4 de septiembre 2016.- La maniobra, realizada en 1992 y revelada recientemente por Ambito Financiero, consistió en que los vendedores Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas financiaron a oferentes no reales para subir el precio de corte de las acciones y luego les regresó el dinero.
Una investigación del matutino Ambito Financiero da cuenta de la treta que llevó adelante el Clan Macri a mediados de la década del 90 para elevar el precio de los títulos accionarios que poseían.
Durante la década de los noventa la Comisión Nacional de Valores (CNV) investigó y sancionó a la familia Macri por organizar una falsa subasta pública de acciones de la automotriz Sevel con cuatro empresas offshore para inflar los precios de colocación y así obtener una ganancia de al menos u$s 16,8 millones.
La maniobra consistió en que los vendedores Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas financiaron a oferentes no reales para subir el precio de corte de las acciones de $ 1,58 a $ 2,00 y luego les regresó el dinero.
La oferta pública se lanzó en junio de 1992 por 80 millones de acciones en total, de los cuales 30 millones eran del propio Francisco Macri y 10 millones de su socio Blanco Villegas, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, director de la compañía y tío materno de Mauricio, fallecido en 2011.
El falso inversionista fue Daniel Cardoni, presidente del Banco Medefín (que luego fundió), quien presentó ofertas de cuatro firmas, todas situadas en paraísos fiscales.
Los fondos para financiar la operatoria, unos u$s 54,8 millones, salieron de la cuenta que Mauricio Macri poseía en la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York.
Las empresas offshore involucradas son BM International Bank and Trust Company Limited (Bahamas); Inversora Towlin S.A. (Uruguay); Financiera Gadsen S.A. (Islas Cayman); Financiera Lansing S.A. (Islas Cayman) y Lawton International Corporation (Islas Vírgenes-Reino Unido).
Luego de la subasta y, antes de realizar el pago, las firmas BM, Towlin, Gadsen y Lansing cedieron los derechos sobre las acciones que les habían sido adjudicadas en la licitación a Lawton. El dato que comprueba la estafa es que todas las otras empresas estaban bajo control de Daniel Cardoni: era accionista de BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton.
Con pedidos de informes a la SEC, la CNV determinó que el 1 de julio de 1992 Mauricio Macri transfirió a su nombre u$s 9.152.068 que tenía depositados en Banca della Svizzera Italiana de Nueva York a la cuenta Nº 2048080 de BM International Bank and Trust Company Limited, ubicado en un paraíso fiscal.
Dos días después, el 3 de julio, Mauricio transfirió u$s 45.660.878 del mismo banco a la cuenta Nº 2048080 de BM en Bahamas. Los dos movimientos habrían sido por orden de su padre.
Esos dos datos y los comprobantes de giro constan en la foja 608 del Expediente Nº 711/92 rotulado «SEVEL ARGENTINA S.A. s/ antecedentes licitación de acciones y adjudicación de ofertas», que sirvió de base para elaborar el informe de la CNV, que puede consultarse en http://www.cnv.gob.ar/resdisciplinarias/resfinales/resolucion13899.htm.
La devolución del dinero a los falsos oferentes se produjo a la semana siguiente. El 7 de julio la empresa BM International Bank and Trust Company Ltd. depositó $ 25.057.534 en la cuenta de Sevel en Credit Lyonnais, de Nueva York (fs. 867) y el 10 de julio se produjo otra devolución parcial de dinero a Sevel, con la remisión de BM a la cuenta de Sevel en la Banca Nazionale del Lavoro, también de Nueva York, por $ 20.057.534 (fs. 866).
Con el dinero que tenía depositado Mauricio en el exterior pudieron cancelarse los créditos otorgados por Sevel a los adjudicatarios de sus propias acciones, papeles que a su vez habían sido cedidos a Lawton International Corporation.
Los principales perjudicados de la presunta maniobra por fueron 636 pequeños inversores, intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta, lo que significa que aceptaban de antemano el precio de corte que resultase. Según la CNV, el perjuicio para estos grupos se estima en u$s 33,6 millones.
Según el organismo de control, «de no haber existido la oferta presentada por BM (adjudicataria de 20.004.639 acciones) el precio de corte hubiera alcanzado a $ 1,58 por acción y no $ 2,00, por la magnitud de su oferta en el segmento competitivo». Según la Comisión, por el accionar de Medefin y tras la operación, Franco recibió un beneficio personal de u$s 12,6 millones y Blanco Villegas se habría alzado con u$s 4,2 millones.
El titular de la CNV en ese momento era Martín Redrado, quien ordenó acciones, pedidos de documentación y abrió el expediente 711/92 «ante la presunción de una intervención no real del oferente BM». Sin embargo, Redrado no pudo comprobar nada. «Le metimos presión al tema, no mostramos desinterés ni negligencia, pero no llegamos a tener pruebas de la vinculación entre las sociedades que efectuaron las ofertas y el Grupo Macri», dijo al diario Página 12 en agosto de 2003.
El 12 de junio de 1997 se dictó la primera resolución contra los Macri, como resultado de las investigaciones iniciadas en 1992. Luego, la CNV denunció penalmente el caso ante la Justicia en 1997, pero desistió de ser parte querellante en la causa y todo quedó en la nada.
