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20 de julio 2015.- El Gobierno británico endurece los requisitos para que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan ir a la huelga.
Los sindicatos denuncian al Ejecutivo de David Cameron por la falta de consenso y de diálogo y tildan estas medidas de maniobras de política conservadora.
Ir a la huelga en el Reino Unido se ha vuelto más difícil que nunca, y más aún si se trabaja en el sector público. El elemento principal en esta reforma afecta a la convocatoria de huelga.
Desde ahora, el 50% de los trabajadores y trabajadoras sindicados con derecho a voto debe votar y de esta votación, deberá salir un porcentaje superior al 40% para que la huelga sea legal. Este doble rasero afecta a los trabajadores de la educación, sanidad, energía, transporte y aduanas.
El documento del Ministerio también recoge la posibilidad de contratar personal externo para cubrir a los huelguistas y minimizar los efectos de la huelga, criminalizar los piquetes ilegales o que impidan trabajar a aquellos que no apoyan la huelga y reducir la financiación de los sindicatos.
Negarse a trabajar para conseguir mejores condiciones laborales ha sido la principal arma de los trabajadores durante siglos, sin embargo las nuevas propuestas del Gobierno de Cameron no solamente van a hacer la huelga una herramienta poco efectiva para mejorar estas condiciones, sino que además ayuda a dar una peor imagen de los huelguistas.
La oposición ha mostrado ya su malestar con la norma asegurando que se trata de un ataque contra los trabajadores y una maniobra política para restar poder a los sindicatos.