La política de criminalización y represión de los movimientos populares que está llevando a cabo la presidencia de Enrique Peña Nieto, alcanzó el pasado domingo una nueva cuota de horror y tragedia. Como respuesta a las demandas de los profesores normalistas, en particular de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las fuerzas de seguridad estatal y federales respondieron con el uso de armas para reprimir las manifestaciones en la ciudad de Nochixtlán, Oaxaca. Aunque tanto los hechos como las cifras han sido negadas en parte o bien tergiversadas por el Estado, que desde la Comisión Nacional de Seguridad argumentó que ninguno de los policías portaba armas al momento del conflicto, las evidencias que se viralizaron en las redes sociales desmintieron y replicaron la versión de los hechos. [i] Al momento, fuentes locales aseveran un conteo de al menos 13 muertos, más de 20 desaparecidos y otras tantas decenas de heridos.
La matanza tuvo lugar en el bloqueo de la autopista Oaxaca-Puebla, que mantenía desde hacía varios días la CNTE con el apoyo de otros movimientos sociales y de los pobladores locales, en defensa de los reclamos normalistas. Entre las 10.30 de la mañana, momento en que comenzaron los disparos y hasta pasadas las 15 de la tarde, cuando las fuerzas policiales debieron replegarse por la constante presión de los manifestantes, los puntos de choque se presentaron como escenario de confusión y caos, a juzgar por el contraste entre los relatos ofrecidos. Sin embargo, lo único que emerge cristalino es la evidencia de una masacre que expone la excepcionalidad como regla en el operar del estado mexicano. Diversos testigos en Nochixtlán recogen la frase “Tiren a matar”, pronunciada en contra de los manifestantes [ii] , tras lo que desde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) declararon que el presidente “pasó de ser un represor a ser un asesino. Llevar al extremo una imposición de una reforma con la vida de mexicanos, eso rebasa los límites de tolerancia del pueblo de Oaxaca”. [iii]
Los hechos del 19 de junio son parte de un ciclo de protestas que comenzó tiempo atrás, desde la aprobación a finales de 2012 de una reforma educativa presentada por Peña Nieto y sus intentos de aplicar la ley en el territorio nacional. Quienes reprueban la reforma, señalan que la misma no es otra cosa que el intento de recuperar la potestad de control sobre el movimiento magisterial. Ocurre que, bajo la promesa de trabajar en los déficits de la educación mexicana –con su tasa de graduación por debajo del promedio de la región, entre otras falencias-, desde el estado se espera recuperar el terreno cedido a la CNTE para la regulación del trabajo docente. Sindicato de trayectoria disidente al oficialismo y de amplia penetración entre los maestros al sur del país, la CNTE desde el 2015 enfatizó sus reclamos a favor de la supresión de los nuevos criterios de evaluación docente [iv] , de la garantía de los puestos laborales y de la necesidad de entablar una mesa de negociación para discutir la reforma con la Secretaría de Educación. Desde el gobierno enfatizan su disposición al diálogo, bajo la premisa irrevocable de que se terminen las protestas y se acepte la flamante legislación.
En el cortocircuito de ese punto muerto, forzado desde el Palacio Nacional, se despliegan los acontecimientos. La sección 22 de la CNTE, representando a la coordinadora en Oaxaca, viene sufriendo en los últimos años la detención arbitraria de numerosos integrantes: precisamente aquellos de mando intermedio, impulsores del movimiento de protesta, con un claro objetivo de desarticular las luchas emprendidas contra el estado. [v] Agrupados bajo el lema de “Maestro, aguanta, el pueblo se levanta”, los pobladores locales se fueron radicalizando en un movimiento que recuerda a los comienzos de las luchas en 2006 encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En palabras de Víctor Zavala Hurtado, líder de la CNTE, “los padres de familia están apoyando a sus maestros, incluso hay algunos que están tomando las escuelas con los estudiantes. El gobierno debe entender que la situación que estamos viviendo está a punto de un estallido social”. [vi]
Paradójicamente, tras el estallido del domingo el gobierno debió abrir los canales de diálogo vedados a la CNTE en el pasado, que deberá resolverse en los días venideros. [vii] Tal medida, aceptada a regañadientes y una vez efectuada la masacre, evidencia los límites de la singular democracia mexicana, que pondera en primera instancia la imposición de una reforma que atenta contra aquellos a quienes se dirige y que la defiende con balas y sangre, en perjuicio de los derechos y de las reivindicaciones populares.
Notas
[i] Ver https://www.youtube.
[ii] http://desinformemonos.
[iii] http://parentesisplus.
[iv] En el documento elaborado por la CNTE “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”, que contrasta las propuestas de reforma presentadas por el Poder Ejecutivo con las suyas: en relación a los criterios de evaluación del desempeño docente, por ejemplo, frente a la aplicación de un sistema rígido y verticalista la CNTE propone “una evaluación distinta, de abajo hacia arriba (…), horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa”. Ver http://www.lahojadearena.
[v] Ver detalle en http://
[vi] http://
[vii] http://internacional.