Luis Bilbao
Coyuntura inestable en América Latina. Washington busca cambiar las relaciones de fuerzas regionales a partir de Argentina y consolidar un cerco sobre la Revolución Bolivariana y el Alba.
Para ser lo que se propone, contrafigura continental de Nicolás Maduro, Mauricio Macri está obligado ante todo a resolver el problema interno. Si lo lograre, podría entonces sí presentarse como adalid de la solución para urgentes demandas de 550 millones de latinoamericanos.
¿En qué consiste ese problema interno? Se puede resumir en pocas palabras: cuatro años de estancamiento y recesión; un tercio de la población bajo la línea de pobreza; arcas exhaustas por el pago de 230 mil millones de dólares de deuda externa en una década; endeudamiento interno equivalente a otros 200 mil millones de dólares; inflación entre el 30 y 40%; la mitad de los trabajadores ocupados no registrados; 18% de desocupación real; aplastante crisis energética; déficit fiscal superior al 7%; déficit de la balanza comercial; corrupción y desbarajuste fenomenal de la administración pública (en primer lugar las policías); crecimiento en flecha del narcotráfico…
Para remontar la cuesta descripta Macri cuenta con la coalición Cambiemos: Pro, ficción de partido oficial; UCR, socialdemocracia con raíces históricas y alcance nacional; Coalición Cívica, instrumento ad hoc del Departamento de Estado; respaldo del conjunto del capital y de la mayoría hegemónica de la dirigencia sindical.
Esta síntesis debe inscribirse en otros datos que la condicionan: recesión superior al 4% en Brasil, principal socio comercial del país; caída abrupta de la economía china, estancamiento y riesgo de otro colapso en los centros de la economía mundial capitalista.
Esos centros juegan su carta en Buenos Aires para poner en caja a América Latina. En cinco semanas, desde mediados de febrero al 24 de marzo, tres jefes de Estado habrán venido a ponerle el hombro a la desesperada estrategia imperial: el primer ministro italiano Mateo Renzi, el presidente francés François Hollande y, como colofón, en coincidencia con el 40° aniversario del golpe de Estado de 1976, Barack Obama. Ínterin, Macri visitará al Papa. Antes, en Davos, el capital financiero más concentrado del planeta arropó a Macri con promesas de préstamos e inversiones. Inmediatamente el Gobierno logró el visto bueno del juez estadounidense en cuya jurisdicción, y por decisión del anterior gobierno, está el litigio sobre la deuda externa que no aceptó el canje con quita ofrecido por Néstor Kirchner y su ministro de Economía Roberto Lavagna. Ahora esa barrera está a punto de caer y Argentina podrá regresar al endeudamiento desenfrenado para equilibrar sus cuentas internas. Con tales respaldos en la mano, el presidente de Argentina declaró sin rubor a The Washington Post: «Estoy listo para ser la voz para defender los derechos humanos en todo el mundo. Argentina quiere ser parte de las naciones que están luchando contra el terrorismo y el tráfico de drogas y la defensa de los derechos humanos y la democracia». Francisco recibirá del presidente argentino una propuesta para ayudar a emigrados sirios.
El 24 de marzo en Buenos Aires, junto al premio Nobel de la Paz y presidente de Estados Unidos, Macri intentará coronar y consolidar esta jugada estratégica de Washington, a medio camino entre la perversidad y el ridículo.
Planes y realidades
Contra reglas estrictas del periodismo, es posible afirmar sin atenuantes que ese plan fracasará. A contramano de análisis simplificados e intereses oportunistas de quienes sólo lamentan haber perdido su lugar en el degradado Estado argentino, cabe adelantar que hay espacio social y político para la maniobra. Pero comprender la coyuntura implica subrayar que en la cabeza de los estrategas de la contrarrevolución está excluida la posibilidad de éxito: el propósito es ganar tiempo. Y durante ese tiempo completar el aislamiento de Venezuela, alinear fuerzas para derrocar a Nicolás Maduro y acabar con la Revolución Bolivariana para luego completar el ahogo al Alba. La condición para lograr ese paréntesis en la historia vertiginosa de este siglo es volcar a su favor las fuerzas disgregadas y confundidas de los trabajadores, los chacareros y las juventudes en Argentina.
De modo que la opción no consiste en tener o no a Macri como paladín del desarrollo capitalista y los derechos humanos. La alternativa reside en que el vuelco de Argentina hacia la alianza con Washington y Bruselas, en una coyuntura de volatilización política de Brasil como punto de referencia regional, permita o no frenar, desviar y finalmente aplastar el proceso revolucionario puesto en movimiento por la Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez desde 1998.
