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El 15 de mayo de 2000, la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia expidió la Resolución Externa Nro. 8 de 2000, por la que determina la regulación integral del régimen cambiario de Colombia, y establece quiénes están autorizados para actuar como intermediarios de divisas; estableciendo asimismo dos ámbitos legales de cambio: el mercado cambiario y el denominado “mercado libre”.
1) El Mercado Cambiario Formal: Posee una importante regulación estatal y sólo permite acceder a intermediarios reconocidos por la ley, tales como bancos y casas de cambio legalmente constituidas. Este es el cambio que opera para el gran capital, para el comercio internacional, el mercado de capitales y la inversión extranjera.
2) Mercado Libre de Divisas: Establece una reglamentación en extremo flexible para constituirse en operador cambiario (no exige capital previo, no se declara por debajo de 10.000 $, no declaran sus cuentas en el extranjero, etc). El paramilitarismo lo usa para el lavado de sus activos, blanqueo de capitales y para la acumulación de capitales a fin de reinvertir en diversos circuitos criminales como el del contrabando de extracción de productos de Venezuela. Es la figura legal utilizada por las más de 3.000 Casas de Cambio establecidas en Cúcuta.
Día tras día, el periódico colombiano “La Opinión”, publica una cotización del bolívar que se corresponde con el valor del flujo de divisas y bienes que circulan producto de actividades criminales. Gracias al mercado libre de bolívares y moneda extranjera en Colombia, los especuladores pueden acceder fácilmente a dólares y dar sustento al cambio paralelo dentro de Venezuela. Estos operadores cambiarios están facultados de hecho para operar moneda extranjera sin necesidad de declarar ni su existencia, ni frecuencia de las operaciones, ni los montos de las transacciones a las autoridades colombianas.
Estrategia de Guerra Económica: empobrecer el bolívar desde la frontera
Mientras que la tasa de cambio oficial de la moneda venezolana reconocida por el Banco de la República de Colombia (válida para las operaciones de obligatoria canalización del mercado cambiario), está fijada en $ 249 pesos colombianos por 1 bolívar, (ver http://www.banrep.org/es/conversion-dia-paises-vecinos) los “Profesionales del Cambio”, pagan solo $4.90 pesos por bolívar en sus negocios, imponiendo así una subvaloración del bolívar de más 50.91 %. La evidencia más impactante del ataque programado contra el bolívar, léase, contra el bolsillo de l@s venezolan@s, es que este cambio no oscila con base en las sucesivas devaluaciones del peso colombiano frente el dólar; es decir, no responde a ningún patrón internacional de cálculo macroeconómico relacionado con comparativos de canastas de bienes, demanda u oferta de mercado, reservas internacionales, o al flujo de oferta y demanda de monedas. El acuñado por el mundo gansteril como “Bolívar Cúcuta”, únicamente guarda relación con la definición del denominado “dólar paralelo”, “dólar today” o “dólar criminal”, que durante el periodo de un año se disparó de 78 Bs. por dólar a 703,2 Bs. incrementando artificialmente en 9 veces su valor.
El carácter transnacional de esta empresa mafiosa capitalista se constituyó a partir de un triángulo mafioso del cambio operado mediante una centrifuga con base en Miami, Colombia y el mercado negro en Venezuela cuyo objetivo es la depreciación drástica del bolívar y de sus consecuencias desestabilizadoras colaterales.
Para instrumentar este ataque contra el bolívar fueron instalados más de 2.000 “cambistas profesionales” en Cúcuta, conformando así una inmensa estructura de blanqueo de capitales al servicio criminal a lo largo de la fachada fronteriza del Táchira. Esta estructura impone una distorsión programada del bolívar dirigida, por un lado, a empobrecer al pueblo venezolano y a los millones de colombianos residentes en nuestro país y, por otro, a enriquecer a las mafias paramilitares del cambio, apuntalando el negocio de contrabando de extracción, márgenes de ganancia exorbitantes y una desaforada demanda de productos venezolanos de primera necesidad, subsidiados.