Ante la gravísima acusación, Franco Macri adujo en su descargo que la CNV «no tiene atribuciones para sancionar conductas contrarias a la transparencia… por lo que excedió sus atribuciones legales…, careciendo además de poder de policía sobre personas físicas».
Mauricio y otros directores de Sevel justificaron su falta de responsabilidad en la teoría de derecho penal denominada «de la prohibición de regreso», que sostiene como argumento central que «todo favorecimiento imprudente de realizaciones dolosas ajenas es impune».
Pero además, Mauricio no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y responsabilizó a su papá. «La única actividad por la que se me menciona fue la extracción de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el carácter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal».
Por esta maniobra la CNV le aplicó la multa máxima vigente a la época que fue de $ 7.966 en total. A Mauricio le enviaron una multa por $ 500, a Franco una de $ 3.800 y a Blanco Villegas le cobraron apenas $ 100. Ninguno las pagó porque apelaron la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que declaró la prescripción del supuesto delito de fraude.
En la sanción de la CNV por la «manipulación de mercado» también se le aplicó una multa de $ 200 a Santiago Diego Lussich Torrendel (CI Nº 1.386.725-7) por ser el director de Lawton International Corporation, la offshore que dirigió toda la operatoria fraudulenta. ¿Quién es Santiago Diego Lussich Torrendel? Es el mismo contador uruguayo que abrió Fleg Trading Ltd. en Bahamas el 31 de marzo de 1998 con acciones al portador y un capital de u$s 5.000, y de la que Franco y Mauricio son directivos.
En ese momento la Comisión Nacional de Valores (CNV) investigó y sancionó a la familia Macri por organizar una falsa subasta pública de acciones de la automotriz Sevel con cuatro empresas offshore para inflar los precios de colocación y así obtener una ganancia de al menos u$s 16,8 millones.
La oferta pública se lanzó en junio de 1992 por 80 millones de acciones en total, de los cuales 30 millones eran del propio Francisco Macri y 10 millones de su socio Blanco Villegas, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, director de la compañía y tío materno de Mauricio, fallecido en 2011.
El falso inversionista fue Daniel Cardoni, presidente del Banco Medefín (que luego fundió), quien presentó ofertas de cuatro firmas, todas situadas en paraísos fiscales.
Los fondos para financiar la operatoria, unos u$s 54,8 millones, salieron de la cuenta que Mauricio Macri poseía en la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York.
Las empresas offshore involucradas son BM International Bank and Trust Company Limited (Bahamas); Inversora Towlin S.A. (Uruguay); Financiera Gadsen S.A. (Islas Cayman); Financiera Lansing S.A. (Islas Cayman) y Lawton International Corporation (Islas Vírgenes-Reino Unido).
Luego de la subasta y, antes de realizar el pago, las firmas BM, Towlin, Gadsen y Lansing cedieron los derechos sobre las acciones que les habían sido adjudicadas en la licitación a Lawton. El dato que comprueba la estafa es que todas las otras empresas estaban bajo control de Daniel Cardoni: era accionista de BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton.
Según el organismo de control, «de no haber existido la oferta presentada por BM (adjudicataria de 20.004.639 acciones) el precio de corte hubiera alcanzado a $ 1,58 por acción y no $ 2,00, por la magnitud de su oferta en el segmento competitivo». Según la Comisión, por el accionar de Medefin y tras la operación, Franco Macri recibió un beneficio personal de u$s 12,6 millones y Blanco Villegas se habría alzado con u$s 4,2 millones.
El titular de la CNV en ese momento era Martín Redrado, quien ordenó acciones, pedidos de documentación y abrió un expediente «ante la presunción de una intervención no real del oferente BM». Sin embargo, Redrado no pudo comprobar nada. «Le metimos presión al tema, no mostramos desinterés ni negligencia, pero no llegamos a tener pruebas de la vinculación entre las sociedades que efectuaron las ofertas y el Grupo Macri», dijo al diario Página 12 en agosto de 2003. El 12 de junio de 1997 se dictó la primera resolución contra los Macri, como resultado de las investigaciones iniciadas en 1992. Luego, la CNV denunció penalmente el caso ante la Justicia en 1997, pero desistió de ser parte querellante en la causa y todo quedó en la nada.
Ante la gravísima acusación, Franco Macri adujo en su descargo que la CNV «no tiene atribuciones para sancionar conductas contrarias a la transparencia… por lo que excedió sus atribuciones legales…, careciendo además de poder de policía sobre personas físicas». Mauricio y otros directores de Sevel justificaron su falta de responsabilidad en la teoría de derecho penal denominada «de la prohibición de regreso», que sostiene como argumento central que «todo favorecimiento imprudente de realizaciones dolosas ajenas es impune».
Pero además, Mauricio no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y responsabilizó a su papá. «La única actividad por la que se me menciona fue la extracción de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el carácter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal».
Por esta maniobra la CNV le aplicó la multa máxima vigente a la época que fue de $ 7.966 en total. A Mauricio le enviaron una multa por $ 500, a Franco una de $ 3.800 y a Blanco Villegas le cobraron apenas $ 100. Ninguno las pagó porque apelaron la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que declaró la prescripción del supuesto delito de fraude.
