Brasilia, 30 de mayo 2016. – Trabajadores del Ministerio de Transparencia de Brasil exigieron este lunes la destitución de otro de los ministros designados por el presidente interino Michel Temer, tras la filtración de un nuevo audio que confirma la conspiración de la derecha contra la investigación por corrupción en Petrobras.
Se trata de Fabiano Silveira quien fue nombrado hace 18 días por el mandatario interino de Brasil como el nuevo ministro de Transparencia, Fiscalización y Control para dar seguimiento al caso de Petrobras. Sin embargo, el audio filtrado reveló que Silveira no es el indicado para apoyar la investigación de corrupción más importante en la historia de Brasil.
De acuerdo con el audio difundido por Globo TV, Silveira recomendó en febrero de este año tomar medidas para obstruir la investigación y el avance de la Operación Lava Jato en el país. Su intención era que los políticos aliados a Temer impidieran que la operación anticorrupción prosperara.
En la cinta se escucha a Silveira conversando con Renan Calheiros, actual presidente de Senado Federal de Brasil y Sérgio Machado, exsenador y expresidente de la compañía Transpetro (Transportes de Petrobras), todos involucrados en el caso de corrupción de Petrobras.
El pasado 23 de mayo el ministro de Planificación de Brasil, Romero Jucá, renunció a su cargo tras la filtración de un audio en el que conspira para promover el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, con el propósito de frenar la investigación sobre corrupción en Petrobras.
El Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado. La votación final del impeachment en el plenario del Senado sería para el 2 de agosto.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.