Narciso Isa Conde
“…el régimen colombiano mantienen su apuesta al desarme unilateral de la insurgencia con débiles garantías, a la permanencia de su ejército con unos 585 mil efectivos, al mantenimiento de las siete bases militares estadounidenses y a la restructuración y calificación del paramilitarismo bajo control de la CÍA, MOSAAD y cuerpos especializados.”
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….” Por eso debe pensarse en construir -previamente a cualquier tipo de desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz con justicia social, soberanía y dignidad en medio de un cese al fuego bilateral y una progresiva desmilitarización bilateral de la lucha política; situando en el centro de las grandes metas a alcanzar el rescate de la soberanía que posibilite sacar a Colombia del tablero guerrerista del imperialismo occidental.”
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“Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión, deberían de inmediato convertirse en hechos consistentes antes de contemplarse la pretendida desmovilización de los ejércitos populares creados por FARC y ELN durante medio siglo de heroísmo; que bien podrían asumir nuevos roles en medio del cese al fuego bilateral, la detención de la confrontación armada y el nuevo periodo de refundación democrática del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.”
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Estos párrafos forman parte del artículo que con el título “Diálogos de paz colombianos: DESARMATE…Y YO ME QUEDO CON LAS BASES Y LOS HIERROS” publiqué en noviembre del 2015 a mi regreso de Cuba, inmediatamente después de los intercambios que sostuve con la Delegación de Paz de las FARC-EP, incluida una larga e intensa conversación con el Comandante Timochenko.
Estas ideas la he sostenido desde el inicio de esos diálogos y eso consta en los artículos y pronunciamientos que he publicado sobre el proceso colombiano, como en todas las conversaciones con las FARC-EP.
Siempre he sostenido que no aportaría al logro de una paz duradera, que en el proceso de transición de la prolongada guerra colombiana a la convivencia pacífica, el actual Estado Colombiano y su clase dominante-gobernante, a nombre de un constitucionalismo decadente y de una institucionalidad sensiblemente pervertida y corrompida, esencialmente violenta, se le conceda la posibilidad del monopolio de las armas.
Eso a mi entender desequilibraría el proceso y facilitaría su deformación en el curso de la aplicación de los acuerdos concertados y por concertar.
Por eso, con la franqueza que me caracteriza me permito valorar con espíritu solidario y sentido crítico el contenido del acuerdo definitivo sobre cese al fuego bilateral y el cese de las hostilidades militares.
⦁ La paz como anhelo popular.
Las FARC-EP no podían obviar el anhelo de paz de su pueblo ante el impacto desgarrador de una guerra que dura más de 60 años. Ese anhelo ha tocado su corazón.
Con la fortaleza del no derrotado –reafirmada aun después del derrumbe del socialismo real- las FARC hicieron bien en plantearse ese propósito, recurriendo a un nuevo diálogo de paz con un régimen en seria dificultades, erosionado por sus políticas neoliberales, el terrorismo de Estado y el engendro narco-paramilitar.
Pienso que lograron profundizar la agenda inicial, alcanzar una proyección política sin precedente, ampliar sus vínculos con la sociedad colombiana, y en la Mesa de Diálogos de la Habana, pudieron -a base de talento y firmeza- plasmar en el papel y en una parte de la conciencia colectiva un conjunto de acuerdos de gran valor programático para la democratización de Colombia y el abordaje de importantes problemas políticos-institucionales, económicos-sociales y culturales.
Basta repasar lo acordado en temas como el agrario, participación política, derechos democráticos, reivindicación de las minorías discriminadas, el drama de los/as desplazados/s, la cuestión ambiental, la problemática de las drogas, justicia transicional y la reparación a las víctimas… para entender el valor de ese magnífico esfuerzo.
⦁ La “dejación” de armas no debería convertirse en entrega y desarme unilateral de las FARC-EP.
La cuestión difícil de asimilar, altamente riesgosa, se relaciona con el “Acuerdo sobre el Cese al fuego y de Hostilidades” y la “dejación de armas”, que sorpresivamente incluye su “entrega” a plazo fijo (180 días) a comisiones fiscalizadoras designadas por ONU y CELAC; lo que equivale a desarme total y unilateral del ejército popular más potente de Colombia y de nuestra América, a cambio de garantías de seguridad enmarcadas en un sistema sumamente hostil, con controles vulnerables.
