Publico.es / Agnese Marra
El expresidente fue denunciado esta semana por corrupción pasiva y lavado de dinero. La falta de pruebas de la acusación y el espectáculo «mediático y ridículo» de los abogados ha vuelto a poner en entredicho a la justicia del país.
18 de septiembre de 2016.-
SAO PAULO (BRASIL).- El discurso de Deltan Dallagnol duró casi tres horas y la frase que más repitió fue la siguiente: «Lula era el comandante máximo del esquema de corrupción». Este fiscal del Ministerio Público Federal (MPF) convocó el pasado miércoles una rueda de prensa en un hotel de Curitiba para dar a conocer a los periodistas las nuevas pruebas que tenían contra Lula da Silva y sus supuestos vínculos con la operación Lava Jato que investiga la corrupción en Petrobras.
Fue en 2014 cuando el Juez Sérgio Moro, desde su juzgado de Curitiba (al sur del país), comenzó a investigar el mayor escándalo de corrupción del país basado en millonarios desvíos de dinero de grandes constructoras brasileñas a políticos de diversos partidos, a cambio de ganar licitaciones de obras públicas relacionadas con la estatal petrolera.
Pero el pasado miércoles Dallagnol sólo habló de un partido y de un político. Con un lenguaje y unas formas más cercanas a las de un pastor evangélico que a las de un abogado, este fiscal dio un discurso exaltado contra el ex presidente Lula da Silva al que acusó de «comandar una organización criminal» y de ser el «responsable de un sistema de propinocracia».
Más allá de los gritos y del «espectáculo de pirotecnia» -así lo calificaron diversos juristas-, las acusaciones concretas de los abogados del Ministerio Público contra Lula fueron por corrupción pasiva y lavado de dinero. Además del expresidente y su mujer, Marisa Leticia, otras ocho personas están acusadas de formar parte de un esquema que desvió al menos 87,6 millones de reales de Petrobras. Según los fiscales, Lula da Silva sería «el jefe del grupo».
El Ministerio Público acusa a Lula de haber otorgado dos contratos a la constructora OAS para llevar a cabo obras vinculadas con Petrobras. A cambio, el expresidente habría conseguido reformar un triplex en la playa de Guarujá por valor de 2,4 millones de reales, y OAS también le habría pagado el alquiler de un almacén -donde Lula guarda los regalos recibidos durante sus gobiernos- por el valor de 1,3 millones. Según los fiscales el ex presidente habría recibido un total de 3,7 millones de reales por beneficiar a la constructora brasileña.
Esta rueda de prensa ya es el segundo gran evento mediático que se produce para relacionar a Lula con la operación Lava Jato. El anterior tuvo lugar el 4 de marzo cuando la Policía Federal entró sin avisar en la casa del expresidente y se lo llevó bajo un mandato de conducción coercitiva a declarar en una comisaría del aeropuerto de Congonhas. Dicen que la idea era llevárselo a Curitiba, pero la presión en las calles hizo que decidieran no moverlo de São Paulo.
Al igual que esta rueda de prensa, el mandato de conducción coercitiva impulsado por el juez Moro fue duramente criticado, ya que Lula siempre se había mostrado dispuesto a declarar ante la Policía Federal, sin necesidad de que lo llevaran a la fuerza. Aquella vez el interrogatorio también trató sobre las reformas hechas en el triplex de Guarujá y en una casa de campo, pagadas por constructoras acusadas en Lava Jato. Según la acusación, el expresidente es el «verdadero dueño» de esos inmuebles pero hasta ahora no hay pruebas que lo indiquen. Lula lo ha negado hasta la saciedad.
El «ridículo» del Ministerio Público
En la rueda de prensa del miércoles se esperaba que dieran a conocer las pruebas definitivas del supuesto vínculo de Lula y Lava Jato, pero tampoco fue así. En realidad no hubo novedades, sino una denuncia calificada por varios juristas como «frágil, poco técnica y mediática». Una de las primeras debilidades de la presentación de los fiscales fue el hecho de acusar a Lula de ser «jefe de una cuadrilla criminal», pero no denunciarlo por participación en organización criminal. «Es algo completamente absurdo; si realmente piensan que es el comandante de un esquema delictivo, ¿por qué no lo denuncian formalmente?», se preguntaba el profesor de Derecho Wálter Maierovitch.
Al especialista en Filosofía del Derecho, el jurista Lênio Streck, le preocupa que el propio fiscal Roberson Possobom reconociera en la denuncia del MPF no tener «pruebas cabales» que comprueben que Lula es propietario del apartamento. Según Streck, eso demuestra «la fragilidad» de las acusaciones: «Fue una denuncia heterodoxa. Si llegara a salir adelante y se aceptara, causaría conmoción en el mundo jurídico».
