AVN
De aprobarse, como está previsto, la propuesta legal para pagar a los fondos buitre, el gobierno de Mauricio Macri comenzará a vender bonos para recabar entre 12 y 15 billones de dólares que convertirán al país en el mayor emisor de deuda desde 1996, cuando el Estado mexicano solicitó la cantidad de 16 billones.
El diario Financial Times, uno de los voceros del gran capital internacional, publicó el pasado 2 de marzo un editorial en el que señala que este endeudamiento representa «la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996».
Esto significa que Argentina entrega casi la mitad de sus reservas internacionales a los especuladores internacionales, entre ellos cinco nuevos bonistas, que obtendrán hasta un 1.000% de ganancias, refiere Telesur.
Dichas negociaciones están bajo la condición de que el Congreso Nacional derogue las leyes Cerrojo y Pago Soberano, impulsada por el kircherismo para proteger el patrimonio económico de este país, a través de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito.
La discusión del parlamento se lleva a cabo este martes, donde el bloque del Kichnerismo exigirá garantías para evitar que el pago de estos bonos vaya en detrimento de la soberanía del país.
Como estrategia de sugestión, Macri amenazó con aplicar mayores «ajustes» —que se suman a los despidos masivos, devaluación de la moneda, aumento de tarifas del servicio público, entre otros—, si los diputados no acceden a aprobar el acuerdo con los buitres, pues argumenta que se trata de una forma de escapar del supuesto desajuste que dejó la pasada gestión.
La aprobación de este acuerdo pondría fin a la lucha de más de 14 años que el kirchnernismo emprendió en contra de estos pequeños grupos de acreedores, que buscan aprovecharse de las coyunturas económicas del país para su enriquecimiento.
Este conflicto con los holdouts o buitres tuvo sus inicios en la década de los noventa, cuando el endeudamiento de la nación suramericana creció abruptamente en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), lo cual desembocó en una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia de Argentina, con la declaración del impago de la deuda en diciembre de 2001.
De acuerdo con el diario El País, a partir de esta fecha los fondos buitres, como NML Elliot, Capital Ltd, Dart y Aurelius, empezaron a comprar a precios irrisorios los bonos argentinos con el fin de exigir, más adelante, el 100% de su valor original ante los tribunales.
Luego de la toma del poder de Néstor Kirchner en 2003, se iniciaron las negociaciones con estos acreedores extranjeros, a quienes se les ofreció el pago del 75% del capital original de la deuda, pues con esta reestructuración se garantizaba no sólo el reintegro monetario justo sino el resurgimiento de la economía argentina.
Si bien, la mayor parte de estos grupos aceptaron el ajuste, el 7,6% de los bonistas se negaron a la sinceración de los montos y llevaron el caso a juicio en Nueva York, Estados Unidos, donde el juez injerencista, Thomas Griesa, emitió un fallo a favor de los inversionistas y declaró en desacato a la nación argentina, con la intención de obligarla a pagar la deuda.
Argentina nunca se negó a cancelar sus pasivos, sin embargo, apeló la decisión del Tribunal estadounidense, buscando la sinceración de los desembolsos.
Aunque en 2014, bajo el mandato de Cristina Fernández, se logró revertir la decisión de Griesa, congelando el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, la disputa con los bonistas se mantuvo abierta hasta que ahora, en la era Macri, se les pagará lo que piden a costa de los intereses del pueblo argentino.