Juan E. Romero J.
La reciente crisis diplomática entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, ha generado el surgimiento de un conjunto de matrices informativas, que presentan a nuestro país como un Estado Forajido. Cabe preguntarse, ¿en qué consiste un Estado Forajido?. Designa una entidad política (gobierno) que no respeta las normas de convivencia internacional, representando una amenaza para sus vecinos, en término de seguridad y gobernabilidad. Se debe al filósofo político norteamericano John Rawls, quién en su texto Teoría de la Justicia, los definió. No hay duda, que este pensador liberal acuña ese término en perfecta concordancia con los postulados de la política exterior de EEUU y sirve, para marcar un trazado de límites de la actuación en el marco del sistema-mundo y sus instituciones. La ambigüedad en su formulación, es propicia para su aplicación in extenso. Lo que si no queda duda, es que se constituye en un concepto-idea-marco, desde el cual se aborda el funcionamiento de los Estados. Esa ambigüedad es propicia para la situación experimentada en este momento entre Venezuela y Colombia.
No hay duda en el debate, que la decisión de declarar un Estado de Excepción limitado, por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, se ajusta a los términos constitucionales establecidos en la Carta Magna (artículos 322, sobre seguridad de la Nación; artículo 327 referido a la obligación de atender las fronteras; artículo 337 sobre los estados de excepción y el 339, sobre los lapsos y procedimientos del estado de excepción). Sin embargo, en el marco de los tratados y convenios internacionales de los cuales el país es suscriptor, se han empleado para señalar al Gobierno de Maduro como un Estado Forajido. En nuestro criterio, tiene que ver con los excesos cometidos por parte de algunos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el tratamiento de los ciudadanos colombianos que se encontraban en una franja del territorio venezolano, que encaja dentro de las denominadas zonas de seguridad, establecidas por el Estado, con la finalidad de ejercer la soberanía y el control. Al proceder, en concordancia con la orden ejecutiva de abordar la presencia de ilegales en la zona, vinculados algunos de ellos (no todos) al ejercicio indiscriminado de las denominadas Bandas criminales (BaCRim), ligadas a grupos paramilitares colombianos, como las Aguilas negras, los rastrojos y los Urabeños, se cometieron excesos que se encuadran en violaciones de los procedimientos establecidos en el denominado Pacto de San José.
Esos excesos, son la base para que desde el Gobierno Colombiano de Juan Manuel Santos, se haya iniciado una feroz arremetida que ha llegado al extremo de plantearse acusar al Gobierno de Venezuela, de delitos de Lesa Humanidad. Habría que preguntarse: ¿cómo se acusa a un gobierno de delitos de Lesa humanidad contra colombianos, cuándo se ha dado refugio, atención y reconocimiento pleno de derechos a más de 5.700.000 ciudadanos de ese país? ¿Por qué es tan diligente el Procurador General de la Colombia, en tratar las violaciones de DDHH de cerca de 1.500 ciudadanos ilegales y no actúa ante el hecho de los más de 6 millones de desplazados en los últimos 5 años? ¿Cómo explicar que un Estado que da cobijo e incluye dentro de todas sus misiones sociales a los ciudadanos colombianos legalizados o no, viole con toda intención los DDHH? Por supuesto, esto no significa que neguemos de plano el hecho de la existencia de cierto comportamiento xenófobo en una parte de las fuerzas armadas del país, pero sin duda, en los años recientes, se ha insistido en desmontar esa matriz que formaba parte de un diseño geopolítico, destinado a confrontar a Colombia con Venezuela.
Asimismo, se trata de ocultar el hecho, que desde los inicios del Plan Colombia en 1998, hay una política agresiva, por su articulación geoestratégica con los intereses de la Doctrina de Seguridad de los EEUU, que ha llevado a la instalación de bases militares norteamericanas, efectivos militares y asesores que han incidido en que sea el país de América Latina, que dedica más porcentaje de su PIB en gasto militar, que haya incrementado sus efectivos militares por encima de los 250.000 efectivos, con la excusa de la lucha anti-guerrillera, creando un desbalance militar en Sudamérica.
Se oculta, la existencia de un proyecto nacionalista y expansionista, de la elite colombiana que busca la expansión de la zona limítrofe en el Norte de Santander, para procurar la salida a través del Lago de Maracaibo de la producción carbonífera y comercial del oriente colombiano. Se ocultan, los anhelos expresados en la estructura militar colombiana, por procurarse derechos marítimos en el Golfo de Venezuela, que tradicionalmente ha sido zona de dominio e imperio de Venezuela y que contiene recursos de hidrocarburos cercanos a los 540.000 millones de barriles.
Lo peligroso de todo esto, es que sirve para incrementar el bloqueo en torno al proceso venezolano, con la excusa de ser un Estado Forajido. Las reacciones xenofóbicas que esté altercado puede provocar son de gran alcance. A mi modo de ver se trata de una doble vertiente: 1) por el lado colombiano, buscando incrementar las tesis de guerra existentes en el Ejército Colombiano y 2) del lado venezolano, buscando que algún sector militar venezolano se pronuncié contra el desenvolvimiento del Gobierno de Nicolás Maduro, que no “defiende” la soberanía territorial. La matriz comunicativa, que se presenta en los medios, se encamina a procurar un consenso internacional, en torno al tema de violación de los DDHH en Venezuela, para bloquear o procurar sanciones, que hagan posible un estallido interno. Hay que recordar, que esas han sido las tesis vertidas en escenarios internacionales e incluso papeles de trabajo en EEUU.
El Vice-presidente Baden en enero de 2015, convocó en Washington, la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe y en ella, manifestó la tesis que el Estado venezolano es un Estado Fallido (incapaz de mantener el orden interno) y es un peligro (Estado Forajido) para sus vecinos. El 10 de Julio, un papel de trabajo de la Escuela de Guerra de EEUU, denominado “La implosión que se acerca en Venezuela y sus implicaciones estratégicas para EEUU” firmado por un analista Robert Elis, indicaba que el inminente estallido e inestabilidad política en el país, era una amenaza a la estabilidad de todo El Caribe y ameritaba que los EEUU, apoyará acciones de contención desde los vecinos Colombia Y Guyana. El cerco se cierra y se siguen cometiendo errores, que propician e incentivan esa imagen como Estado Forajido y Estado Fallido.