El Ciudadano
En el estancamiento que vive la economía sudamericana, y que influye sobre la evolución de cada uno de sus países integrantes, tiene gran incidencia lo que acontece en Brasil, cuyos niveles de actividad en el año en curso, de acuerdo a las encuestas de expectativas elaboradas por su banco central, experimentará una caída, después de un crecimiento prácticamente cero en 2014.
La situación brasileña se ve impactada también por el gigantesco escándalo que sacude a su mayor empresa, Petrobras, que según la investigación efectuada por el fiscal general, Rodrigo Janot, tiene una arista política, ya que numerosos parlamentarios figuran entre sus beneficiarios, incluyendo a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos militantes del partido del Movimiento Democrático Brasileño, y a un expresidente de la República, Fernando Collor de Melo. El fraude es por US$3.800 millones en una operación que partía con sobreprecios establecidos por empresas constructoras y petrolíferos, seguía después con blanquear los dineros mal habidos para finalmente remesarlos al exterior, destinando un porcentaje a distribuir entre políticos conocedores o cómplices del escándalo.
En la contracción económica latinoamericana, y en particular de América del Sur, influye fuertemente el estancamiento en que entró la economía de Brasil, el mayor país de la región, el año 2013, cuando creció en promedio anual un 2.4%, para luego en 2014 hacerlo escasamente en 0,05%. Al comenzar marzo las encuestas de expectativas de su Banco Central estimaron para 2015 una caída de 0,58%, su resultado más negativo en el último cuarto de siglo. En 1990 experimentó una caída de 4,35% y en el globalmente 2009 recesivo su descenso fue de 0,32%. Fue la novena semana consecutiva en que los encuestados redujeron su proyección, en lo cual influyó la dura sequía que afecta a numerosos Estados. Dilma Rousseff señaló que la situación está potenciada negativamente por una “grave crisis alimenticia”, que tiene impacto inflacionario (10/03/15). La inversión registraba al comenzar 2015 una caída interanual de 8%.
Brasil: PIB 2009-2015
(Fuente: Bloomberg. En porcentajes. 2014 estimación)
| Año | % | Año | % | Año | % |
| 2009 | – 0,32 | 2012 | 1,03 | 2014 | 0,05 |
| 2010 | 7,59 | 2013 | 2,49 | 2015 (*) | -0,58 |
| 2011 | 2,76 |
(*) Estimación encuesta Banco Central
En dos años el real se ha devaluado significativamente lo cual favorece el resultado comercial, pero a la vez incrementa el endeudamiento en moneda local sobre el exterior, influido por la crisis. Al comenzar marzo el real se ubicó sobre tres unidades por dólar. El día 9 llegó a 3,12 reales, su nivel más bajo desde agosto de 2004. A pesar de ello el déficit comercial en febrero alcanzó a US$2.800 millones, el peor desempeño mensual desde 1980. En 2014 su saldo negativo fue de US$4.000 millones, el primero desde el año 2000. De otra parte, “el extenso escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras –constató The Economist- ha entrampado a varias de las principales firmas de construcción del país y ha paralizado el gasto de capital en sectores de la economía (…)” (04/03/15).
El FMI estimó que en 2015 América Latina crecería apenas un 1,3%. Este porcentaje, señaló Alejandro Werner, director del Fondo para la región, “es bastante bajo. Veníamos de niveles del 4%. Es el reflejo –afirmó- del ajuste de América Latina a la caída del precio de los commodities, los minerales y productos agropecuarios, (…) del efecto negativo de la caída del petróleo (…). El crecimiento de EEUU –previó- va a traer beneficios a las economías más vinculadas a ellos: México, Centroamérica, Caribe. Hay una rotación geográfica: menor crecimiento en Sudamérica y mayor en Centroamérica” (y México) (05/13/15). En este cuadro de América del Sur incide mucho lo que acontece en Brasil.
Para enfrentar la situación, la presidenta Dilma Rousseff nominó ministro de Hacienda a un banquero formado en Chicago, Joaquim Levy, que propicia una política económica diferente a la seguida por Brasil en su primera administración y a la prometida en la campaña electoral. Su plan en ejecución incluye durante 2015 un ajuste fiscal equivalente a un 2% del producto, lo cual necesariamente tiende a contraer más la economía. Sus primeras medidas, para cumplir con este objetivo, fueron poner fin al subsidio a la electricidad y volver a imponer un impuesto a los combustibles. Estas decisiones puestas en prácticas en un momento de devaluación del real, que aumenta el costo en moneda local de las importaciones, empujó al alza la inflación, alcanzando en febrero a un 7% en cifras anualizadas. Ante este incremento de los precios, el Banco Central, actuando sobre la demanda interna, aumento su tasa de interés referencial a 12,75%, pero ello repercute también negativamente sobre la actividad económica. Fue su nivel más elevado desde 2009, completando desde el año 2013 incrementos en trece oportunidades. La encuesta de expectativas del Banco Central estimó el promedio de la inflación anual en un 7,5%.
