Prensa Latina
Brasilia, 20 de septiembre 2016. – El juez federal Sergio Moro aceptó hoy la denuncia presentada por fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, aun cuando admitió que las pruebas presentadas son cuestionables.
Ciertamente, tales elementos probatorios son cuestionables, mas en esta fase preliminar (del proceso) no se exige conclusión respecto a la responsabilidad criminal, sino apenas justa causa, apuntó Moro en su despacho, reseñado por el servicio de noticias UOL.
Con esta decisión, Lula, su esposa Marisa Letícia da Silva y otras seis personas pasaron a la condición de reos de la Justicia Federal por los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La semana pasada los procuradores de Lava Jato Deltan Dallagnol y Roberson Pozzobon convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia, que los abogados de la defensa de Lula consideraron eminentemente política y cuyo objetivo es evitar que éste sea candidato a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Hay una escena de persecución y, más que eso, una verdadera intención de excluir al expresidente Lula del escenario político y electoral, subrayó el letrado Carlos Zanin.
Los abogados defensores advirtieron también que los fiscales de Lava Jato utilizaron para acusar a Lula información que aparecía solo en el esbozo de una delación premiada que fue recusada por la Procuraduría General de la República.
Salta a los ojos que los suscriptores de la denuncia, ante la falta de cualquier base jurídica para sustentar una acusación contra Lula, buscaron por medio de un grosero espectáculo de populismo mediático atacar su reputación y condenarlo a través de titulares (en los medios), subrayaron en una declaración.
En su opinión, además, ‘solamente la presencia de un juez imparcial’ en el caso podría revertir lo que definieron como un escenario de absoluta destrucción del Estado Democrático de Derecho y de rechazo a las garantías fundamentales.
A fines de julio último, Lula presentó una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando la cruzada judicial lanzada en su contra y resaltando las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los abusos de poder por parte del juez Sergio Moro y de los fiscales de Lava Jato.
Previamente, el Instituto Lula había dado a conocer un documento en el cual sostenía que en más de 40 años de actividad pública, la vida del ex-presidente fue investigada en todos los aspectos: político, fiscal, financiero y personal, sin que ‘encontraran nada capaz de asociarlo a los desvíos en Petrobras, investigados en la Operación Lava Jato, o cualquier otra ilegalidad’.