A pocas horas del paro de los gremios de transporte y la CGT opositora que tiene el impuesto a las Ganancias que recae sobre los trabajadores como motivo central, el gobierno volvió a defender la aplicación del mismo. Acá, los principales hechos que desmienten la posición oficial.
1. “Es un impuesto a los altos ingresos”. Esto sostuvo ayer el ministro de Economía Axel Kicillof. En declaraciones radiales, sostuvo que “apunta a los ingresos más altos de la escala y eso está bien dirigido hoy”. Aunque cobrar $ 15.000 es un “privilegio” en la Argentina actual, ya que según el Indec más de la mitad de los ocupados reciben un ingreso mensual igual o menor a $ 5.500, se trata de un ingreso que está apenas un poco por encima de una canasta de consumo familiar. Según la Comisión técnica de ATE-Indec, integrada por quienes fueron desplazados por la intervención del organismo que ya lleva 8 años, la Canasta Mínima de Bienes y Servicios fue de $ 12.800 pesos para febrero. Es decir que el ingreso que tributa ganancias está $ 2.200 pesos por arriba de la canasta básica. Sólo el fuerte atraso del conjunto de los salarios, que después de 10 años de fuerte crecimiento están de conjunto en niveles inferiores a los de 2001, puede este nivel de ingresos aparecer como merecedor de pagar “ganancias”.
2. «Es un impuesto que hay que defender porque es progresivo”. Es bastante absurdo discutir si tal o cual impuesto es progresivo, sin discutir de conjunto la estructura impositiva. Pero si hiciéramos el esfuerzo de tomar por bueno el argumento del gobierno, un primer análisis nos mostraría que durante la última década viene creciendo proporcionalmente más el peso que tiene el impuesto los que están ubicados en los escalones más bajos entre los que deben pagarlo. Hace 10 años la inmensa mayoría estaba incluida en la escala más baja, del 9%. Pero como nunca se actualizaron las escalas de la famosa tablita de Machinea implementada en 1999, muchos asalariados fueron subiendo en escala del impuesto como resultado de sus aumentos nominales de salarios, a pesar de que el salario real alcanzado por el impuesto, descontando el efecto de la inflación, no subía. Si las escalas se hubieran ajustado por inflación, casi todos tributarían el 9%. Aunque el impuesto sigue arrancando hoy con una tasa de 9% para los menores salarios dentro de los alcanzados por el impuesto, más de la mitad de los empleados alcanzados por Ganancias, paga tasas de 23% o más, y una parte importante dentro de estos, afronta tasas de entre 31 y 35%, las mismas que paga una gran empresa o una persona rica. Pagan más aunque el poder adquisitivo de sus ingresos, deduciendo la inflación, no haya crecido o lo haya hecho muy poco. Mientras tanto, como hemos denunciado en varias oportunidades desde La Izquierda Diario, el selecto club de los más ricos paga por sus ganancias una tasa que equivale a apenas el 17,7% de las mismas, es decir, una tasa inferior a la que se aplica a más de la mitad de los alcanzados por el impuesto a las ganancias. Para hablar de progresividad en serio, habría que empezar por modificaciones más sustantivas en el régimen impositivo, y no concentrarse en cobrar más sobre aumentos salariales que apenas si llegan a empatarle a la inflación. Un primer paso es terminar con este impuesto al salario, y aumentar los gravámenes a las ganancias de los más ricos, a las grandes fortunas.
3. “Sólo pagan 950 mil trabajadores”. Lo dijo el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, quien estimó que se trata sólo del 8% de la población activa. Las estimaciones de algunos gremios ubican la cifra en hay 1,5 millones de jubilados y trabajadores en relación de dependencia y casi medio millón de autónomos.
4. “Cada vez que usted levanta el mínimo no imponible, genera un nuevo conflicto para los que están por ingresar al trabajo registrado”. El inefable Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pretendió con estas declaraciones realizadas ayer vincular el impuesto a las Ganancias a la regularización de trabajadores que están “en negro”. Curiosa relación la presentada por el funcionario. ¿Será acaso un reconocimiento de que el Estado es uno de los mayores empleadores ilegales, y que si pierde fondos seguirá siéndolo? No puede comprenderse de otro modo esta curiosa afirmación del funcionario. Sin embargo, la experiencia de los últimos años muestra que el gobierno no gasta justamente en mejorar la situación laboral. La mayor parte de los ingresos fiscales que se niegan a resignar, van destinados a subsidiar a empresarios y a pagarle a los acreedores de la deuda pública usuraria.
Por si esto fuera poco, agreguemos que el impuesto a las ganancias podría llevarse hasta el 30% del aumento salarial negociado en paritaria. Esto significa que con paritarias que negocien aumentos del 30%, sin actualización del mínimo no imponible de Ganancias y de las escalas sobre las que se aplican las alícuotas, muchos trabajadores verán cómo una tercera parte del incremento salarial irá a manos de la AFIP. El aumento salarial efectivo no llegaría a 20%. Como la inflación acumulada desde 2014 fue de 37%, esto significa que se acentúa la pérdida de los salarios respecto de la inflación. Si ya de por sí el hipotético aumento de 30% deja un poder adquisitivo deteriorado respecto de 2014, el impuesto al salario no hace más que empeorar las cosas.
Como se ve, no hay ropaje “progresista” para sostener el impuesto al salario.