Por Espacio Carta Abierta

 

La historia de un país, como ninguna otra historia, no puede resumirse en una serie de imágenes fijas y repetitivas. Pero en el caso de la deuda externa argentina hay una genealogía, si podemos emplear este término, que puede seguirse desde el siglo XIX hasta hoy. Hay una gran bibliografía al respecto, de todas las corrientes historiográficas, hay sentencias de muchos jueces, hay una conciencia pública mayoritariamente condenatoria, cuya historia también es posible hacer. No era la misma esa conciencia en la época de Rivadavia, que en la de Roca, que en la de Kirchner, y ahora, en que se lo conmina al país a iniciar un ciclo nuevo de endeudamiento como quien podría decir “se inicia el nuevo año escolar”. Hacia 1822 había una conciencia ingenua, la deuda eran garantizada por las tierras de la propia Provincia de Buenos Aires. Cuando se terminó se pagar, varias décadas después –sin que se hubiera recibido prácticamente nada, deducidos los intereses y las comisiones– la conciencia era otra, más parecida a un país donde la deuda se manifestaba en infraestructuras –financieras, ferroviarias, comunicacionales– ya controladas por gerentes ingleses y vernáculos, que iban a las mismos clubes de golf en los terrenos aledaños al Ferrocarril, donde fue muy fácil, como con las minas de Famatina en el siglo anterior, desplazar al débil capitalismo criollo, si aceptamos decirlo así. Aun no se llamaban CEO, pues la tradición británica les exigía al menos que leyeran algo –Kipling, por ejemplo– y que no se pusieran nombres de fantasía. El Pacto Roca-Runciman, de 1933, lo hicieron hombres serios, que al igual que Rivadavia –que se carteaba con Jeremy Bentham y conocía los libros de Destutt de Tracy–, no creían que hubiera otra salida para el país a fin de no perder sus cuotas de exportación de carne, como más directamente podían pretender Canadá u otras regiones vinculadas al inmediato alcance mundial de la Corona británica.

La denuncia de este pacto que convertía al país en una sucursal frigorífica es sabido que tuvo la participación de las plumas argentinas más calificadas, la del senador Lisandro de la Torre entre ellas, y de un modo más riguroso la de Raúl Scalabrini Ortiz. Se sobre entiende que lo que Federico Pinedo, el ministro de Justo de apellido repetitivo, presentaba como una exigencia vital para la subsistencia nacional (con la creación del Banco Central en el contexto de ese mismo Pacto, a modo de garantía de cumplimiento), era, al contrario, una prueba de que la crisis mundial se cobraba la autonomía de las naciones. Lo que hoy llamaríamos una crisis global –ayer era el nombre de Swift o Armour, y los de hoy salen todos los días en los diarios–, hizo que hayan cambiado varias denominaciones y circunstancias aunque muchos aspectos se asemejan. Sin embargo la situación que llevaba a considerar al país como una mercancía, podía ser tratada con otros criterios de soberanía (política, financiera y técnica) que implicaran alternativas posibles de movilización del ahorro y el capital público, y la soberanía de su mercado y nivel de actividad económica. Una fuerte mentalidad probritánica lo impedía, aunque no fuera la de técnicos empresariales sin historia, tal como los que aparecieron ahora, luego de ser sazonados en criterios de refinamiento servil que, de tan graves que son los actuales, no siempre los tuvieron sus antecesores. Entrenados por “couchers del imperio”, son nuevos dirigentes formados en serie por lo que hace décadas se llamó “pensamiento único”, luego “hegemonía invisible del mercado” y ahora expertos en convertir a las naciones en actos de plusvalía genérica de un nuevo estilo especulativo cuyo nombre y teoría más rigurosa (y condenatoria), no se tardará en encontrar desde la capacidad de perplejidad de los economistas más sensibles del mundo. Es que se deberá responder con nuevos argumentos a estos miembros fantasmales de los que se llaman a sí mismos “equipos”, integrados por partidarios de una facciosa e inhumana racionalidad financiera, y también por algunos que remontan su alcurnia a viejas familias que vivieron dentro de las estructuras clásicas del poder nacional. Una módica aristocracia siempre es necesaria para cubrir a las nuevas tecnocracias. La reconversión de la conciencia es una forma precavida de la ética globalizada, su égloga declinante y –como se decía antes– francamente entreguista.La historia más a mano, refiere una muerte con que la resistencia política pagó estas limitaciones de grupos políticos y el necio empecinamiento de personas concretas. El acuerdo Roca-Runciman se cobró la vida del senador Bordabehere, que murió por el otro, que tiempo después acabaría suicidándose quizás en una medida no desatendible, debido a aquel asesinato en el Senado de la Nación: el ya mencionado Lisandro de la Torre.