Esta constituye la más poderosa Base de Guerra Económica instalada contra Venezuela. Además del gigantesco margen usurero de ganancia en sus renglones de economía criminal, son evidentes los objetivos geopolíticos detrás de esta operación de sabotaje cambiario: la desestabilización del modelo económico y social de la revolución bolivariana, la exacerbación de la guerra económica en el país y la expansión transfronteriza del narcoparamilitarismo y su proyecto económico, político y cultural. Todo en perfecta articulación con el despliegue del Plan Colombia, así como con la modalidad de invasión y guerra irregular contra la República Bolivariana de Venezuela.
Mecánica del comercio criminal
El fenómeno masivo de contrabando del que hoy somos víctimas en nuestra frontera con Colombia es totalmente distinto del fenómeno tradicional del “microbachaqueo”. De hecho, el mega-contrabando actual ha sido articulado con fines geopolíticos como una gran base de guerra capitalista controlada por mafias violentas. El negocio es utilizar la inmensa masa monetaria en bolívares que genera el contrabando masivo hacia Colombia (con plusvalía bruta superior al 1000%) como pivote para financiar un ejército comercial de ocupación y de sabotaje del acceso a los productos básicos. Así pues, las mafias cambistas controlan una tasa de cambio que concentra y acumula diariamente masas gigantescas de bolívares orientadas a comprar al mayor y detal los productos subsidiados para atender a necesidades básicos en Venezuela.
Dados los requerimientos del comercio ilegal para manejo masivo de efectivo, la mafia del cambio y el contrabando ha llegado al extremo de comprar bolívares en físico, para cambiarlos por transferencias electrónicas en bolívares a cuentas de particulares en Venezuela con 20% o 30% de ganancia (por más irracional que parezca que al consignarle un billete de 100 Bs. a un cambista en la frontera, le aparezcan 130 Bs. en su cuenta bancaria en Venezuela). Este costo es asumido por el agente cambista como una “inversión” obtiene “ganancias” que multiplican al menos por 10 el “capital” inicial.
La manipulación cambiaria es el mecanismo que posibilita el negocio del contrabando. Mediante la imposición criminal de la tasa de cambio del bolívar subvaluado decenas de veces por debajo de su real valor, todos los productos básicos regulados se convierten en más baratos que en Colombia o cualquier otro país del mundo, generando un margen especulativo gigantesco para funcional al contrabando de extracción.
Solo a manera de ejemplo, la harina de maíz a precio regulado de 25 Bs. que equivale a 2 U$, en Venezuela, queda convertida en un artículo de menos de 10 centavos de dólar por efecto del cambio fraudulento impuesto en la frontera. Si tenemos en cuenta que el precio de este producto en Colombia es de 1 dólar, el contrabandista tiene un colchón de 10 veces el valor de su compra para asumir los costos propios de su empresa criminal y obtener igualmente una exorbitante ganancia usurera en pesos.
Si se respetase la tasa de cambio oficial dictaminada por el Banco de la República de Colombia, el contrabando de extracción sencillamente no sería rentable.
Sobra decir que, como toda mafia, el cambio y el contrabando se sustentan en el ejercicio de la violencia criminal para regular su mercado y proteger sus intereses como bien lo atestiguan los sistemáticos hechos de violencia a ambos lados de la frontera en donde operan estos cárteles transnacionales.
Es a este perverso circuito: cambio – contrabando – lavado de dinero – muerte – comercio criminal – paramilitarismo en la frontera, al que el Presidente Nicolás Maduro Moros le está dando una contra ofensiva integral mediante medidas que necesariamente deben ser categóricas y excepcionales. El reto: construir una frontera con reglas claras, respeto a las normas internacionales del intercambio comercial y las finanzas, cooperación entre Estados, respeto a los Acuerdos Bilaterales, coherencia en el trato económico, persecución de los criminales, reciprocidad, transparencia y sobre todo: respeto a nuestro modelo socialista de justicia y vigencia del derecho.
