19 agosto 2016 – La petición del PT, firmada por Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous, solicitó protección a la CIDH para paralizar el proceso de juicio político contra Rousseff.
El Gobierno interino de Brasil recibió la notificación de la CIDH horas antes de que el Senado aprobara la apertura del juicio contra Rousseff. En el documento, la OEA pide a Temer que su Gobierno «presente explicaciones y argumentos sobre la naturaleza del proceso», que, según alegan los aliados de Rousseff, «es un ‘golpe'».
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Gobierno brasileño ya está trabajando en la respuesta formal a la OEA, que debe ser presentada en un plazo de siete días hábiles.
Mientras tanto, el 25 de agosto empezará la última fase del proceso, que podría extenderse por cinco días. Rousseff se presentará ante el Senado por primera vez desde el 12 de mayo, día en que empezó el juicio.
El Partido de los Trabajadores (PT) anunció hoy, tras la aprobación del informe que lleva a un juicio final a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, que ha denunciado esa decisión ante la OEA como un «golpe de Estado».
La demanda fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha criticado la forma en que se ha desarrollado el proceso de destitución que enfrenta Dilma Rousseff, suspendida desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por Michel Temer, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia.
La decisión del PT fue anunciada horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será realizada a fines de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que «suspenda» el juicio político contra Dilma Rousseff, que califican de «ilegal».
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta «un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil».
«Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática», apuntó.
Rousseff ha sido acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.