Dicho de otra manera: el éxito de Macri no consiste en sacar a Argentina del marasmo, sino en consolidar la fragmentación social heredada y transformarla en una conformación política donde no haya espacio para una poderosa fuerza capaz de alcanzar la unidad social y política de las mayorías tras un programa anticapitalista.
Para repetir lo ya afirmado en este espacio, el capital tiene hoy la iniciativa sin disputa. La división profunda del movimiento obrero, la conducta de sus dirigencias y la absoluta omisión de las izquierdas en el combate planteado, le ofrecen un espacio inédito para imponerse.
Como contraparte, el trasfondo económico y la catastrófica realidad social del país aseguran que más allá de fintas y maniobras, a Cambiemos le resultará imposible llevar adelante la propuesta con la que ganó las elecciones: «lucha contra la inseguridad; pobreza cero y combate al narcotráfico». Por el contrario, la disgregación policial en municipios, la incuestionable realidad de una economía desquiciada y la fuga de capitales hacia el narcotráfico en busca de tasas de ganancia que la producción no ofrece, garantizan un rotundo fiasco a mediano plazo.
No es una profecía: está a la vista. Macri quitó retenciones a la producción cerealera, con excepción de la soya, a la cual redujo impuestos del 30 al 25% con el compromiso de bajar 5% cada año hasta llegar a cero. Eliminó las restricciones cambiarias y sólo mantiene ciertas limitaciones para pagos de deudas y remisión de utilidades anteriores. Quitó retenciones a la minería. Y se vio obligado, ante una imparable escalada de precios demasiado semejante a la anarquía, a elevar el límite de salarios que pagan impuestos y admitir las exigencias del gremio docente. Ambas concesiones durarían poco.
El hecho es que ese conjunto de medidas desfinancian al Estado y aumentan el ya descontrolado déficit fiscal. Siendo como es un gobierno del gran capital, no podía alejarse del abismo revertiendo lo concedido a esa franja de la burguesía. De modo que ante la evidencia del desfasaje, giró sobre sí mismo y retrocedió en las concesiones a sectores trabajadores. De hecho, la suba del mínimo no imponible para los asalariados, rápidamente negada por otras medidas, se transformó en peligroso búmeran que incluso hizo cambiar la actitud de Hugo Moyano, quien amenazó con medidas de fuerza. Lo mismo ocurrió con el gremio docente, que luego de haber aceptado un arreglo favorable a sus demandas, se encontró 48 horas después con la retractación oficial, lo cual dejó abierta la posibilidad de una huelga que impida el inicio del ciclo lectivo, el 29 de febrero. Mientras tanto el dólar acentuó su presión pasando de 13,50 tras la salida del cepo a 15,50 a mediados de febrero, con la consecuente subida de precios y la insoslayable consecuencia: caída del consumo, mayor presión recesiva y acentuación de despidos cuyo origen se remonta a mediados de 2013. Para frenar al dólar, el Banco Central volvió a vender divisas de sus exhaustas reservas.
Aun con indicadores que le adjudican un 65% de aceptación pública (71% un mes atrás), las medidas económicas comienzan a provocar malestar. Alza de tarifas congeladas durante 13 años, inflación en flecha de precios de la canasta básica iniciada bajo el gobierno anterior y acelerada desde fines de diciembre, caída del consumo, sumado a despidos de recientes incorporaciones en el aparato del Estado, comienzan a mover el clima social y amenazan la calma con que fue recibido el nuevo gobierno. En un intento por contrarrestar esa dinámica, avanzando en zigzag Macri anunciaría antes de marzo un conjunto de medidas paliativas que, en sustancia, buscan mejorar formas de asistencia vigentes, tales como asignación universal a menores, subsidios directos y personalizados para transporte, gas y electricidad a personas de bajos recursos. El dilema es obvio: más erogación y menos actividad económica, menos recaudación fiscal implica mayor déficit y, a término, más inflación. Pero, entre la espada y la pared, el Ejecutivo ha negado formalmente un ajuste clásico, conducta que ya hace visibles las disidencias internas ante la coyuntura.
