Telesur
Brasilia, 29 de abril 2016 – Tres representantes del Gobierno de Brasil presentan alegatos en defensa de la presidenta de esa nación, Dilma Rousseff, ante una comisión especial del Senado Federal brasileño que este viernes continúa su sesión de trabajo a fin de aprobar o no el juicio político contra la mandataria.
El primero en participar fue el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, quien se encargó de presentar los argumentos técnicos que demuestran que no hay crimen cometido.
“Los argumentos técnicos demuestran que no hay ningún crimen ni resposabilidad”, dijo.
La acusación contra Rousseff se sustenta en unas supuestas maniobras contables que según la oposición fueron realizadas para presentar los resultados en 2014 y 2015.
Como parte de su maniobra para ejecutar un golpe de Estado contra Rousseff, la derecha brasileña alega que mediante decretos, fueron modificados los presupuestos, lo que permitió acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, acciones que supuestamente no fueron reflejadas en los balances del Gobierno.
Barbosa desmintió estas acusaciones al señalar que los financiamientos se hicieron públicos, al tiempo que explicó que los créditos suplementarios no fueron numerados porque en el 2002 se aprobó un decreto que establece que mientras no sean de carácter normativo no tienen que llevar la numeración.
“Esos decretos son compatibles con la legislación actual”, puntualizó.
El funcionario destacó que esos manejos contables fueron hechos dentro del más estricto marco legal y que muchos de ellos no eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros de su equipo económico.
El Ministro insistió en que no hubo ninguna irregularidad y que, a pesar de que las deudas con la banca pública llegaron a sumar más de 13 mil millones de reales (alrededor de 3 mil 715 millones de dólares) a mediados del año pasado, fueron canceladas en diciembre pasado.
Los otros dos defensores de la mandataria son José Eduardo Cardozo y la ministra de Agricultura, Katia Abreu.
Por su parte, la comisión del Senado elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado y se pronunciará el 10 de mayo, pero en caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe el juicio político, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días mientras se realiza el proceso judicial.