En el siglo XX, el único tramo en que el país tuvo deuda externa cero fue en 1948, durante el primer gobierno de Perón, que además nacionalizó el comercio exterior con el IAPI. En 1952, se inician contactos con el Eximbank y con la Standard Oil de California, lo que implicaba inversiones extranjeras que por un lado chocaban con aspectos doctrinarios de la “tercera posición”, pero otro lado eran temas de la creciente oposición al gobierno de Perón, donde coincidían en la crítica tanto sectores nacionalistas como los que luego de derrocado Perón sumarían al país al Fondo Monetario Internacional (adjudicable a la política de Krieger Vasena). Por su parte, el Plan Prebisch hizo cesar al IAPI, no obstante lo cual se mantenían las visiones negativas que los financistas norteamericanos tenían ante las posiciones de la recientemente creada Cepal, con sus públicas manifestaciones de crítica al “deterioro de los términos de intercambio”. En años posteriores Jauretche, fuerte adversario de Prebisch, reconsideraría muchas de sus posiciones.

Es que no eran éstos nudos fáciles de desatar. Son también los tiempos donde se inicia la deuda con el llamado Club de París y los tiempos en los cuales el frondizismo revierte su política petrolífera restrictiva de la inversión externa por una apertura sin limitaciones que ensalzaba el efecto benéfico del capital extranjero en todos los sectores de la economía. Los años más recientes nos traen palabras nuevas que no tienen muy distintos significados a los endeudamientos anteriores, pero hacen todo más abstracto y grosero, como “megacanje” y otras, que ya significan un escalón más en la pérdida de acciones autodeliberativas de las economías nacionales. Hay funcionarios permanentes de esta noción de “mega canje”, que se convierte en una forma de gobierno, casi una categoría epistemológica, no solo hoy presente en el gobierno de Macri –con los mismo funcionarios que tuvieron estas prácticas en las gestiones de Cavallo, donde el Estado absorbió la deuda privada– sino que se la eleva a una categoría casi equivalente a la de plusvalía gubernamental. Ya no una mera plusvalía proveniente de la deuda y la sobre deuda sobre la sobre deuda, con el consiguiente productividad de los intereses, sino de un modo ideológico profundo de gobierno, estructuralmente ilegal si tomamos en cuenta acepciones tradicionales. Todo el país se convierte en una forma de plusvalía, no solo sus tierras, como en la época casi inocente de Rivadavia o en el caso de los ferrocarriles, frigoríficos, compañías eléctricas y tranvías en la década del 30 del siglo XX, sino que la aparición del unánimemente aceptado concepto de “fondos buitre” nos hace entrar en otra etapa más grave y catastrófica. Hablar de “Chicago Boys”, con lo grave que aquello era, parece hoy una página amarillenta del pasado, pero antecedente inevitable de lo que ahora ocurre.

Entramos a una situación en que ya hay una mimetización completa en el pensamiento de los detentores de cupones de la deuda con los funcionarios que deben aceptar las condiciones más arbitrarias de pago, distintas a las que ya se habían negociado “in extremis” durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Un núcleo “global” de especuladores especializados en quiebras masivas de territorios imaginarios del Capital (pero que son partes concretas del habitar y del vivir de núcleos humanos en todo el mundo), aliados a secciones colonizadas y fundamentales de tribunales de justicia que “se dan su propia ley”, y medios de comunicación masivos con lógicas de control de audiencias que tratan como a “silobolsas” (como commodities que se retienen o se exportan, o se liquidan según tiempos financieros propios, esto es, ven al público como un “público transgénico”) consiguen deteriorar hasta consecuencias inimaginables la vida nacional, llamando éxito en las negociaciones a lo mismo que llaman “éxito” estas nuevas formas del capitalismo mundial, que saben que sus deudores serán “serios” sin mantener ellos ninguna obligación de serlo, cualquiera sea el contenido que le demos a la palabra serio. El éxito del negociador es el megaéxito del deudor.

Siendo un peligro que han denunciado muchos países –para seguir siendo países, naciones, comunidades autogobernadas–, en la Argentina tenemos por fin –luego de una larga historia que seguramente puede ser mejor contada– la coincidencia total entre el pensamiento de los holdouts y los que detentan el gobierno, los HoldGobernment, también con mentalidad de bonistas. Han convertido a nombres como Griesa, Pollack, Singer, en ciudadanos comunes de este país, buenos muchachos, abuelitos que caminan por la city pidiendo ayuda y mirando ansiosos hacia el Banco Central. En su mirada de águila, ellos saben que salvo en un período reciente de su historia, el Banco Central fue fundado con una supuesta independencia de los gobiernos, solo para custodiar los intereses de los pactos de sumisión financiera del país. La respuesta ante esta situación excepcional y de gravísimas consecuencias para el país, debe ser enérgica. Se reinicia el ciclo del endeudamiento nacional y en este caso, con el conjunto de la vida económica, política y cultural como siendo la plusvalía de esta anomalía económica mundial, causa estructural de la pobreza colectiva. En ese caso, el Congreso de la Nación debe contar con la dignidad suficiente para impedir que se voten esos acuerdos, que bajo el pretexto de que “se acabó el default” reiteran antiguas vergüenzas que la política del presente y las generaciones futuras sabrían condenar.