Prensa Latina
23 de Diciembre 2015. – Millares de trabajadores argentinos marcharon este martes hacia la Plaza de Mayo con vistas a demandar al gobierno de Mauricio Macri un bono salarial de fin de año para paliar la súbita alza de la carestía de la vida.
Convocados por la Central de Trabajadores de Argentina, CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli, Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, los manifestantes primero se congregaron en la céntrica Avenida 9 de Julio y de ahí marcharon a la histórica plaza frente al Palacio de Gobierno.
Desde el gobierno macrista, se anticipó que no habría ningún tipo de bono de fin de año más allá de la ayuda social de 400 pesos (31 dólares) que anunció el lunes el Presidente para jubilados y trabajadores informales.
Además de demandar el bono por fin de año, repudiaron la violenta represión sufrida este martes por obreros de la empresa Cresta Roja en la autopista Ricchieri. Unos cinco mil asalariados de esa compañía se encuentran en un limbo laboral.
Uno de los manifestantes resultó herido de gravedad, mientras que otro recibió una docena de disparos de bala de goma en la espalda, mostró el canal de noticias C5N.
La vicepresidenta Gabriela Michetti sostuvo que la represión ordenada este martes muestra que “el Estado ha recuperado la posibilidad de regular dos derechos que colisionan, el de la libertad para manifestar y el de la libre circulación”. Dijo además que el Gobierno trabaja en un protocolo para actuar durante las protestas en la vía pública.
El personal de esa empresa avícola, que el Poder Judicial decretó en quiebra en dictamen emitido esta noche, lleva acampando hace dos semanas en las proximidades del aeropuerto, y en los últimos días cortaron la Autopista Ricchieri que conduce a la terminal aérea.
La compañía Rasic Hnos ingresó en convocatoria de acreedores en julio de 2014 con un pasivo de más de mil 500 millones de pesos (115 millones 385 mil dólares). Y pese a que después de eso recibió ayuda oficial, no logró normalizar nunca sus actividades.
Hoy, están en peligro los empleos de tres mil 200 trabajadores emplantillados, que sumados a los empleos indirectos ascienden a unos cinco mil.
La jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra de Rasic Hnos, mientras los obreros negocian en el Ministerio de Trabajo alguna ayuda para evitar la pérdida del empleo.
Ese dictamen facilitaría una solución definitiva al conflicto a partir de la venta de los bienes de la compañía con el fin de preservar las fuentes laborales, a través de la continuidad de la explotación comercial, según explicó C5N.
En el juzgado de Pérez Casado estaban a la espera de que el Gobierno Nacional gire unos 100 millones de pesos (769 mil 380 dólares) comprometidos por la gestión anterior.
Los delegados del gremio de Cresta Roja se encontraban reunidos con el ministro del Trabajo, Jorge Triaca, en busca de una solución a su problema.
Ante la represión a trabajadores de Cresta Roja diputados nacionales del Movimiento Evita, que integra el Frente para la Victoria, presentaron un proyecto de ley destinado a”proteger el derecho a la protesta social y a la manifestación pública”. Los consagra como elementos necesarios de la “expresión democrática”.