03-09-16.- La Fundación GEP realizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) una importante presentación que busca proteger la Salud Pública y el acceso a tratamientos frente al abuso de multinacionales farmacéuticas sobre el sistema de patentes. La misma consiste en una ampliación de la oposición que la fundación presentara en 2015 contra la solicitud de patente que la empresa estadounidense Gilead pretende sobre sofosbuvir, medicamento que representa la cura de la hepatitis C para cientos de miles de personas en Argentina. Gilead busca el patentamiento ilegítimo del sofosbuvir para quedarse con el monopolio de la comercialización de este medicamento en nuestro país y de esta manera fijar un precio exorbitante que compromete tanto el acceso para las personas como la sustentabilidad de los programas públicos de provisión de medicamentos. Aproximadamente 800.000 personas tienen hepatitis C en Argentina.
La ampliación elaborada por el equipo técnico de GEP, con asistencia de organismo internacional Initiative for Medicines, Access and Knowledge (IMAK) provee al INPI (organismo público encargado del examen y otorgamiento de patentes) de evidencias sobre la falta de cumplimiento de los requisitos legales en la solicitud de Gilead y se da luego del primer dictamen de los examinadores del INPI en el que se informa sobre la falta de los requisitos de novedad y actividad inventiva que pide la ley para que una patente sea otorgada. Sin embargo este dictamen no toma en cuenta en sus fundamentos la principal evidencia de arte previo que fue presentado por GEP en mayo de 2015, posibilitando que Gilead tenga ventajas dentro del expediente. Por ello GEP debió reiterar y ampliar los argumentos que no fueron tenidos en cuenta y que son contundentes para el rechazo de la solicitud, probando que la empresa farmacéutica estadounidense pretende apropiarse indebidamente de un compuesto químico que ya se encuentra en dominio público.
José María Di Bello (Secretario GEP), Lorena Di Giano (Directora Ejecutiva GEP) y Alex Freyre (Presidente GEP) al momento de presentar la ampliación de argumentos en la oposición a la solicitud de patente de Gilead sobre sofosbuvir en el INPI
El otorgamiento de esta patente inmerecida significaría una privación del derecho a la salud de los argentinos, lo que parece no importarle mucho a Dámaso Pardo (fotografía), abogado y flamante Presidente del INPI que hasta junio de 2016 era socio del mega estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h).
En reunión con el equipo de GEP en ocasión de la presentación realizada Pardo dejó claro que su misión en el INPI es otorgar derechos de propiedad, cuando en realidad frente al abuso permanente de parte de las compañías farmacéuticas multinacionales el rol del INPI conforme la normativa vigente debe ser de examinar las solicitudes y sólo “entregar derechos” en el caso de que las mismas cumplan con la ley. La expresa postura de Pardo es defender el interés de las compañías que formaron parte de la clientela de su estudio jurídico, algo que Pardo no tiene ningún reparo en hacer público. Pardo fue nombrado en su puesto en evidente conflicto de interés para dirigir el INPI (al violar la normativa vigente de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Argentina) siendo que co-encabezaba el área de Propiedad Intelectual del bufete de abogados PAGBAM.
El Estado argentino realizó su primera compra de sofosbuvir a fines de 2015, para cubrir la necesidad de las personas en estado avanzado de deterioro hepático causado por la infección por hepatitis C. Como figura en el Boletín Oficial del día 5 de enero, la compra consistió en la adquisición de 52.416 unidades a $51.105.600 a Gador (concesionaria de Gilead, a un precio por unidad de $975) y de 89.600 unidades a $20.966.400 a Richmond (laboratorio nacional que fabricó produjo y vendió la versión genérica a un precio por unidad de $234). Los precios de adquisición a uno y otro oferente demuestran que alternativas como la producción nacional, la oferta de genéricos y la ausencia de monopolios ilegítimos son necesarias para que el Estado cumpla con el rol de garantizar la salud de todas las personas que viven con VHC en nuestro país, y no sólo de quienes se encuentran en mayor urgencia.
Por esto es que el aporte de GEP y de la sociedad civil en su conjunto es vital para defender nuestros derechos: es fundamental impedir que las empresas lucren con la salud de los ciudadanos y encontrar voluntad de articular en las autoridades nacionales para que los medicamentos tengan siempre su carácter de bien social que garantiza el derecho humano a la salud, y no de mercancía.
