Hernán Urbina
El gobierno ha reaccionado ante la demanda de la opinión pública de mayor seguridad y control sobre la actuación desmedida de los grupos hamponiles.
En ese sentido el Ministerio de Relaciones Interiores lanzo la OPERACIÓN LIBERACION DEL PUEBLO (OLP) con la específica decisión de atacar represivamente el fenómeno de la delincuencia.
Los medios de información tanto públicos como privados han reseñado las actuaciones del componente policial, que se ha encargado de realizar los procedimientos, muchos de ellos con relativos éxitos en cuanto a la eliminación física de varios delincuentes, con pocas bajas del lado policial.
Estas primeras actuaciones de la OLP, recibieron el apoyo de la población decente, que ante la aparición de desconocidos métodos o poco vistos en Venezuela aplicados por los delincuentes contra la humanidad de sus víctimas, vio con buenos ojos las actuaciones de esta operación. Incluso se mostro de acuerdo con ciertos actos de agresividad aplicados para someter a los delincuentes que encontraban a su paso.
El tema es que detrás de esas actuaciones vino la reacción de los grupos de delincuentes, que cierto tiempo atrás se mantuvieron a las expectativas de los resultados que arrojaría el llamado formulado por el movimiento por la paz.
Sorpresivamente este movimiento fue satanizado por propios y extraños, restándole la efectividad que había obtenido en algunos sectores del hampa.
Al respecto puedo afirmar con propiedad que esta satanización no fue de gratis, pues el trabajo de neutralización de bandas y la reinserción de muchos de ellos a la sociedad, que era el objetivo del movimiento por las paz, encontró resistencia en funcionarios de los cuerpos policiales, que han hecho de la delincuencia un negocio, de grupos que por su manera de operar tampoco les convenía las acciones de pacificación y por otra parte, sectores de la derecha golpista, estaban trabajando en la captación de grupos para incorporarlos a la par-política con fines desestabilizadores, cuyo fin era acondicionar a la población, haciéndole ver que las actuaciones hamponiles eran por culpa del gobierno, al no aplicar medidas represivas contra la delincuencia desbordada.
Esta provocación inducida y apoyada por la oposición con el interés electoral de por medio, obligo al gobierno a implementar las OLP en pleno proceso electoral, cuyos resultados que en cualquier otro momento hubiesen sido favorables para la gestión del gobierno, se convirtió en un elemento más, de los tantos que utilizo la oposición para desacreditar las intenciones del gobierno y que finalmente produjeron efecto en los electores que aun siendo del proceso, fueron objetos de desmanes en los que incurrieron algunos funcionarios, que no solo atacaron a los delincuentes, sino que atropellaron a sus familiares, quienes terminaron votando contra el gobierno.
Ahora bien esta ola represiva del gobierno contra el hampa, ha entrado en una etapa peligrosa, por una parte el gobierno no se puede dejar acorralar por las bandas de delincuentes que de manera desafiante están respondiendo a sus ataques, con eventos tan miserables como el cometido contra el querido y aguerrido periodista RICARDO DURAN.
Acción criminal que es repudiada por todos aquellos que abogamos por la paz de nuestro país. Allá aquellos que se alimentan del odio y que han hecho de la violencia su modo de hacer política.
Todo parece indicar que dicho crimen fue por encargo, trabajo que en situaciones como la planteada, no resulta difícil encontrar quien lo haga, mas si esta por medio la mano pelua del hamponato político, económico, particularmente en aquellos grupos que por sed de venganza, se prestan para cualquier acción de esa naturaleza y mucho más en aquellos a quienes el gobierno le ha descabezado el liderazgo.
Profesionales en materia criminalística, sostienen que «VIOLENCIA GENERA MAS VIOLENCIA» por lo tanto es recomendable, que la sociedad reaccione frente al escenario que se presenta.
El sentimiento Chavista esta herido e indignado con el asesinato del camarada RICARDO DURAN, la población toda esta preocupada por el desbordamiento de la delincuencia y por los niveles de capacidad que muestran los grupos, tanto en su componente humano como en el manejo de logística y armamento.
Del lado del gobierno, tiene la responsabilidad constitucional de resguardar la vida de sus ciudadanos para lo cual dispone de los instrumentos legales, las instituciones y los organismos policiales para tal fin.
El asunto consiste en si para atacar el problema, solo se debe acudir a la aplicación del método represivo o debemos incorporar otros elementos que no vulneren los derechos humanos de los familiares y descendientes de los delincuentes, que resulten abatidos o detenidos en los procedimientos policiales.
Algo hay que hacer para devolver la tranquilidad de los venezolanos y para impedir que se sigan reproduciendo los huevos de las serpientes, que no son otros que los hijos e hijas de tantos delincuentes que están cayendo bajo el plomo de los cuerpos policiales.
La acción policial contra el hampa debe acompañarse, de otros componentes humanistas, que nos ayuden a impedir el tránsito de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes al campo de la delincuencia, porque de lo contrario el tema de la inseguridad, se convertirá en un problema sin solución.
Por cierto el recién creado vice-Ministerio de Asunto para la Paz, adscrito al Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, que preside JOSE VICENTE RANGEL AVALOS está trabajando una propuesta destinada a ese fin.
De no hacerse algo por parte de la sociedad y el gobierno que contribuya con ese propósito entraremos en un punto sin retorno en materia de inseguridad, toda vez que resultara muy difícil acabar violentamente y al mismo tiempo con los huevos de la serpiente.