Agencia de Patentes.- En una reunión entre la asociación argentina de agentes de la propiedad industrial (AAAPI) -que reune a estudios de abogados de grandes empresas internacionales- y el Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo, se reveló que en breve sería emitida una Resolución denominada “PPH local” por medio de la cual los solicitantes (empresas transnacionalea) podrán voluntariamente acelerar la concesión de sus solicitudes de patente adaptando el pliego reivindicatorio a una solicitud equivalente extranjera concedida.
La mencionada resolución permitiría de manera ilegal que la concesión de una solicitud de patente ocurra en un plazo breve luego de la presentación del pedido correspondiente a través de la utilización de un formulario estándar que sería provisto por el propio INPI. Para ello se estarían adaptando los procesos en las secciones correspondientes de la Administración Nacional de Patentes.
La medida provocará la concesión de patentes medicinales y biotecnológicas otorgando derechos exclusivos de explotación a empresas extranjeras de medicamentos y alimentos en perjuicio del mercado nacional y contra el acceso a estos productos a precios asequibles.
Esta resolución sería inconstitucional según informaron especialistas en propiedad industrial no asociados a la AAAPI, quienes consideraron que una resoluciónsimilar fue implementada en el pasado y debió ser revocada por orden de la justicia argentina.
El presidente del INPI, quien asumió hace poco tiempo luego de actuar como agente de la propiedad industrial ante el propio INPI, esta siendo investigado por incompatibilidad en sus funciones.
Finalmente, las autoridades del INPI comunicaron a los agentes de propiedad industrial que también se estaría firmando un acuerdo PPH con los Oficinas de Patentes de los países del PROSUR mientras que se haría lo propio con otras Oficinas extranjeras más adelante.
Contexto
(Cronista).- El cambio de Gobierno y las intenciones de retomar las «relaciones carnales» con Estados Unidos motivaron a los agentes de propiedad intelectual a comenzar un fuerte lobby ante las nuevas autoridades contra las regulaciones argentinas del sistema de patentes. Tanto es así que la entidad que los nuclea envió una nota al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y mantuvo una reunión con funcionarios de su área para pedir cambios en la normativa, lo que generó una fuerte preocupación de la industria farmacéutica argentina.
«Nos dirigimos a usted en representación de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (Aaapi) para llamar su atención sobre la grave situación en la que se encuentra la administración del sistema de patentes en nuestro país», comienza la nota enviada por la entidad a Cabrera, el 13 de enero.
Los agentes son los encargados de tramitar los pedidos de patentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y cuestionan una serie de normas instrumentadas por este organismo para evitar que los grandes monopolios mundiales farmacéuticos extiendan sus patentes más allá de los 20 años autorizados. Concretamente para esta industria, los agentes pidieron la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente. «Las guías se aplicaron para evitar las patentes truchas, como por ejemplo, los segundos usos de las drogas, o diferentes formas farmacéuticas por las cuales los laboratorios líderes del mundo pedían nuevamente la patente», enfatizó un empresario de la industria local.
La Ley Argentina de Patentes, del 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de estas «patentes truchas», como le llama la industria.
A partir de la carta enviada a Cabrera, y frente al temor de que la visita del presidente norteamericano Barack Obama y los intentos por recomponer el vínculo con Estados Unidos –político y comercial– derive en concesiones del Gobierno en ese área, los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) encendieron la luz amarilla. El director ejecutivo de la entidad, Alfredo Chiaradía, junto al presidente de Cilfa, Isaias Drajer, de laboratorios Elea, se reunieron semanas atrás con Cabrera y le transmitieron su preocupación, según contó el empresario farmacéutico, Rubén Abete, en un reunión del comité ejecutivo de la UIA. «Se quiere advertir que en el marco de las buenas relaciones puede estar escondido un pedido de extender monopolios», enfatizó un empresario del sector.
