Marcos Ríos Guerra
Finalmente y tres días antes de la fecha límite de presentación de las fórmulas presidenciales con motivo de la contienda electoral de las elecciones primarias PASO (abiertas, simultáneas y obligatorias), la presidenta argentina Cristina Fernández resolvió -tal cual esperaban buena parte de los analistas políticos- su definitivo giro a la derecha para continuar con el proyecto de gobierno encolumnado con un sector de las corporaciones transnacionales encabezadas por los gigantes de los alimentos, el petróleo y los minerales: Monsanto, Chevron y Barrik Gold, junto con sus bancos, financieras, inmobiliarias y demás actividades monopólicas y oligopólicas destinadas a extraer las riquezas del territorio argentino, a cambio de sostener el gerenciamiento del gobierno amigo que les garantice sus ingresos.
De esta forma termina de consolidarse un nuevo bloque de poder que requiere de la formalidad de las elecciones democráticas para continuar los negocios de las principales empresas del planeta donde la Argentina es uno de los tantos territorios donde los centros de poder mundiales se abastecen de materias primas que no poseen en sus propios suelos. El gobierno de Cristina Fernández mantiene así su poder de gobierno fuera del gobierno de la mano de sus dos subgerentes, Daniel Scioli y Carlos Zannini, como garantes del pacto de poder realizado con los dueños del poder global que realmente gobierna el país.
Más allá de la fachada republicana y constitucional que se quiere mostrar mediante de las «instituciones democráticas» de los tres poderes del Estado, la población y sus riquezas serán gerenciadas por el mismo proyecto que en doce años de gobierno ha garantizado niveles más que aceptables de gobernabilidad y estabilzada política, económica y social para continuar con el saqueo de recursos naturales (500.000 millones), pago de deuda externa (200.000 millones) y fuga de capitales de manera legal (200.000 millones) e ilegal (100.000 millones) para conformar un extraordinario sistema de extracción de gananacias como nunca antes se había realizado en la Argentina desde cominezos del siglo XX.
El kirchnerismo se convierte así en el gobierno más entreguista de la historia argentina de los últimos 100 años bajo una fachada de legalidad y legitimidad amparada en la constitución y la leyes del sistema capitalista argentino que tras un fracasado intento de entrega total bajo el gobierno de Menem- Cavallo-De La Rua, encontró una gerencia eficaz con la tríada Duhalde-Kirchners-Scioli como proyecto de negocios en el cono sur del continente, en una reconfiguración de los mecanismos de saqueo luego del supuesto transpié del ALCA, que no era aceptable socialmente por amplios sectores de la población latinoamericana y que debió ser readaptado con gobiernos de cuño «populistas» que garantizaran las extraordinarias ganancias de las corporaciones.
El kirchnerismo y su nueva kirchnerburguesía dominarán la dimensión política del país durante al menos 20 años de gobierno formal con la anuencia de los poderes económicos que en otros países del continente (capitanías) mantienen a sus otros gerentes para así conformar un nuevo polo de extracción de recursos para sostener una nueva crisis del capitalismo financiero global en su cuarta revolución científico-tecnológica, que no garantiza un verdadero desarrollo humano y material de gran parte de los seres humanos.