Juan Eduardo Romero
El pasado 4 de mayo, se conmemoraron 53 años del Carupanazo, un movimiento cívico-militar que arroja un indicio sobre esa relación entre estos dos poderes, en el marco de nuestra historia de Venezuela. El año 1962, es un momento de gran calentamiento, en cuanto las movilizaciones de calle, la articulación de una respuesta armada a la naturaleza represiva y limitante, impuesta por el Pacto de Punto Fijo, que lleva al poder a Rómulo Betancourt y los intentos de terminar, por vía insurreccional con el modelo de conciliación de clases.
La estrategia de Betancourt, fue de provocación, en un intento de purgar las Fuerzas Armadas, que habían sido claves en el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958, tanto de resistencias de derecha, como de izquierdas. El Carupanazo, sí bien no definió claramente su contenido ideológico, si planteó la democratización de las Fuerzas Armadas y su vinculación con lo que hoy denominamos el poder popular. La presencia en los acontecimientos de civiles, ligados al partido Comunista de Venezuela (PCV) nos habla de los intentos de subvertir ese orden, que ya se dibujaba como limitante de una idea de democracia popular y revolucionaria. Los militares que intervinieron, fueron los integrantes de la guarnición de Carúpano, en el Estado Sucre, entre los que cabe nombrar al capitán de fragata Jesús Teodoro Molina Villegas, del batallón de Infantería de Marina No.3 y el mayor Pedro Vegas Castejón, del Destacamento No.72 de la Guardia Nacional, asimismo el Capitán Omar Echeverría; Capitán Victor Hugo Morales, Teniente de Fragata José Farías Abreu, Teniente Octavio Acosta Bello y el Teniente de Fragata Luís Delgado Delgado.
El movimiento, estaba debelado por el aparato e inteligencia de Betancourt y aun así, se decidió avanzar en la acción insurgente. Lo mismo sucedería en el movimiento conocido como el Porteñazo, que se sucedería en Junio de ese año. Los sucesos de 1962 mostraban las resistencias que se sucedían, tanto en el campo civil como en el militar, ante la estrategia de Betancourt (y con él, los partidos firmantes del Pacto de Punto Fijo) de penetrar (y controlar) institucionalmente la naciente democracia, traicionando así las promesas de democratización y apertura participativa, que se habían hecho al producirse el derrocamiento de Pérez Jiménez.
El Carupanazo, sirvió de marco político para una decisión que favoreció las intenciones de control y dominación del proyecto Betancourt. La presencia de civiles relacionados con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), tales como Pedro Duno, Eloy Torres, José Vicente Abreu, Simón Sáez Mérida entre otros, permitió la emisión del Decreto 752, que ilegalizó a esos partidos, privándolos de su inmunidad y abriendo pasó a la encarcelación de algunos de sus dirigentes, limitando sus derechos. Esto es interesante, tomando en cuenta en perspectiva comparada los señalamientos que se hacen contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pues a pesar de las responsabilidades que las averiguaciones de los servicios de seguridad del estado han hecho, tanto de los acontecimientos de febrero de 2014, como de lo sucedido ( y develado) en enero-febrero de este año, las organizaciones políticas Voluntad Popular y Primero Justicia, no han sido ilegalizadas y el juicio que se sigue contra el máximo líder de Voluntad Popular, mantiene su curso, aunque con dificultades.
Este movimiento civil-militar, buscaba denunciar lo que acontecía en la Venezuela de 1962, en cuanto violación de los derechos humanos y restricciones políticas. En palabras del Capitán Molina: «Es necesario reconquistar la verdadera democracia, retornar al orden, que significa el polo opuesto, de la crítica situación política, económica y social que sufre el país, y ponerle fin a la persecución, a los encarcelamientos, a las muertes, los desaparecidos, a la tortura, que ha impuesto el régimen autoritario de Betancourt, que viene conduciendo a la nación al quebrantamiento de la paz y a la anarquía, entre todos los venezolanos.»
El llamado de los complotados en la insurrección, recuerda el llamado de dignidad del 4F, alertando sobre el deterioro de la situación democrática del país y convocando a los sectores populares a movilizarse: «Otra vez Venezuela vive, bajo el régimen de terror de Betancourt, la vieja división de los venezolanos en dos sectores: Los que tienen todas las garantías y los que no la poseen, la de perseguidos y perseguidores, de presos y carceleros. Se ha instaurado en el país el ventajismo político más descarado, que reduce los derechos inherentes a cada ciudadano, en un régimen democrático. Las Garantías Constitucionales, no funcionan en la realidad, funcionan para los grupos que son incondicionales en la desviación anti-democrática de este Gobierno»(Manifiesto de las Fuerzas Armadas al Pueblo y La Nación 4/05/1962). Es importante rememorar este acontecimiento, pues en el discurso político de los sectores opuestos al proyecto bolivariano, se invisibilizan las contradicciones inherentes al modelo de conciliación de élites, que caracterizó la democracia venezolana en el periodo 1958-1998, señalando que en ese período no existió violencia institucional por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado. Hoy a 63 años de esa acción insurgente, se hace más que nunca, necesario retomar el debate sobre nuestro pasado histórico reciente.
Historiador/politólogo