Democracia con bemoles: disgregación del FpV
Entre otras ventajas, Macri cuenta con la disgregación Frente para la Victoria (FpV) y la ruptura del Partido Justicialista (PJ), cuyas principales figuras rodean hoy a Macri. Roto el bloque de diputados de oposición con la fuga de 14 legisladores del FpV, fuera de control el bloque de senadores, cuyo presidente desconoció la autoridad de Cristina Fernández; con ejemplos tales como el de Estela de Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, quien a un mes del nuevo gobierno aclaró que «no soy amiga de Cristina Fernández»; mientras llueven denuncias de corrupción sobre el anterior elenco oficial y durante febrero siete altos funcionarios fueron citados por el Poder Judicial, el rumbo de la oposición más dura queda resumido en una anécdota curiosa: el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (blanco de todas las pullas de la sociedad bienpensante) se asoció con el general César Milani, ex jefe del Ejército en el gobierno anterior, acusado de desaparición de soldados durante la dictadura, para montar una cadena de «pancherías» (puestos de ventas de perros calientes o hot dogs, denominados «pancho» en Argentina).
En este ambiente de vodevil, el Partido Justicialista realizará su Congreso el 24 de febrero obligado por la Justicia. El saldo previsible: batahola entre corrientes irreconciliables mientras no se presente una perspectiva de victoria electoral, hoy fuera del horizonte. En cuanto a la reacción sindical, bajo el látigo disciplinador de la recesión, los principales gremios de la producción discutirán convenciones salariales dentro del marco de lo planteado por el Gobierno: un aumento en torno al 30%. Hasta el momento sólo sindicatos de estatales programan un paro, también para el 24 de febrero. La eventual suma de docentes y la CGT conducida por Moyano, plantea una posible aceleración del conflicto social.
Aun así, el respaldo del capital y las cúpulas sindicales muestra el espacio político que tiene Cambiemos. Con todo, la exigencia puesta por Washington a su discípulo es demasiado elevada. Compelido a bregar por la libertad de Leopoldo López en Venezuela, Macri no puede sostener el hecho de que, sin otra acusación que un acampe en la plaza principal de Jujuy, capital de la provincia norteña del mismo nombre, Milagro Sala esté en prisión desde el 16 de enero. Para evitar su liberación el juez a cargo fue sumando acusaciones. Consta que más de una de ellas será fácilmente probable. Pero no hay juicio todavía. Mucho menos condena. Y Sala sigue detenida, sin que el PJ y ninguno de los gobernadores peronistas pida por su libertad.
López, además de haberse entregado él mismo por temor a que lo asesinaran sus cofrades de la MUD, fue instigador y responsable por desmanes que provocaron 43 muertos en 2014. Fue juzgado y condenado por tribunales institucionales. Nada comparable con eventuales delitos de Sala. No obstante, Macri se compromete ante el mundo por López y deja en prisión a Sala, a la vez que altos funcionarios del gobierno anterior –incluso el vicepresidente– con cargos de corrupción infinitamente mayores, procesados y varios de ellos condenados, siguen en libertad.
Más grave aún: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció a mediados de febrero una disposición por la cual se impedirán los bloqueos de rutas, calles y avenidas en todo el país. Con exquisita delicadeza, la funcionaria, ex militante de Montoneros, aclaró: «si no se van en cinco o 10 minutos los vamos a sacar». Con la gendarmería, por supuesto. Que «sólo excepcionalmente portará armas con proyectiles de plomo», aclaró su segundo más tarde. Sin duda la mayoría social está extenuada y es claramente adversa a cortes de tránsito que, por lo general, afectan sobre todo a trabajadores que concurren a su labor. Eso da al Gobierno un espacio que al parecer la ministra ha medido mal: si como cabe esperar en el clima de demandas crecientes y altamente justificadas hay represión –y heridos, y presos, y muertos– en estas acciones, Macri sufriría un debilitamiento sin retorno, no sólo en su propósito de «defender los derechos humanos en todo el mundo». Su capacidad de gobernar estaría en cuestión. Por eso lo más probable es que la bravata de Bullrich sea contrarrestada por una más de las ya numerosas marcha atrás ordenadas por Macri en las últimas semanas para equilibrar sus insalvables contradicciones.
Será relativamente fácil exponer en Argentina, en Venezuela e incluso en Europa esa incongruencia del protopaladín de la justicia universal que intenta fabricar el Departamento de Estado. La condición es apoyarse en hechos ciertos, visibles, no en calificativos sin base o conceptos insostenibles, además de reconocer el legado del gobierno anterior. Ésa es una tarea urgente. El tiempo es precisamente el factor clave para que la maniobra de Washington alcance o no el objetivo buscado.