El TPP «reformula el comercio mundial de acuerdo con los intereses de los países desarrollados, en especial, de Estados Unidos y de sus corporaciones transnacionales», dijo a Sputnik Nóvosti Gonzalo Rodríguez Gigena, ex embajador de Uruguay ante ALADI y MERCOSUR y ex Jefe de Gabinete del Alto Representante General del MERCOSUR.
Los tratados que se discuten en la actualidad — el TPP, el Tratado de Servicios (TISA), en el cual participan más de 50 Estados, y el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP)-, «son para salirse de los marcos de la OMC, donde hay casi 190 países y todos pesan por igual», agrega el experto. Por eso, «el multilateralismo está totalmente paralizado y a nivel de la OMC solo se hacen cosas marginales».
El TPP, que abarca el 40% de la economía mundial, tendrá vastos efectos. En cuanto al Mercosur, la alianza comercial de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia, Rodríguez Gigena señala que la región dirige un 20% de sus exportaciones a países firmantes del TPP. A diferencia de quienes reclaman ingresar al Tratado, el experto considera que «el Mercosur debería buscar un acuerdo, pero no con el TPP, sino con el bloque liderado por China en Asia —Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
El TPP beneficia transferencia de riqueza a grandes corporaciones
El 9 de octubre, Wikileaks filtró el capítulo de propiedad intelectual del TPP.
La Electronic Frontier Foundation, una ONG que defiende los derechos de los usuarios en el mundo digital, señaló que en este capítulo, el TPP «extiende los términos de propiedad intelectual a 70 años después de la muerte del autor, beneficiando la transferencia de riqueza de los usuarios a las grandes corporaciones».
«La extensión hará la vida más difícil para librerías y archivos, periodistas y usuarios comunes que busquen usar trabajos de autores fallecidos que deben pertenecer al dominio público».
Una de las partes que más asusta, «es que ahora no solo se puede ser condenado a pagar multas o penas, sino que todos los materiales usados en la creación de las copias pueden ser destruidos». «Debido a que productos como computadoras se usan para distintos propósitos, esto podría llevar a que se retenga la computadora familiar por compartir archivos».
En algunos casos, las penalidades incluyen hasta cárcel para cualquier copia voluntaria de obras protegidas, aunque no se realice con un fin comercial.
Se penaliza a quienes «tengan acceso no autorizado a un secreto comercial en una computadora», aún si se divulga para interés público, como la actividad periodística.
«Un desastre para la salud global»
La doctora Deborah Gleeson, de la Escuela de Psicología y Salud Publica de la Universidad La Trobe de Australia, opina que el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP «es un desastre para la salud global», porque «es la primera vez que se hace una provisión de exclusividad de mercado para productos biológicos en un tratado de comercio», lo cual provocará un «aplazamiento de la competencia», «un retraso en la posibilidad de conseguir medicinas accesibles, colocándoles fuera de alcance para muchas personas en los países en desarrollo».
Con el TPP, las grandes farmacéuticas cementan «los estándares de propiedad intelectual frenando el acceso a medicinas para 800 millones de personas», lo cual puede provocar un «desastre de salud global de proporciones inimaginables».
Uno de los temas más preocupantes es el mecanismo de regulación de disputas (ISDS). El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió, en un artículo del 2 de octubre, que «los inversores extranjeros ganan nuevos derechos para demandar a los gobiernos al imponer arbitrajes privados contra regulaciones que disminuyan sus ganancias». Además, la obligación de compensar a los inversores por pérdidas de ganancias «puede ser aplicada aun cuando las reglas no sean discriminatorias y las ganancias sean hechas causando daño público», agrega, y pone el ejemplo de la demanda de Philip Morris contra Uruguay, que obligó a la empresa a colocar avisos contra el cáncer en las cajas de cigarrillos.
«Estas provisiones hacen difícil a los gobiernos realizar su función básica, que es la de proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y cuidar el medio ambiente». Por estas razones, Stiglitz considera que el TPP «no trata de libre comercio»: es «para manejar el comercio y las inversiones de los miembros, a nombre de los lobbies de negocios más poderosos de los países».