Para el ex presidente de la Organización de Abogados de Brasil (OAB) Marcello Lavenére, la rueda de prensa fue «un espectáculo para las escuelas de comunicación, y no una actuación propia de un Ministerio Público en los cánones que establece la Constitución de 1988». El jurista se mostró «escandalizado» ante el comportamiento «inaceptable» de este grupo de fiscales. Según Lavanére, el propio Ministerio Público debería «procesar» a estos trabajadores por «manchar su imagen» y dejar «en ridículo» a una institución «que no debería ser política».
La socióloga Esther Solano también señaló el cariz político de la denuncia: «La justicia se sustenta en las pruebas. Si se construye con retórica, ideología, mesianismo varios y posturas político-partidarias, se convierte en un circo peligroso e intolerable». Para el profesor Pablo Ortellado, el problema de la denuncia no sería tanto «la fragilidad de los indicios», sino el «alarde de una tesis demagógica y mal sostenida que fue ampliamente aceptada por los medios», decía en su página de Facebook. Incluso el columnista Reinaldo Azevedo, conocido por su declarado antipetismo, calificó de «inepta» dicha denuncia: «Rechazo este espectáculo, entre otras razones, porque lo considero contraproducente. Hay muchas posibilidades de que el pasado miércoles este ruidoso fiscal firmara la absolución del jefazo petista».
«Prueben mi corrupción e iré a pie a la comisaría»
Al día siguiente de las acusaciones presentadas por el MPF, le tocó el turno a Lula. Recibido bajo gritos de «Lula guerrero del pueblo brasilero», dio una rueda de prensa en la sede del Partido de los Trabajadores (PT) de São Paulo. Vestido con un polo rojo para «defender los colores del partido», hizo lo que mejor sabe hacer: dar un discurso. Como animal político que es, el sindicalista de San Bernardo dijo que quería hablar «no como expresidente», sino como «ciudadano indignado». Periodistas y militantes le escucharon en silencio. Hizo reír y emocionó, habló como pueblo y para el pueblo, con una retórica ya conocida que irrita a un sector de la izquierda y enamora al otro.
Apoyado por el presidente del partido, Rui Falcão, que le daba apuntes cada cierto tiempo, y con el séquito de senadores petistas detrás, Lula hizo un repaso histórico del PT, de sus primeras elecciones y transitó entre la autocrítica y el autohalago: «Fui comedido, nunca prometí el socialismo, ni acabar con la lucha de clases. Me propuse que cuando acabara mi mandato todo brasileño pudiera comer tres veces al día, y conseguí mucho más que eso».
En respuesta a la frase del fiscal Dallagnol que dijo que Lula «no estaba por encima de la ley», el expresidente dijo que ni él, ni el Ministerio Público, ni la Policía Federal o el Tribunal Supremo «estaban por encima de la Justicia». Lula denunció que acusaran a su partido de «corrupto» y recordó que había sido durante su gobierno cuando se había creado la Ley de Transparencia: «Nosotros sacudimos la alfombra de la corrupción».
El expresidente se valió de metáforas y dijo que los medios y la oposición habían construido una mentira: «Ya han sacado a Dilma, el otro día echaron a Eduardo Cunha, han puesto a Temer y ahora tiene que llegar el final de la telenovela y sacarme a mí, para hacer un juego de buenos y malos». Recordó que él había ofrecido a la Policía toda la documentación que le requerían: «Se llevaron las carpetas con todos mis discursos y luego me las devolvieron vacías, para copiarlos claro», dijo sacando las carcajadas de un público ya obnubilado.
Lula se definió como la «persona más vigilada y fiscalizada del país» y dijo que en Brasil «sólo Jesucristo era más famoso» que él. Pidió respeto para su familia, en relación a la acusación de corrupción que también pesa sobre su mujer: «A doña Marisa, que la respeten». También recordó que la Policía había entrado en la casa de uno de sus hijos rompiendo la puerta «como si fuera un ladrón», y que en 2005 habían ido tras uno de sus hermanos, «que apenas sabe escribir», por supuestamente participar en juegos de azar ilegales: «Llevan diez años persiguiendo a mi familia».
A pesar de todo, dijo que esta situación no le quitaba el sueño porque él ya sabía lo que era pasar «un domingo de lluvia sin tener un frijol que llevarse a la boca». En ese momento se le saltaron las lágrimas y apeló a su público de siempre, la gente más humilde: «Pueden acusarme de lo que sea porque yo he conquistado el derecho de que podamos caminar con la cabeza bien alta», dijo entre los vítores de los militantes.
Al final se mostró una vez más «a disposición de la Policía y de la Justicia» y amenazó: «Prueben mi corrupción, que iré a pie a la comisaría». Repitió que estaba «tranquilo» porque sabía que le perseguían por «todas las cosas buenas» que había hecho por el país y aseguró: «Se de dónde vengo, a dónde voy, quién quiere que me vaya y quién quiere que vuelva», en clara alusión a las elecciones de 2018. La denuncia del Ministerio Público está en manos del juez Sérgio Moro, que parece que será quien tenga la palabra final sobre el futuro de Lula da Silva.