrantes de la PL, en el marco del “Lava Jato”, ocurre sólo dos días después de la detención del ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), que sacudió los cimientos del escenario político brasileño y creó un clima de inquietud e incertidumbre para la gran mayoría de sus colegas.
Las detenciones de los policías se enmarcan todas dentro de la operación “Lava Jato”, una trama que comenzó en marzo de 2014 y es considerada la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil.
Por “Lava Jato” están siendo investigados más de 50 políticos en relación con el presunto pago de sobornos por parte de terceras empresas para obtener un trato de favor en sus negocios con Petrobras, una de las compañías energéticas más grandes de América Latina.