La menor actividad económica repercute negativamente en los planes de reducir el déficit fiscal, que en 2014 se duplicó alcanzando al 6.75% del PIB. Ajustes fiscales como los propuestos, en el contexto de la actividad económica global existente, que reduce las posibilidades favorables al comercio exterior originadas en el curso devaluatorio del tipo de cambio, conducen a consecuencias conocidas. En un escenario no absolutamente igual, porque su banco central tiene una política monetaria expansiva, reproduce las consecuencias de los esquemas de austeridad fiscal impuestos a varios países de la zona euro, que mantiene a esta región ante el fenómeno calificado por el FMI como de “estancamiento secular”, que ya afectó a la economía japonesa. “La recesión y la decreciente recaudación tributaria –comentó The Economist- pone en duda el ajuste de Levy”. Desde luego que estas políticas despiertan críticas abierta al interior del PT y en amplios sectores de la población.
A fines de febrero, la agencia de calificación de riesgos Moody’s rebajó en dos puntos su nota, colocando sus acciones al nivel de “no seguras para la inversión” (04/03/15). Ello en un momento de una cotización del petróleo muy inferior a la que tenía a mediados de 2014 y con una investigación por corrupción de fuerte repercusión. Luego de la determinación de Moody’s, Petrobras, la mayor empresa pública de América Latina comunicó su decisión de vender activos por US$13.878 millones durante 2015 y 2016. El objetivo es disminuir su deuda líquida que alcanzaba en ese momento a casi US$90.000 millones. De otra parte, sus planes son deshacerse también de infraestructuras y negocios no directamente vinculados con el petróleo.
En la situación brasileña influyen poderosamente los escándalos de Petrobras, que se cifran en US$3.800 millones. Los nombres de quienes participaron y lucraron con el escándalo fueron proporcionados por participantes en el fraude durante la investigación al fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, quien ha asegurado que “quien tenga que pagar va a pagar” (04/03/15). El exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, a cambio de una rebaja en su condena entregó los nombres de quienes más se habían beneficiado. Otro tanto hizo Arturo Youssef que actuaba de intermediario. Igualmente hubo empresarios que proporcionaron antecedentes a cambio de penas menores. De sus informaciones surge el listado de implicados.
El fiscal remitió al Tribunal Superior de Justicia su listado, producto de 26 denuncias contra 54 personas a los que acusó de participar en los sobornos efectuados. La mayoría de ellos políticos y expolíticos. Petrobras es la empresa que más invierte en Brasil y construye o invierte desde carreteras a plantas petrolíferas. Para avanzar en la investigación se requería que el Tribunal autorizace juzgar a parlamentarios, la cual fue concedida, afectando a 22 diputados de un total de 513 y a doce diputados de 81. Los fiscales aseguran que los hechos son demostrativos de que poderosas empresas constructoras y petroleras sobornaban y a políticos y ejecutivos de Petrobras para que se suscribiesen contratos con sobreprecios. La denuncia de la Fiscalía General es que numerosos implicados percibían pagos incluso mensuales de empresarios. Estos recursos eran utilizados en campañas electorales. Se producen similitudes en procedimientos empleados en el país por grandes empresarios, incluyendo contar con testimonios de actores en el gigantesco fraude.
El esclarecimiento del escándalo se produjo a partir del descubrimiento en julio de 2013 de una organización destinada al lavado de dinero que actuaba desde Brasilia y Sao Paulo. Hubo numerosos detenidos, entre ellos Alberto Youseff, experto en lavado de dinero, y Paulo Roberto Costa, exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras. Los dos llegaron a un acuerdo con las autoridades de rebaja en sus condenas si revelaban el origen del dinero. Dieron a conocer la red constituida, entre 2004 y 2012 que de acuerdo a la Fiscalía que tomó a su cargo la investigación, desvió US$8.000 millones.
El procedimiento empleado se generó en licitaciones de obras realizadas por Petrobras. Antes de abrirse el concurso se las “adjudicaban” a 16 empresas de ingeniería y construcción, las cuales procedían a ampliar los presupuestos. De los dineros originados de esta manera un 3% se destinaba a políticos. Posteriormente, los recursos “ganados” se blanqueaban a través de diferentes negocios. Finalmente, a través de empresas de “fachada” y de cuentas bancarias se enviaban al exterior.
Según la versión de Costa los dineros eran entregados al tesorero del PT y a colectividades aliadas del gobierno, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP). Aseguró, al mismo tiempo, que en 2009 se efectuó un pago al presidente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Sergio Guerra, para detener una investigación en el Senado sobre Petrobras. Todas las personas mencionadas negaron las acusaciones. Sus partidos eran receptores de recursos, pero era el PP, un partido que se define de centroderecha, el que más implicado tiene en la lista, una treintena. Tres de sus cinco senadores y 18 de sus cuarenta diputados se encuentran implicados. El PT y el PMDB tienen ocho cada uno. El opositor PSDB aporta al senador António Anastasia, muy cercano al fallecido candidato presidencial Aécio Neves que fue derrotado estrechamente por Dilma Rousseff.
Después de una semana de nerviosa espera, el Tribunal Supremo dio a conocer la lista entregada por el fiscal Janot. De los 54 nombres que la constituyen 49 son políticos, muchos de ellos ocupando funciones actuales o en el pasado reciente. Entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros, ambos del PMBD que es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputados, después del PT. El Senado, poco antes de conocerse la lista de nombres rechazó una medida considerada fundamental en el ajuste fiscal que ponía fin a beneficios de sectores del empresariado. Hay igualmente exministros, exgobernadores y hasta un expresidente de la República, Fernando Collor de Melo, que ocupó ese cargo entre 1990 y 1992 cuando renunció para evitar una acusación parlamentaria precisamente por corrupción.