Mario Hernández
Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del Pami excluyó más de 150 medicamentos de la «Provisión de Medicamentos por Razones Sociales» y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social. Este ajuste es parte de una política de desconocimiento de los derechos de los jubilados y pensionados.
Un reciente artículo de Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de la CTA, señala que: «En realidad es un ajuste en las prestaciones, vendrán otros. No resulta lógico, ni racional, decir que se mantiene el descuento del 50 u 80% en los medicamentos excluidos, si éstos fueran ineficaces. Además, distintos profesionales han señalado, que entre los excluidos hay medicamentos importantes.
Hasta la fecha todas las medidas del nuevo gobierno han apuntado a redistribuir en forma regresiva los recursos de la sociedad, a favor de los más poderosos, y a tomar medidas que perjudican a los que menos tienen.
En el caso de los jubilados y pensionados, primero se anunció que no se prorrogaba la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no tenían suficiente aportes; ahora se reduce la lista de medicamentos. A ello se suma que se habla del aumento de la edad para jubilarse y reformas previsionales genéricas».
Punto final para la jubilación de amas de casa
El Centro de Economía Política Argentina realizó un estudio sobre el impacto que tendrá el final de la moratoria previsional anunciado para septiembre por el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.
Luego de que el sistema de moratoria previsional -instaurado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner- alcanzara casi un 97% de cobertura jubilatoria para los argentinos y argentinas en los últimos años, el actual titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que este esquema verá su fin el próximo 18 de septiembre.
Según un cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos tomados del censo 2010 sobre quienes este año estén en edad de jubilarse, la pérdida del sistema de moratorias dejará afuera a unas 141.827 personas, que no podrán alcanzar los aportes requeridos para tramitar su jubilación.
«Hay que entender que la moratoria es el reconocimiento de un derecho de los trabajadores, más allá de su condición. Ocupados, asalariados, registrados o no. El fin de la moratoria va a significar que mucha gente va a quedar afuera», dijo Julia Strada, politóloga y realizadora -junto a Hernán Letcher- del informe publicado por el CEPA, y agregó: «El cálculo es una estimación. Lo bueno sería que la ANSES haga su cálculo y lo publique. Hay datos que sólo maneja ese organismo, como es el caso de quienes sí tenían aportes, que sí trabajaron como asalariados formales, pero que aún así no llegarían a completar los aportes».
En tanto, Basavilbaso argumentó la finalización del esquema de moratorias bajo la idea de que sería «injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye», y agregó: «Queremos que haya una jubilación universal y que tenga una parte contributiva que premie a la gente que puso dinero en el sistema», en base al argumento de «poner incentivos para que la gente tenga trabajo en blanco, incentivos tanto para trabajadores como empleadores».
Según explicó Strada, la nueva dirección de ANSES bajo el macrismo viene a sugerir la posibilidad de jubilarse a través del sistema público con haberes básicos a aquellos trabajadores de menores recursos o que no reúnan la cantidad de aportes necesarios, mientras que al mismo tiempo habilitaría un «sistema de capitalización paralelo para los estratos de mayores ingresos (en sistema público o tal vez privado)». Esto apunta a que quienes tienen mayor poder adquisitivo puedan acumular intereses, como proponían en su momento las AFJP, donde cada uno tenía su propia caja de ahorro.
En 2005, en el país había 65% de coberturas jubilatorias, y luego de la implementación de la moratoria previsional por parte del kirchnerismo se llegó al año 2014 con un total cercano al 97%, lo que significó casi la universalidad de la cobertura previsional. «En las moratorias, además, tuvieron mucho que ver el ingreso de mujeres que fueron amas de casa durante toda la vida, que en la primera moratoria fueron un 73% y en la segunda un 83%. Estamos hablando de 500.000 personas», remarcó Strada.
Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como «la jubilación para amas de casa». La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional. Se estima que el 36 % de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.
Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.
Aún aquéllas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno.
Volver a los noventa: el fantasma de la privatización
El fin de la moratoria previsional y la universalidad jubilatoria se enmarcan en un contexto particular, donde la caja de seguridad social se ve afectada por la falta de aportes patronales y la caída de aportes ante la masiva ola de despidos producida en los últimos meses en el sector público y privado. En este escenario, el recorte y la erosión del sistema de seguridad social estatal representa una pieza clave en el horizonte del macrismo.
«En realidad, y esto es una hipótesis, como ellos están previendo que van a tener menos recaudación en la caja de seguridad social, están pensando en una pensión universal que no se financie con la seguridad social sino, en todo caso, con los impuestos. Que se financie con la caja de recaudación impositiva que no tiene que ver con las recaudaciones laborales», señaló Strada.
Y agregó: «Haciendo una proyección a futuro de qué pasaría, no me extrañaría que, con un sistema de seguridad social más achicado y menos capacidades para cubrir, aparezcan las propuestas de privatización para tener un mejor gerenciamiento de la caja de seguridad social».
Por lo pronto, la ANSES no brindó mayores detalles sobre su próximo plan de cobertura, y para el próximo 18 de septiembre más de 140.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse.
Al respecto también opinó Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados: «Hablan de una nueva ley que contemple cuestiones que ya están contempladas y no resuelven lo que tienen que resolver», haciendo referencia con esto a la cuestión del 82 % móvil que sigue sin ser tratado cuando se habla del sistema previsional.
Wollman diferenció esta propuesta frente al proyecto para una nueva Ley de Previsión Social que promueve desde hace años la Mesa Coordinadora. Este año lo presentarán por tercera vez ya que perdió nuevamente estado parlamentario. En cuanto al texto del mismo Wollman destacó que la Ley «tiene que contemplar que el haber jubilatorio tiene que ser el 82 % del salario del trabajador activo, de acuerdo a lo que recibió en sus mejores sueldos de los últimos 5 años de actividad, y móvil de acuerdo a la categoría establecida en las paritarias».
Asimismo, señaló que un haber mínimo no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil y que tiene que cubrir la canasta básica del adulto mayor que hoy es de alrededor de 10.000 pesos mensuales mientras que el haber mínimo actual es de 4.810 pesos.
Finalmente, respecto al aumento de la edad jubilatoria, el Secretario general de la Mesa Coordinadora mencionó que se trata de una política que viene dirigida por el FMI y está comenzando a ser aplicada en muchos países. Dijo que parten del argumento que con la prolongación de la vida se está desfinanciando los sistemas jubilatorios de todos los países.
La moratoria ideada por el kirchnerismo surgió como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco pudieron eliminar la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.
Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.
Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el estatus de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto. De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.
Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.
También recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.
Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.
Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/jubilados-sin-remedios-sin-moratoria