La carta de la Aaapi también hace referencia a que el contenido de la norma es «ilegal y abiertamente inconstitucional» y que «son numerosas las empresas que han visto cercenados sus derechos» y que decidieron posponer inversiones en la Argentina a la espera de que se cumpla con las normas del acuerdo ADPIC. «Otras directamente han decidido dirigir sus inversiones a países vecinos (…) Todo ello se reflejó en una constante reducción de las solicitudes de patente en la Argentina», agrega la misiva de la entidad.
«Nos dirigimos a usted en representación de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (Aaapi) para llamar su atención sobre la grave situación en la que se encuentra la administración del sistema de patentes en nuestro país», comienza la nota enviada por la entidad a Cabrera, el 13 de enero.
Los agentes son los encargados de tramitar los pedidos de patentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y cuestionan una serie de normas instrumentadas por este organismo para evitar que los grandes monopolios mundiales farmacéuticos extiendan sus patentes más allá de los 20 años autorizados. Concretamente para esta industria, los agentes pidieron la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente. «Las guías se aplicaron para evitar las patentes truchas, como por ejemplo, los segundos usos de las drogas, o diferentes formas farmacéuticas por las cuales los laboratorios líderes del mundo pedían nuevamente la patente», enfatizó un empresario de la industria local.
La Ley Argentina de Patentes, del 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de estas «patentes truchas», como le llama la industria.
A partir de la carta enviada a Cabrera, y frente al temor de que la visita del presidente norteamericano Barack Obama y los intentos por recomponer el vínculo con Estados Unidos –político y comercial– derive en concesiones del Gobierno en ese área, los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) encendieron la luz amarilla. El director ejecutivo de la entidad, Alfredo Chiaradía, junto al presidente de Cilfa, Isaias Drajer, de laboratorios Elea, se reunieron semanas atrás con Cabrera y le transmitieron su preocupación, según contó el empresario farmacéutico, Rubén Abete, en un reunión del comité ejecutivo de la UIA. «Se quiere advertir que en el marco de las buenas relaciones puede estar escondido un pedido de extender monopolios», enfatizó un empresario del sector.
La carta de la Aaapi también hace referencia a que el contenido de la norma es «ilegal y abiertamente inconstitucional» y que «son numerosas las empresas que han visto cercenados sus derechos» y que decidieron posponer inversiones en la Argentina a la espera de que se cumpla con las normas del acuerdo ADPIC. «Otras directamente han decidido dirigir sus inversiones a países vecinos (…) Todo ello se reflejó en una constante reducción de las solicitudes de patente en la Argentina», agrega la misiva de la entidad.
Cambio de Presidente del INPI
(Eldestapeweb).- El Gobierno nacional realizó una nueva polémica designación. Ahora, nombró a un socio de José Martínez de Hoz (h) en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, un organismo descentralizado del Ministerio de la Producción, que conduce Francisco «Pancho» Cabrera.
El abogado Dámaso Pardo fue nombrado como presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Pardo es parte del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz (h), conocido por sus siglas PAGBAM, y desde allí comanda el área especializada en propiedad intelectual.
Ahora, ese estudio tradicional, que incluye entre otros al hijo del periodista Mariano Grondona, desembarca en el Estado en el área encargada del patentamiento de productos industriales. Al igual que en el caso de Aranguren, la designación quiebra lanzas con la ley de Ética Pública, ya que un funcionario tiene prohibido «dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades».
Es decir: Pardo pasa de asesorar a sus clientes en casos sobre propiedad industrial a dirigir el organismo que regula directamente esa área. La ley obliga al flamante funcionario a «renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo» o «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES ( 3 ) años o tenga participación societaria».
El dato fue difundido por el Observatorio Sudamericano de Patentes. Desde el INPI confirmaron la designación de Pardo, cuyo nombramiento no fue publicado aun en el Boletín Oficial, aunque remarcaron que Martínez de Hoz (h) «no es ni será» funcionario del organismo.