Cuando Berta Cáceres recibió el prestigioso premio Goldman, el Nobel verde, su hija pensó que ese galardón iba a ser el escudo de las balas que llevaban desde hace tiempo el nombre de su madre. Pero el reconocimiento internacional no le valió como seguro de vida a la activista hondureña, acribillada a tiros en su casa hace dos meses. Ahora la investigación ha revelado la implicación del poder en su asesinato, y su hija reclama que se haga justicia en el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos.
Entre 2009 y 2016 más de 100 activistas ambientales han muerto en territorio hondureño. Miles viven amenazados y son perseguidos. Como lo era Berta. Lideró al pueblo lenca, la mayor etnia indígena del país, y murió como una firme defensora de los derechos humanos.
Su última lucha fue en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, situado en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. Logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, y el Banco Mundial retiraran su participación en el proyecto.
La policía ha detenido esta semana a cuatro hombres como sospechosos de haber asesinado a la reconocida activista. Dos de ellos tienen relación con el Ejército hondureño: uno de ellos es mayor de infantería y otro había sido capitán. El tercero es gerente de DESA, la empresa hidroeléctrica enfrentada con la ecologista.
La investigación señala a la empresa y al Estado
“El hecho de que haya agentes estatales implicados habla de la magnitud del asesinato. Queremos llegar hasta el final, hasta destapar a los cargos más poderosos y para ello es urgente que haya una investigación independiente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Queremos que se marque un precedente de justicia en un país en el que no la hay”, señala Berta Zúñiga Cáceres, en una entrevista con RTVE.es.
Berta ha heredado el nombre de su madre, su valentía y una lucha que, dice, no terminará nunca. “No se trata de una lucha inmediata, sino universal. Mi madre me enseñó el verdadero sentido de la justicia, que tiene que ver con crear una condiciones de vida óptimas para nuestros pueblos”, afirma.
Sin tiempo de superar el duelo, la joven de 25 años emprendió el mes pasado una gira europea para reclamar una investigación independiente del asesinato de su madre y para paralizar las obras de Agua Zarca, un proyecto manchado de sangre. Berta y Rosalina Dominguez, otra integrante del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han reunido con los distintos bancos europeos que han aportado capital a las obras sobre el río Gualcarque, entre ellos la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y el fondo de inversiones finlandés Finnfund.
“Pensamos que el asesinato de mi mami dejaba comprometida la financiación. Ella ya había avisado de que el proyecto violaba los Derechos Humanos, pero sólo han aprobado una suspensión temporal de los fondos y yo les pregunto: ‘Si su proyecto es tan bueno, ¿por qué han muerto tantas personas por él?’”, se pregunta durante una rueda de prensa en el Consejo General de la Abogacia española en Madrid, la última parada de su viaje.
Explotación feroz de los recursos naturales
Además de Berta Cáceres, otros cuatro activistas del COPINH se han dejado la vida en los últimos meses en defender el agua del Río Gualcarque. “Ese proyecto destruye la tierra, la envenena. El agua es el corazón de nuestra comunidad, nuestro medio de cultivo”, reivindica Rosalina que, con 46 años, tiene la voz gastada de gritar contra un Estado que sólo se acuerda de los indígenas, dice, para explotarles y reprimirles.
Desde el golpe de Estado en 2009, el gobierno hondureño ha otorgado 240 concesiones para la explotación minera e hidroléctrica del subsuelo. De los 850 megaproyectos extractivos, 51 están en territorios indígenas de la comunidad lenca. La presa de Río Blanco es uno de ellos.
“El gobierno después del golpe profundizó un modelo extractivista feroz de la riqueza natural. El proyecto de Agua Zarca ha sido sólo uno de ellos, pero ha sintetizado todos los problemas que puede tener: militarización, sicariato, amedrantamiento, violencia, asesinato. Se han violado todos los derechos que se pueden violar. Y todo con una impunidad total y la connivencia del Estado hondureño”, advierte Berta.
Amnistía Internacional también lo señala en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano: “En un contexto general de delincuencia y violencia, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos de tierras (…) han sido objeto de violencia e intimidación por parte de agentes del Estado y de delincuentes como represalia por su labor. La debilidad del sistema de justicia penal y la corrupción han contribuido a un clima de impunidad generalizada por dichos abusos”.
Pese a los peligros a los que se enfrentan, Berta y Rosalina aseguran que su compromiso es más grande que nunca. No importa que sea la batalla de David contra Goliat. Mujeres indígenas contra gobiernos, ejércitos y multinacionales.