No basta consignar en ese acuerdo el compromiso de no usar las armas oficiales en la competencia política, ni tampoco declarar lo que se declara contra las organizaciones criminales y las herencias del paramilitarismo, sin especificar planes y plazos como los que se definen para que las FARC entreguen las armas; sin compromisos concretos de reversión de la hipertrofia de la fuerzas armadas y sus conexiones con el paramilitarismo, sin precisar lo de la salida de las bases militares gringas y el enorme aparato militar estadounidense e israelí presente en ese país.
De presidentes tramposos como Juan Manuel Santos hay que esperar cualquier artimaña de temporal inactividad de esos grupos criminales seguidos de reactivaciones oportunas.
Igual, los Estados como el colombiano tienen mil formas para utilizar las armas en política y en las confrontaciones sociales (no necesariamente como lo están haciendo ahora), revestida o no de legalidad.
En cuanto a la fiscalización de los acuerdos sobre el tema militar, sabemos lo que es la ONU actual y el rol de EEUU en su seno; mientras a la luz de lo que aconteció en Argentina y Brasil, de la gravedad de la situación en Venezuela y la evidente declinación del progresismo a nivel continental, la estabilidad y la independencia de la CELAC se tornan cada vez más precarias.
El desarme de las FARC-EP aumenta la vulnerabilidad de Venezuela frente al plan de desestabilización imperial, en el que las derechas militares, para-militares y civiles tienen pérfidos roles asignados.
En verdad el cese al fuego bilateral y el cese del uso de las armas estuvieron planteados desde el principio e incluso las FARC tomaron la delantera al decidirse por un cese al fuego unilateral que emplazara al gobierno.
No así el desarmarse unilateral de la insurgencia en el contexto de un régimen tutelado por EEUU, con siete bases militares y esencias represivas, violentas, neo-liberales… en un país donde un viraje hacia la democracia real, soberanía y justicia social lleva mucho más tiempo y pasa por un periodo de intensas luchas sociales y políticas.
Pendiente, además, lo concerniente a los otros grupos insurgentes, en particular las negociaciones ELN-Gobierno; escenarios de guerra que bien puede emplear el gobierno y sus reaccionarias fuerzas armadas como pretexto para la continuidad de la militarización y la represión.
Si además se descarta en el acuerdo general la Asamblea Constituyente, llamada a constitucionalizar ese texto y a refundar el Estado y el sistema político colombiano, y solo se recurre al plebiscito y otros mecanismos para la aprobación e institucionalización final de los acuerdos, las actuales trabas constitucionales-institucionales a la creación de democracia se prolongarían por tiempo indefinido.
⦁ Un riesgo a evitar.
Ojala equivocarme, pero pienso que en ese contexto el monopolio de las armas en manos de ese Estado implica un gran peligro para esa heroica insurgencia y el pueblo en lucha, así como un mecanismo aseguramiento de lo esencial de la dominación que ha prevalecido y un componente decisivo para la reversión de cualquier avance político o social en ese país. Riesgo para mi innecesario.
Y planteo las cosas así sin minimizar la gran influencia política y la capacidad de movilización de esa insurgencia convertida en fuerza política legal y sin dejar de apostar a que ella, juntos al conjunto de las izquierdas, los movimientos sociales contestatarios y las fuerzas transformadoras puedan contrarrestar los efectos negativos del desarme desde la democracia de calle frente al hecho negativo cumplido.
Es preciso tener bien presente que ni el imperialismo actual ni sus burguesías dependientes son fuerzas de paz, por lo que entiendo que en Colombia una paz digna exige no hacer concesiones que debiliten la capacidad disuasiva de las armas en poder del pueblo, algo muy necesario en el periodo de transición de la guerra a una paz más o menos consolidada.
Por eso mi deseo es que, apostando siempre a la paz con dignidad, en tales condiciones NO SE ENTREGUEN las armas que han costado tantos sacrificios en esa larga y heroica jornada plagada de justas rebeldía. Y lo expreso desde la inmensa admiración, respeto y cariño que le proceso a las FARCC-EP, a su guerrillerada, a sus comandantes y muy especialmente a su fundador, el legendario comandante de comandantes Manuel Marulanda Vélez.