Hedelberto López Blanch
Si a usted le preguntarán que significa el TISA, casi seguro no sabría responder porque detrás de esas siglas se esconde un tratado ultra secreto creado e impulsado por Estados Unidos que pretende controlar financieramente al mundo a favor de las compañías transnacionales y de los países desarrollados, en detrimento de los pueblos y Estados signatarios.
Desde hace unos años, han sido varias las reuniones efectuadas para tratar de poner en marcha este nuevo modelo de super alianza neoliberal que abarcaría y ataría a todo el planeta y que responde al nombre de Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés).
Debido a los grandes adelantos en la era de las telecomunicaciones y gracias a la sabiduría telecomunicativas del sitio Wikileaks que dirige Julián Assange, las naciones del orbe han podido conocer las verdaderas intenciones de este engendro económico-financiero.
El 19 de junio de 2014, Wikileaks ofrecía los primeros datos del anexo sobre Servicios financieros y el 23 de febrero de 2015 publicó las actas de las negociaciones del futuro acuerdo de finanzas que abarcan a las Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Seguros, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales, entre otros
A espaldas de los Parlamentos, instituciones nacionales, organizaciones sociales y hasta del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en esas reuniones secretas se discuten hasta los mínimos detalles que debería poseer el TISA para controlar las futuras finanzas en el comercio y los servicios.
La clandestina negociación viola además la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que exige trabajos preparatorios y debates previos entre agencias no gubernamentales, partidos políticos, académicos y expertos para llegar a decisiones finales.
El corolario final de las conversaciones es diseñar una enmarañada estructura de normas, reglas y leyes que evadan controles y regulaciones que puedan emitir futuros Parlamentos y gobiernos no afines a las medidas neoliberales que determinarían el accionar del mercado mundial.
Wikileaks, que logró obtener el núcleo original del texto, explica que a los signatarios (autoridades nacionales) se les exige total transparencia en cuanto a regulaciones y normativas que intenten aplicar, las que deberán divulgarlas con anterioridad para que las corporaciones y lobbies comerciales y financieros internacionales dispongan de tiempo prudencial para modificarlas, neutralizarlas, y hasta anularlas, si se ven afectados sus intereses.
Demanda, además, que los países participantes en el acuerdo, adopten medidas para que los gobiernos regionales, locales y organizaciones no gubernamentales en el territorio, cumplan estrictamente con lo pactado sin derecho a reclamaciones.
En las ocultas discusiones toman parte las grandes corporaciones financieras y comerciales integradas a Wall Street y la City de Londres, que tienen derecho y voz para imponer sus criterios.
Los países participantes en las tratativas son Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea en representación de los 28 integrantes de la Unión.
Coincidentemente, las naciones latinoamericanas y de otros continentes que se han integrado a las conversaciones, son más afines a las políticas de libre comercio auspiciadas por Washington, mientras han dejado fuera a Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, el Caribe, China, India, Sudáfrica, por citar algunos, que saldrán perjudicadas de aplicarse las medidas previstas.
Claro que esas naciones han sido marginadas porque, al no estar de acuerdo con cualquiera de los acápites negociados, harían públicas sus contradicciones, lo cual no convendría a los intereses de los poderosos.
Para que se tenga una idea de hasta donde llega la intención de conveniar a espaldas de partidos, organizaciones nacionales e intereses de los pueblos, el TISA estipula que el acuerdo continúe siendo secreto durante cinco años tras su entrada en vigencia, lo que aún no han aceptado varios de sus participantes los cuales insisten en discutirlo con los poderes públicos.
Mientras la mayoría de la prensa occidental no hace referencia al TISA, numerosos analistas, con la utilización de los medios alternativos, han advertido sobre las graves consecuencias económicas, financieras, políticas y sociales que llevará la posible sanción de ese acuerdo que englobaría a 800 millones de consumidores y al 68,2 % del comercio mundial.
Para la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, «las reglas centrales del acceso a los mercados diseñadas por el TISA, restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados, limitando el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos, franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, sin importar que sean propiedades nacionales o extranjeras».
Por eso, se hace necesario divulgar las consecuencias que conllevará para la mayoría de los países y pueblos del mundo la aprobación de ese tratado, cuyo objetivo es el de expandir aún más el poderoso control de las transnacionales financieras (con sedes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania) hacia otras naciones del orbe.